Los ministros de la Corte Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti desplegaron gestiones directas ante consejeros para sostener su proyecto de reforma, en medio de resistencias y con Horacio Rosatti jugando como articulador.
En medio de un debate cada vez más tenso dentro del Consejo de la Magistratura, los ministros de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, comenzaron una serie de reuniones con consejeros de las comisiones de Reglamentación y Selección con un objetivo claro: defender el nuevo reglamento para la designación de jueces y promover su aprobación.
La estrategia no es menor. Según reconstruyen distintas fuentes, ambos jueces del máximo tribunal convocaron a los integrantes de esas comisiones a encuentros en la Corte para explicar en detalle los alcances del proyecto y tratar de evitar que su texto sea modificado.
El movimiento se da en paralelo a un escenario adverso: dentro del Consejo crece la resistencia a aprobar la iniciativa “a libro cerrado”, como pretenden sus impulsores, y se impone la idea de elaborar una versión consensuada que incorpore otras propuestas ya existentes.
La Corte, en modo lobby institucional
El proyecto -formalizado a través de la Acordada 4/2026- apunta a introducir cambios estructurales en el sistema de concursos, con el objetivo de reducir la discrecionalidad en la selección de magistrados y limitar el peso de las entrevistas personales en la definición de ternas.
Pero más allá del contenido técnico, lo que hoy está en juego es el control del proceso: mientras la Corte busca imprimirle velocidad y preservar su diseño original, el Consejo reivindica su autonomía para reformar sus propias reglas.
En ese marco, la avanzada de Rosenkrantz y Lorenzetti -que incluye reuniones cara a cara con consejeros- fue leída dentro del organismo como una forma de presión institucional para acelerar el tratamiento y condicionar el resultado. En ese sentido, fuentes consultadas por Quorum afimaron: “Todo muy lindo pero las reuniones deberían haber sido antes, al menos con los presidentes de las comisiones involucradas. Pero no, se optó por hacer una puesta en escena donde nos enrostraban lo que supuestamente se hace mal y nos daban órdenes”.
El respaldo académico
En paralelo a las gestiones políticas, el proyecto comenzó a sumar apoyos en el ámbito académico. Distintas universidades y espacios vinculados a la formación jurídica manifestaron su aval a la iniciativa impulsada desde la Corte, destacando la necesidad de fortalecer criterios objetivos en la selección de magistrados y de mejorar la transparencia del sistema de concursos.
Según señalaron fuentes cercanas al proceso, ese respaldo académico fue utilizado como uno de los argumentos en las reuniones con consejeros, en un intento de dotar al proyecto de mayor legitimidad técnica y alejarlo de la disputa estrictamente política.
El apoyo universitario introduce un nuevo actor en la discusión y refuerza la idea de que la reforma no sólo impacta en la dinámica institucional, sino también en el modelo de formación y evaluación de quienes aspiran a integrar el Poder Judicial.
La jugada de Rosatti
El tablero terminó de reconfigurarse con la aparición de Horacio Rosatti, presidente de la Corte y del propio Consejo, quien decidió intervenir directamente en la discusión.
Su presencia en una reunión conjunta de las comisiones -de la que no forma parte- fue interpretada como un gesto político de alto impacto. Allí llamó a construir consensos y a enriquecer el proyecto con aportes de distintos sectores.
La escena no fue casual. Rosatti buscó correrse de la lógica de confrontación y posicionarse como articulador de un acuerdo posible, en un contexto donde incluso dentro de la Corte no hay una alineación total.
De hecho, no firmó el proyecto impulsado por sus colegas, en parte por su doble rol institucional, lo que refuerza su perfil de árbitro en la disputa.
Un Consejo que resiste
La reacción del Consejo fue inmediata. Varios consejeros dejaron en claro que no están dispuestos a convalidar la iniciativa sin debate. “No voy a firmar nada a libro cerrado”, advirtió el presidente de la Comisión de Reglamentación, Alberto Lugones, marcando el tono de la discusión. Pero no fue el único que sintió la movida de Rosenkrantz y Lorenzetti como una intromisión.
La decisión fue avanzar en un proceso más amplio: escuchar a organizaciones, especialistas y revisar el proyecto junto con otras iniciativas ya presentadas.
Así, lo que en un principio parecía un trámite rápido se transformó en una negociación compleja, con múltiples actores y tensiones cruzadas.
Disputa de poder y modelo de justicia
Detrás del debate técnico subyace una discusión más profunda: quién define las reglas de acceso a la magistratura.
Para Rosenkrantz y Lorenzetti, el sistema actual permite márgenes de discrecionalidad que deben ser corregidos. Para sectores del Consejo, en cambio, el proyecto de la Corte implica una injerencia indebida sobre competencias propias del organismo.
En ese punto, las reuniones impulsadas por los ministros adquieren otra dimensión: no sólo buscan explicar un reglamento, sino también inclinar la balanza en una disputa institucional que redefine el equilibrio entre la Corte y el Consejo.
El desenlace, por ahora, sigue abierto. Pero algo ya quedó claro: la reforma de los concursos dejó de ser un tema técnico para convertirse en uno de los capítulos más sensibles de la política judicial actual.
