Un nuevo momento de tensión se vivió en la audiencia en la que declaró Diego Cabot, a quien se lo interrogó sobre sus fuentes. Se negó a responder, los abogados de los imputados denunciaron que se viola el derecho de la defensa en juicio y, tras un cuarto intermedio, el TOCF 7 respaldó la postura del periodista.
Tras el interrogatorio de la querella, Diego Cabot se sometió a las preguntas de los defensores de los imputados. El primero de ellos fue Rafael Llorens, ex subsecretario de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Planificación Federal, quien se representa a sí mismo y se mostró interesado en saber por qué los cuadernos fueron entregados al fiscal Carlos Stornelli sin someter la denuncia al sorteo de práctica en la Cámara Federal.
El periodista respondió que en los escritos se mencionaba a muchos ex funcionarios que estaban siendo investigados en la causa “Gas licuado”, instruida por ese fiscal, a quien Cabot conocía por haberlo consultado sobre una cuestión académica. “Me comuniqué con él, nos encontramos en un bar de Núñez, le expliqué someramente de qué se trataba, me sugirió radicar una denuncia penal, le consulté si él podía tomar esa denuncia, dijo que sí y avanzamos”, resumió.
La tensión llegó al momento de escuchar las preguntas de Elizabeth Gómez Alcorta, defensora de Roberto Baratta, ex Subsecretario de Obras Públicas. La letrada consultó con qué empresarios se reunió el testigo, a quiénes sondeó, para averiguar si el contenido de las anotaciones de Centeno eran veraces.
Cabot se negó a responder amparándose en el artículo 43 de la Constitución, que protege a las fuentes periodísticas de información. La defensora insistió en que se obstaculizaba el derecho de defensa impidiendo hacer preguntas “que de ningún modo ponen en riesgo las fuentes del señor Cabot”.
Derecho de defensa vs. protección de las fuentes.
La discusión subió de tomo al extremo que el tribunal le solicitó a Cabot que abandonara la sala mientras se discutía la violación de algún precepto constitucional a raíz del modo en que se estaba conduciendo el interrogatorio. Todos los defensores respaldaron a Gómez Alcorta, lamentaron que no se pudiera consultar más profundamente al testigo y recordaron que “ya se nos había impedido contrastar la prueba con los imputados colaboradores y ahora nos pasa esto, estamos prácticamente maniatados”, sostuvieron.
Tras un cuarto intermedio de más de una hora, el TOCF 7 resolvió respaldar el derecho del periodista de proteger a sus fuentes y les planteó a los defensores que formularan sus cuestionarios en orden a no exigirle a Cabot ninguna información sobre los funcionarios o empresarios con los que pudiera haber hablado.
La defensora de Baratta, reanudada la audiencia, obtuvo algunas precisiones: el periodista admitió que no se hicieron fotocopias certificadas de los cuadernos “porque hubiese sido involucrar a más personas y era lo contrario de lo que queríamos”, reconoció que estuvo en la casa del fiscal Stornelli aunque olvidó la fecha, reconoció que nunca le había consultado a Bacigaluppo si había manipulado los cuadernos de su amigo Centeno y explicó que en su libro sobre la causa se tomó “todas las licencias literarias posibles” por lo que algunas de sus declaraciones judiciales podían discrepar de ese texto “que no fue puramente periodístico”.
Valeria Onetto, defensora de los empresarios Angel Calcaterra, Héctor Sánchez Caballero y Santiago Altieri mostró un singular interés por los estacionamientos de los edificios de Puerto Madero recorridos por Cabot para constatar si en determinadas direcciones estaban radicadas las empresas según las anotaciones de Centeno.
El interrogatorio del defensor Zenón Ceballos, representante de Enrique Wagner, ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, osciló entre lo incomprensible, al extremo de que el presidente del tribunal le pidió reiteradamente aclaraciones sobre hacia dónde iba su cuestionario y lo ofensivo, como cuando calificó a Cabot y sus dos colaboradores en esta investigación como “grupo de tareas”, con lo que se ganó la enésima advertencia del juez Enrique Méndez Signori.
Laura Fechino, abogada del ex asesor del Ministerio de Planificación, Héctor Gómez, quiso saber si Cabot le temía a algún empresario y por qué. “Miedo les tengo a todos, permanentemente tengo temor de que a la vuelta de la esquina haya una emboscada, pedí ayuda a la justicia por ese motivo pero no obtuve respuesta”, respondió. Consultado acerca de por qué si corría peligro se negó a aceptar una custodia policial, el testigo explicó que “no estaba dispuesto a que mis hijos estuvieran con custodia por culpa del trabajo de su padre”.
Los jueces Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli juzgan una supuesta trama de corrupción entre empresarios y funcionarios, en la que los primeros habrían recibido sobornos de los segundos a cambio de concesiones de obra pública en construcción, transporte y energía.
