Los abogados de los imputados pasan al ataque y reclaman que se investigue a los empleados del juzgado de Bonadio, al personal penitenciario que trasladó a los detenidos y que se profundice la “pista Eskenazi”.
Al término de la declaración de hoy del ex Secretario de Transportes Juan Pablo Schiavi ante el TOCF 7, varios defensores se sumaron a un bloque de pedidos probatorios orientados a documentar lo que describen como irregularidades graves en la instrucción conducida por el juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli.
El primero fue Carlos Beraldi, defensor de Cristina Fernández de Kirchner, quien sobre la base de casi treinta declaraciones con datos que calificó de “precisos y concordantes”, pidió identificar a quienes ejecutaban los traslados de los imputados y citar a los escribanos ante quienes se labraron declaraciones rectificatorias de lo que se había sostenido en instrucción. Concretamente: reclamar que si hay escribanos ante quienes los arrepentidos dejaron sentado que fueron objeto de presiones para admitir pagos de sobornos y que aún no se conocen, que se presenten en el expediente y aporten las pruebas.
El abogado Enrique Arce, defensor del empresario Mario Rovella fue más lejos: pidió que se determinara si Bonadio solicitó cupo en el Servicio Penitenciario Federal (SPF) antes de tomar las indagatorias, lo que implicaría que las detenciones estaban resueltas de antemano.
Juan Manuel Ubeira, defensor del ex titular del ente Binacional Yacyretá, Oscar Thomas —quien estuvo siete meses preso— reclamó la nómina del personal de las secretarías de Bonadio y Stornelli, bajo el argumento de que los empleados fueron testigos de modificaciones en las declaraciones, de las denunciadas “indagatorias grupales” y de presuntas irregularidades que tuvieron que presenciar.
Aníbal Ibarra, defensor de Daniel Álvarez, ex secretario de Néstor Kirchner, aportó un caso puntual: su defendido denunció que le fabricaron una foto simulando que lo estaban deteniendo en ese momento, para que circulara en la prensa, cuando en realidad ya llevaba horas preso. “La foto salió en los medios al día siguiente”, remató Ibarra.
Los abogados también quieren que se investigue por qué el financista Ernesto Clarens sacó del pago de sobornos al grupo Petersen e incluyó a las empresas de Cristóbal López. El empresario fue contundente en su declaración de la semana pasada: Bonadio tenía una amistad e intereses en común con la familia Eskenazi y por eso Clarens tuvo que cambiar su declaración, si no quería ir preso.
