El ex juez penal de Santa Fe, Santiago Banegas, renunció a su cargo en diciembre de 2024 tras denunciar presiones y aprietes. En una entrevista con Quorum, habla de jueces que evitan absolver en causas de abuso intrafamiliar por temor a represalias, de fallos condicionados por organizaciones feministas y el poder político, y de expedientes donde -según sostiene- se termina condenando aun cuando la prueba es débil o directamente inexistente.
Siete padres rosarinos que no se conocían entre sí pero que habían atravesado historias casi idénticas, terminaron por encender una alarma en la Justicia de Santa Fe. Todos habían sido denunciados por abuso sexual contra sus hijos. Y todos habían sido sobreseídos o absueltos. En cada uno de los casos aparecían informes psicológicos con patrones similares: mismos conceptos, mismas conclusiones y hasta párrafos idénticos.
La sospecha derivó en una denuncia penal contra tres psicólogas, a quienes acusan de haber elaborado informes falsos con los que sostuvieron esas acusaciones y derivaron en la interrupción del vínculo con sus hijos. La presentación, que investiga la fiscal Guillermina Aiello, habla de una posible red y plantea delitos como asociación ilícita, falso testimonio agravado y corrupción de menores.
El caso de Rosario puso bajo la lupa el rol de los peritos en causas de abuso y abrió una discusión más amplia sobre cómo se construyen esas investigaciones. “Los jueces tienen terror de resolver”, dispara Santiago Banegas, ex juez penal de Reconquista, en una entrevista con Quorum.
Banegas ejerció durante más de seis años hasta que a fines de 2024 se cansó y decidió renunciar a su cargo tras sufrir presiones y aprietes. Según advierte, las falsas denuncias no se investigan en Santa Fe y casi todos los casos terminan en condenas.
“Si hay duda, te condenan”
“En todas las causas que involucran cuestiones de género o abuso sexual, los jueces tienen miedo de absolver. Lo dicen ellos mismos. Muchos trabajan a conciencia; pero otros, lamentablemente, prefieren condenar y evitar problemas”, sostiene. Y va más allá: “En muchísimo casos, si hay duda, te condenan igual, solo que a una pena menor; como si eso fuera justicia”.
“Acá no hemos tenido un caso así de expuesto”, dice sobre la denuncia contra las tres psicólogas de Rosario, pero enseguida agrega: “Hay algunos psicólogos que sólo buscan confirmar lo que dice el denunciante y después declaran en juicio como si hubieran hecho una pericia, cuando su intervención fue meramente clínica o terapéutica. Eso pasa en toda la región centro norte, pero muy pocos se animan a exponerlo”.
El ex juez, quien cuenta con más de 17 años de trayectoria en el Poder Judicial de Santa Fe, donde además trabajó como secretario penal y prosecretario en la Fiscalía Especial de Homicidios, entiende que el punto de quiebre en la provincia se dio con el caso del juez Rodolfo Mingarini, quien fue destituido en el mes de mayo de 2022 tras una resolución en la que había cuestionado la consistencia del relato de una denunciante. “Lo tergiversaron, dijeron que liberó a un violador por usar preservativo. A partir de ahí, ningún juez más se animó a tomar una decisión similar”, sostiene Banegas.
En ese contexto, describe un sistema atravesado por presiones políticas y mediáticas. “Cuando un juez no condena, lo exponen, lo atacan y hasta corre riesgo de que le inicien un jury. De hecho, es lo que ocurrió pocos días atrás con quienes absolvieron a un docente santafesino acusado de abuso”, advierte.
El ex magistrado cita una frase que, según asegura, escuchó de un juez de instancia superior: “El 99% de los que llegan a juicio son culpables. ¿Y el 1% restante? Se lo condena igual”.
“Las absoluciones no existen”
Para Banegas ese esquema genera un fenómeno más profundo en la provincia: en ciertos delitos no hay absoluciones. “En el centro norte de Santa Fe no hay absoluciones en casos de abuso sexual. No existen. Y si hay alguna, la cámara la revoca”, cuenta a este medio.
Sobre las falsas denuncias asegura que “muchas de ellas no son difíciles de detectar”. “Lo que pasa es que no se investigan”, responde. Y cuenta un caso en el que intervino: “El propio niño, en Cámara Gesell, decía ‘preguntale a mi mamá, que ella es la que sabe. No, mi mamá te puede contar mejor porque esa parte no me la acuerdo’. Obviamente, no puedo sostener que se trataba de una falsa denuncia, pero como tribunal concluimos unánimemente que había indicios claros de que el relato podría encontrarse influenciado por adultos, y por eso absolvimos. Así y todo, el acusado terminó condenado en segunda instancia”.
En la charla, el ex magistrado asegura que este tipo de situaciones se repiten y que, en muchos casos, los imputados, pese a saberse inocentes, optan por aceptar una condena en juicio abreviado para evitar una pena más alta. “Te ponen a elegir entre 20 años o tres. Sabés que si vas a juicio te condenan igual. Entonces firmás”, explica.
Sobre los aprietes sufridos en el pasado cuenta que “un fiscal regional” le dijo que “había hablado con el poder político y que me preparara porque me iban a echar”.
Pese a la dureza de sus críticas, Banegas busca aclarar su posición. “Yo condené en 24 de 26 casos de abuso sexual. Y siempre impuse penas muy altas. No soy defensor de violadores. Sólo me rehusé siempre a condenar a personas posiblemente inocentes”, subraya. Pero insiste en que el problema es otro: “Cuando el sistema deja de distinguir entre culpables e inocentes, deja de ser justicia”.
Para el ex magistrado, la discusión sobre las falsas denuncias no puede quedar en el plano teórico: “Podés hacer leyes, pero si el sistema no las aplica, no sirven para nada. Hoy, casi cualquier denuncia sostenida en el tiempo termina en condena”. Una realidad que, según advierte, termina dejando consecuencias difíciles de revertir.
