Obtuvo dictamen en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales y quedó en condiciones de ser debatido en el recinto. La iniciativa, impulsada por Carolina Losada, busca endurecer las sanciones y dar respuesta a víctimas que denuncian haber visto sus vidas atravesadas por acusaciones infundadas.
Hay historias que no llegan a sentencia, pero igual condenan. Personas que, de un día para el otro, pasan de una vida ordenada a un expediente judicial, a una sospecha que se instala, a vínculos que se rompen. Aunque el proceso termine, aunque la verdad emerja, algo queda dañado para siempre.
Con ese trasfondo -hecho de relatos que mezclan dolor, impotencia y una larga espera- el Senado dio un paso clave en el tratamiento del proyecto de ley que apunta a sancionar las falsas denuncias. La iniciativa de la senadora Carolina Losada obtuvo dictamen favorable en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, un avance que la deja a las puertas de su debate en el recinto.
El impulso no es casual: llegó apenas un día después de la Séptima Jornada en Contra de las Falsas Denuncias, donde las voces de quienes atravesaron estas situaciones dejaron de ser estadísticas para convertirse en testimonios concretos, con nombres propios.
“Primer paso cumplido, ahora vamos por la media sanción y esperamos que pronto sea ley”, afirmó Losada tras la firma del dictamen. Y agregó: “Las víctimas de falsas denuncias tienen rostro, nombre, apellido, vidas y trayectorias que fueron arruinadas por la crueldad ajena”.
Un vacío legal que busca ser saldado
Actualmente, las sanciones previstas para este tipo de conductas son consideradas por distintos sectores como insuficientes o de escaso impacto disuasivo. En muchos casos, las consecuencias penales se limitan a multas o penas menores que rara vez se traducen en condenas efectivas.
El dictamen de la comisión que preside el salteño Gonzalo Guzmán Coraita propone modificar el Código Penal para introducir un régimen más claro y severo:
- Penas de uno a tres años de prisión para quien denuncie falsamente un delito ante la autoridad.
- Penas agravadas de tres a seis años cuando la denuncia falsa involucre delitos sensibles, como violencia de género, violencia familiar contra menores o delitos contra la integridad sexual.
El endurecimiento de las penas busca, según sus impulsores, desalentar el uso indebido del sistema judicial como herramienta de daño personal, pero también enviar un mensaje institucional: la denuncia es un derecho, pero no puede convertirse en un instrumento de persecución.
La clave: demostrar la intención de dañar
Uno de los puntos centrales del proyecto -y también uno de los más delicados- es la exigencia de probar el dolo. Es decir, que la persona haya denunciado sabiendo que lo hacía falsamente y con la intención de perjudicar a otro.
Este requisito funciona como un resguardo para evitar efectos no deseados, especialmente en casos sensibles. La propia Losada buscó llevar tranquilidad: “Una absolución no dispara automáticamente ninguna acusación contra quien denunció; debe iniciarse un proceso independiente donde también rige la presunción de inocencia”.
La aclaración no es menor. En un contexto donde las denuncias -especialmente en materia de violencia de género- cumplen un rol fundamental para visibilizar situaciones de abuso, el equilibrio entre sancionar la mentira deliberada y no desalentar denuncias genuinas aparece como el principal desafío.
El impacto en la Justicia: recursos y prioridades
Otro de los argumentos que sostienen la iniciativa apunta al funcionamiento del sistema judicial. Según se expuso durante el debate en comisión, las falsas denuncias generan una sobrecarga en los tribunales, ocupando tiempo, recursos y estructuras que podrían destinarse a causas con víctimas reales.
“Desvían recursos del Estado que deberían ir a quienes realmente necesitan protección”, advirtió la senadora.
En ese sentido, el proyecto no solo se presenta como una herramienta punitiva, sino también como una medida de ordenamiento institucional, orientada a mejorar la eficacia del sistema judicial.
Entre el dolor y la expectativa
Detrás del avance legislativo hay historias concretas. Personas que perdieron trabajos, vínculos, reputación y años de vida en procesos judiciales que luego se revelaron infundados. Historias que, durante mucho tiempo, quedaron en los márgenes del debate público.
“Fueron años de espera”, sostuvo Losada. “Hoy volvemos a tener dictamen y no vamos a parar hasta que sea ley”.
Su mensaje final buscó interpelar directamente a quienes atravesaron estas situaciones: “Hoy estoy esperanzada y quiero que todos los que alguna vez se vieron afectados por una falsa denuncia -o apoyan esta causa por empatía- también lo estén. Hay luz al final del camino”.
Lo que viene
Con dictamen favorable, el proyecto queda ahora en condiciones de ser tratado en el recinto del Senado. De obtener media sanción, deberá pasar a la Cámara de Diputados para completar su recorrido legislativo.
El debate promete ser intenso. No sólo por las implicancias jurídicas de la reforma, sino por el delicado equilibrio que deberá lograr entre dos valores esenciales: proteger a las víctimas reales y sancionar con firmeza el uso malicioso de la denuncia.
En ese cruce -entre justicia, verdad y reparación- el Congreso se enfrenta a una discusión que excede lo técnico y se adentra, inevitablemente, en el terreno de lo humano.
