AMJA, INECIP y ACIJ advirtieron sobre discrecionalidad, vacancias y retrocesos en género, mientras el Consejo defendió avances y expuso sus propias tensiones internas con respecto al proyecto de la Corte.
En una jornada de múltiples reuniones en el Consejo de la Magistratura, la reunión conjunta de las comisiones de Selección y Reglamentación del Consejo de la Magistratura abrió el debate sobre el nuevo esquema de designación de magistrados impulsado por la Corte Suprema a través de la acordada 4/2026.
La reunión tuvo como eje la exposición de representantes de la sociedad civil, quienes plantearon objeciones estructurales al modelo propuesto, en un cruce que dejó al descubierto tensiones persistentes: género versus mérito, discrecionalidad versus transparencia y reformas parciales versus cambios de raíz.
Perspectiva de género: una alerta por retrocesos
La jueza Nieves Macchiavelli, en representación de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (AMJA), puso el foco en uno de los puntos más sensibles del proyecto: la eliminación de la categoría de género en los procesos de selección.
“La discusión de suprimir o mantener la cláusula de mujeres no debe plantearse en términos de mérito versus género. La condición de mujer es una categoría jurídica, no una ideología”, sostuvo.
Macchiavelli advirtió que el nuevo reglamento propuesto por la Corte elimina esa variable y que ello “no tiene un impacto neutro”, sino que podría profundizar desigualdades preexistentes en el acceso a cargos judiciales.
Críticas estructurales: discrecionalidad, vacancias y falta de equidad
Desde el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), Julián Alfie coincidió en la necesidad de reformar el sistema, pero cuestionó que el proyecto de la Corte no resuelve los problemas de fondo.
“Hay altos márgenes de discrecionalidad que permiten sospechas de factores no objetivos. Los concursos son largos, generan vacancias extensas y un interinato permanente. Y persiste la falta de perspectiva de género: el 70% de los cargos son ocupados por varones”, señaló.
Alfie identificó como núcleo del problema el diseño mismo del sistema: los concursos se abren una vez producida la vacante y los actores conocen de antemano el cargo en disputa, lo que -según planteó- condiciona todo el proceso.
Transparencia y reglas claras: el planteo de ACIJ
En línea con los cuestionamientos, Clara Lucarella, de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), delineó los principios que -a su criterio- deberían orientar cualquier reforma:
- garantizar la idoneidad mediante evaluaciones justas,
- reducir la discrecionalidad en las distintas etapas,
- ampliar el acceso a la información en todo el proceso.
Su intervención reforzó la idea de que la legitimidad del sistema no depende sólo del resultado final, sino de la calidad institucional del procedimiento.
La respuesta del Consejo: entre defensa institucional y diferencias internas
Las exposiciones generaron respuestas inmediatas por parte de los consejeros, que defendieron el trabajo realizado y marcaron matices sobre el rumbo de la reforma.
La consejera Jimena de la Torre adoptó una posición clara a favor de aprobar la acordada sin modificaciones. Si bien reconoció la existencia de desigualdades, cuestionó el enfoque de los cupos.
“Como mujer no soy amiga de los cupos. El problema es estructural: las mujeres no se inscriben porque saben que pierden en antecedentes. En lugar de sumar puntos por tareas de cuidado, hay que revisar el sistema desde el inicio”, afirmó.
En ese sentido, propuso reducir el peso de los antecedentes en un 30% como mecanismo para generar condiciones más equitativas desde la base del proceso.
Por su parte, la consejera Agustina Díaz Cordero buscó despejar críticas vinculadas a la falta de transparencia y a la ausencia de mujeres en ternas recientes.
“Las ternas actuales provienen de concursos anteriores a la aplicación de la acordada de 2019. No es correcto evaluar el presente con esos datos”, explicó.
Además, defendió las políticas implementadas en los últimos años:
- concursos públicos con instancias abiertas,
- transmisión de entrevistas,
- publicación de postulantes y jurados,
- implementación de concursos anticipados desde 2024.
Según sostuvo, se trata de avances concretos en materia de transparencia como política pública del Consejo.
En la misma línea, la consejero Fernanda Vázquez enfatizó la lógica de construcción institucional basada en consensos.
“Las reformas no se imponen apretando un botón. Se construyen con acuerdos entre los distintos estamentos”, señaló.
Vázquez introdujo además otra preocupación: la baja participación de abogados de la matrícula en los concursos, un factor que -según advirtió- impacta directamente en la calidad del sistema judicial.
Un debate abierto: entre reforma técnica y redefinición del sistema
La discusión dejó en evidencia que el proyecto de la Corte Suprema no sólo abre un debate técnico sobre reglamentos, sino que reactiva una pregunta más profunda: qué modelo de justicia se busca construir.
Mientras la sociedad civil reclama cambios estructurales -menos discrecionalidad, más transparencia y mayor equidad-, dentro del Consejo conviven posturas que van desde la aprobación sin cambios hasta la revisión de aspectos puntuales. El desafío, una vez más, no será sólo normativo. Será político e institucional: lograr que la selección de jueces combine legitimidad, eficiencia y confianza pública en un sistema que, según coinciden todos los actores, arrastra déficits históricos.
