La Cámara Federal de Casación Penal rechazó el recurso extraordinario con el que la diputada y su pareja buscaban ingresar al expediente y presentarse con defensa. La investigación gira en torno a la filtración de audios atribuidos a funcionarios nacionales.
La Cámara Federal de Casación Penal rechazó el planteo de la diputada nacional Marcela Pagano y su pareja Franco Bindi, quienes intentaban ser incorporados como imputados para acceder al contenido de la causa.
La decisión fue adoptada por la Sala III del tribunal, integrada por los jueces Carlos Mahiques, Mariano Hernán Borinsky y Guillermo Jorge Yacobucci, quienes denegaron el recurso extraordinario federal presentado por ambos. De este modo, quedó firme el rechazo a su pretensión de intervenir en el expediente con asistencia letrada, al no estar formalmente imputados.
El planteo de Pagano y Bindi apuntaba a revertir decisiones previas que les habían negado tanto el acceso a las actuaciones como la posibilidad de ejercer una defensa técnica dentro del proceso. Sin embargo, Casación convalidó los criterios de las instancias inferiores y ratificó que, por el momento, permanecerán fuera de la causa.
La investigación se originó el 1 de septiembre de 2025 a partir de una denuncia del Ministerio de Seguridad de la Nación. Allí se advirtió sobre la existencia de audios ilegales que habrían sido grabados en ámbitos sensibles del poder político, como la Secretaría General de la Presidencia —a cargo de Karina Milei— y el Congreso Nacional, con menciones vinculadas a Martín Menem.
Según la denuncia, los hechos incluyen la producción, manipulación y difusión sistemática de grabaciones atribuidas a funcionarios y exfuncionarios del Poder Ejecutivo. Para los investigadores,esas conductas podrían encuadrarse en una violación a la Ley de Inteligencia Nacional.
En ese marco, se analiza si existió un esquema orientado a impactar en la opinión pública mediante la circulación de esos audios, con el objetivo de generar alarma, desinformar y eventualmente incidir en el escenario político y económico, en un contexto atravesado por el proceso electoral legislativo de 2025.
