El máximo organismo judicial de Chubut resolvió auditar por 60 días al Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI), el área de apoyo de los juzgados de Familia. La drástica medida se toma en el contexto del conmocionante caso del niño de cuatro años fallecido bajo custodia de su madre, un hogar que previamente había sido evaluado por la Justicia.
A través del Acuerdo Plenario N° 5659/2026, los seis ministros del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la provincia del Chubut ordenaron por decisión unánime la intervención del Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) correspondiente a la Circunscripción Judicial N° II de Comodoro Rivadavia.
La intervención tendrá un plazo de 60 días y estará a cargo de la presidenta de la Cámara de Apelaciones local, la Dra. María Marta Nieto. Para llevar adelante esta tarea de superintendencia, la magistrada contará con la colaboración técnica de la licenciada Valentina Kresteff, coordinadora de los ETI, y la funcionaria del STJ, Gisela Ochoa. El objetivo dictado por la corte provincial es llevar a cabo una exhaustiva “auditoría y contralor” para asegurar el debido cumplimiento de las funciones encomendadas al organismo, debiendo elevarse un informe semanal detallando la evolución del área.
El trágico contexto: el caso Ángel
Si bien la resolución alude a modificaciones en el sistema de guardias de violencia familiar, los fundamentos del STJ hacen hincapié directo en “el lamentable acontecimiento acaecido en la ciudad de Comodoro Rivadavia en las últimas horas”. Esto remite ineludiblemente al trágico y mediático caso de Ángel López, un niño de 4 años que perdió la vida el pasado mes de abril.
El 5 de abril, Ángel fue trasladado de urgencia al Hospital Regional tras descompensarse en su casa, y falleció menos de 48 horas después. Los informes forenses detectaron lesiones en la zona craneal, lo que desencadenó una investigación por homicidio dudoso. Ante esto, su madre biológica, Mariela Altamirano, y la pareja de esta se ubican como los principales sospechosos, mientras que el padre del niño, Luis López, aseguró en declaraciones públicas que a su hijo “lo mataron”.
La intervención del organismo auxiliar de la justicia de familia cobra una dimensión crítica al observar los antecedentes del caso. Apenas dos meses antes de la muerte del menor, el 9 de febrero de 2026, Ángel estuvo presente en una audiencia ante el juez de Familia Pablo Pérez y la asesora de menores Verónica Roldán.
En aquel momento, en un contexto familiar signado por conflictos cruzados, el juzgado le consultó al niño sobre sus deseos. El menor manifestó con dificultad que quería seguir viviendo con su madre y que no quería ver a su padre. Debido a que el padre biológico acumulaba al menos tres denuncias por conductas violentas y antecedentes de darle cerveza al niño en la vía pública, el juez de Familia ratificó la guarda a favor de la progenitora buscando priorizar el “interés superior del menor”.
El fatal desenlace posterior, donde el niño presuntamente perdió la vida a manos de quienes obtuvieron su guarda legal, puso de inmediato bajo la lupa el accionar de los juzgados de Familia y sus organismos de apoyo interdisciplinario, derivando en esta fuerte intervención auditora ordenada por el Superior Tribunal.
