El Consejo, presidido por Horacio Rosatti, elaboró un balance de lo realizado con su actual composición desde abril de 2022: cuatro jueces federales perdieron su cargo, otro renunció antes del jury, uno se mantuvo en el puesto y otros tres recibieron sanciones.
El primero en caer fue Walter Bento, ex juez federal de Mendoza, el 8 de noviembre de 2023. El Jurado le reprochó mal desempeño: maniobras para interferir en la investigación penal en su contra, irregularidades patrimoniales y en sus declaraciones juradas, y haberse anotado en un concurso estando procesado. Bento fue condenado además en juicio oral a 18 años de prisión por asociación ilícita, cohecho pasivo y enriquecimiento ilícito, entre otros delitos.
Más de dos años después, el 18 de diciembre de 2025, perdió el cargo Martín Poderti, ex integrante del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata. La causa venía de su etapa como secretario judicial: no custodió como debía una caja de seguridad judicial de la que desaparecieron 144 monedas de oro. Para el Jurado, eso comprometía su idoneidad para ser juez.
El 18 de agosto deeste año fue destituido Alfredo López, ex titular del Juzgado Federal Nº 4 de Mar del Plata, por publicar de forma reiterada mensajes antisemitas y discriminatorios en redes sociales. El Jurado los calificó como una falta ética grave, incompatible con la función judicial.
El último caso es el de Salmain, ex titular del Juzgado Federal Nº 1 de Rosario. Cuando concursó para ser magistrado, ocultó sus antecedentes, entre ellos que lo habían cesanteado del Poder Judicial, algo que ocurrió por intentar manipular causas. El Jurado entendió que la omisión fue consciente y quebró la confianza pública que exige el cargo. Al perder los fueros, Salmain quedó detenido por orden de la Justicia de Rosario, que lo investiga por el supuesto cobro de coimas para dictar fallos.
La renuncia que evitó el jury
Marcelo Bailaque, ex titular del Juzgado Federal Nº 4 de Rosario, renunció el 1 de julio de 2025, cuando se iniciaba el juicio de remoción. Con esa decisión, el procedimiento terminó sin sentencia del Jurado. El Poder Ejecutivo aceptó la dimisión mediante el Decreto 443/2025, firmado el 30 de junio y con efectos desde el día siguiente. Se lo acusaba por casos de corrupción, connivencia con el narcotraficante Lindor Alvarado y lavado de activos. Bailaque actualmente está con prisión preventiva domiciliaria, con tobillera electrónica.
Juzgado pero no destituido
Pablo Díaz Lacava, juez del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Pampa, fue suspendido y enviado al jury por una causa en la que se lo acusaba de ejercer supuesta “violencia y acoso laboral”. El Jurado no encontró pruebas para destituirlo.
Multas y un apercibimiento
Por fuera de los juicios de remoción, el Consejo sancionó a cuatro jueces entre 2023 y 2024: tres con multas sobre sus haberes y uno con un apercibimiento.
Las sanciones más tempranas alcanzaron a Javier Anzoátegui y Luis María Rizzi, del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 8 de la Capital Federal. El 4 de octubre de 2023, cada uno fue multado con el 50% de sus haberes por las expresiones ofensivas, revictimizantes y discriminatorias que incluyeron en una sentencia por abuso sexual. El Consejo consideró que afectaban el decoro de la función judicial y los derechos humanos, y los instó a capacitarse en perspectiva de género.
El 29 de mayo de 2024, Alberto Calandrino, titular del Juzgado Nacional del Trabajo Nº 35, recibió el apercibimiento por demorar sin justificación la tramitación de expedientes, lo que el Consejo consideró un incumplimiento de sus deberes.
Poco después, el 10 de julio de 2024, Miguel Ángel Guerrero, titular del Juzgado Federal de Eldorado, Misiones, fue multado con el 30% de sus haberes por maltratar y hostigar a empleados y funcionarios, con episodios de violencia de género contra empleadas y funcionarias.
Falta resolver un caso más: el 19 de agosto último, la Comisión de Disciplina propuso multar con el 35% de sus haberes a Carlos Hugo Goggi, titular del Juzgado Nacional en lo Civil Nº 91, quien declaró de oficio la inconstitucionalidad de la Ley de Honorarios Profesionales de Abogados. Los letrados denunciaron que el juez atentaba contra el carácter alimentario de sus ingresos profesionales. La decisión final corresponderá al Plenario.
