La Cámara Federal de Casación Penal advirtió que el municipio habría realizado modificaciones sin autorización ni control técnico en el inmueble que funcionó como vacunatorio durante la pandemia. La decisión se suma a la investigación por el hallazgo de vacunas, residuos patológicos y documentación oficial abandonada.
En las últimas horas, la Cámara Federal de Casación Penal dispuso que se investiguen las presuntas obras realizadas por el Municipio de Pilar sobre el predio que funcionó como vacunatorio durante la pandemia por COVID 19.
Dos meses atrás, el equipo periodístico del programa La Cornisa recorrió el predio donde funcionó un vacunatorio durante la pandemia ubicado en el kilómetro 46 de la Panamericana en el partido de Pilar. Allí encontraron jeringas sin usar, ampollas y vacunas sin aplicar, cajas con material de cadena de frío, tubos de oxígeno, residuos patológicos, delantales, barbijos y planillas con datos personales de personas vacunadas, entre otros elementos. También estaban tirados miles de registros de conducir emitidos durante la pandemia y hasta diciembre del 2023, además de una máquina de contar billetes y elementos tecnológicos como computadoras destruidas.
El predio habia funcionado como un gran centro vacunatorio (y luego dependencias municipales). El 13 de marzo de 2025 la Justicia ordenó restituir el inmueble a su propietario original, Mateo Corvo Dolcet, un abogado que había sido investigado y acusado por lavar dinero de un cartel colombiano de narcos.
Tras la difusión del informe del canal LN+, el ministro Carlos Bianco de la provincia de Buenos Aires, alegó que el desalojo judicial había sido intempestivo y que, por esa razón, el gobierno provincial no había podido retirar las miles de vacunas abandonadas.
La documentación judicial demostró que la provincia y el municipio de Pilar estaban enterados de la situación y nada hicieron al respecto.
Por esa razón, la Justicia de Garantías ordenó allanar el lugar a pedido del juez Ariel Lijo para secuestrar el material patológico y derivarlo a un hospital público, además de abrir investigaciones sobre las responsabilidades del municipio y el uso del predio que había sido expropiado por un proyecto realizado por el ex ministro de Transporte de la provincia, Jorge D’Onofrio.
El propio ex funcionario declaró en sede judicial afirmando que el proyecto había sido una idea del intendente de Pilar, Federico Achaval. Todos los senadores provinciales votaron a favor con la excepción del representante del Partido Obrero.
La Cámara de Casación aseguró, en las últimas horas, que el estado municipal incumplió las condiciones impuestas, alteró el inmueble, realizó obras sin autorización ni control técnico y retuvo el inmueble
Las autoridades provinciales se desligaron del tema y ahora hablan de falta de información que no fue suministrada, en su momento, por sus pares del municipio de Pilar. La situación del municipio de Pilar quedó bajo la mirada judicial.
