La inauguración de las Charlas Federales Quorum 2026 tuvo como eje central la Ley de Modernización Laboral y la histórica implementación del Fuero Laboral en la ciudad de Buenos Aires, un proceso que busca consolidar la autonomía porteña.
Este miércoles, el Salón Dorado de la Legislatura porteña fue escenario de la apertura de las Charlas Federales Quorum 2026, el ciclo organizado por el medio especializado en temas judiciales del Grupo El Observador.
La apertura del encuentro estuvo a cargo de la diputada de la Ciudad Gimena Villafruela, vicepresidenta segunda de la Comisión de Justicia, quien dio la bienvenida destacando que el evento convocaba a debatir un “hito histórico” para la ciudad de Buenos Aires: la implementación del Fuero Laboral y la puesta en vigencia de su Código Procesal.
Según la legisladora, este paso resulta fundamental para consolidar la autonomía porteña y brindar un marco jurídico ágil, transparente y adaptado a las nuevas dinámicas de trabajo, algo que consideró vital para que el sector privado pueda crecer y generar empleo.
El panel, moderado por la periodista Romina Manguel, contó con la participación de figuras clave del ámbito judicial y político: el ministro de Justicia de la Ciudad, Gabino Tapia; la jueza del Tribunal Superior de Justicia porteño, Marcela De Langhe; la presidenta electa del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, Alejandra García; y el ex ministro de Trabajo de la Nación, Jorge Triaca.
Una deuda constitucional
Uno de los ejes centrales del debate fue la autonomía plena de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, descripta por Alejandra García como una deuda pendiente desde la reforma constitucional de 1994.
En esa línea, Marcela De Langhe remarcó que la falta de transferencia de la justicia nacional a la órbita local constituye una “inconstitucionalidad por omisión” y consideró que la actual coyuntura -impulsada por fallos clave de la Corte Suprema como el caso Levinas- representa un “punto de no retorno”.
Basándose en sus 30 años de experiencia rindiendo concursos para cargos en la provincia, la nación y la ciudad, De Langhe marca un fuerte contraste entre los distintos Consejos de la Magistratura. Destaca que en la Ciudad el proceso de designación es transparente y directo: se establece un listado por orden de mérito, se realiza la audiencia y se designa.
En cambio, a nivel nacional, señala que el envío de ternas permite que el candidato que quedó en el puesto dieciocho termine siendo elegido en primer lugar, y expone cómo las vacantes judiciales quedan paralizadas por negociaciones políticas.
Su mayor frustración, es que la designación de un juez civil ordinario -aquel que va a resolver los problemas cotidianos de los porteños, como un divorcio- termina siendo negociada en el Senado por actores de otras provincias.
Según explica De Langhe, los senadores traban o negocian los votos para nombrar a un juez porteño no por cuestiones vinculadas al servicio de justicia local, sino para utilizar esa designación como moneda de cambio y conseguir mayor presupuesto o participación para sus propias provincias.
Para la jueza, este escenario absurdo -donde la justicia de los habitantes de la Ciudad es rehén de las disputas provinciales en el Senado de la Nación- es el argumento definitivo que “cerraría el tema de por qué la jurisdicción autónoma en la Ciudad de Buenos Aires” resulta indispensable.
Una decisión política y su impacto en la matriz productiva
Por su parte, el ministro Gabino Tapia explicó que la decisión de comenzar el reclamo de las transferencias de competencias judiciales por el fuero laboral se debió, fundamentalmente, a que este fuero impacta y afecta de forma directa en la matriz productiva de la Ciudad de Buenos Aires. Según argumentó a partir de su experiencia profesional, garantizar una justicia del trabajo previsible es indispensable tanto para proteger al trabajador como para dar seguridad al empleador.
Además, Tapia fundamentó esta prioridad señalando que la Ciudad es uno de los distritos que registra mayor cantidad de conflictos laborales en todo el país. Ante esta realidad, resultaba urgente dejar atrás el modelo de la justicia nacional -que no administraban jueces locales- y brindarle a los porteños un servicio de administración de justicia rápido, efectivo, ágil y cercano.
Esta decisión estratégica se enmarca en el eje institucional prioritario de la gestión del jefe de Gobierno, Jorge Macri, centrado en consolidar la autonomía plena de la Ciudad desde el primer día. Tapia relató que la preparación comenzó en diciembre de 2023 y que, a pesar de que al principio había mucha incredulidad incluso dentro de su propio equipo, resolvieron avanzar con la redacción del código de procedimiento local y las modificaciones normativas necesarias. Además, aclaró que el fuero del trabajo fue solamente el punto de partida elegido, pero que la firme decisión del gobierno porteño es continuar trabajando para lograr la transferencia del resto de las competencias judiciales pendientes.
En tanto, Jorge Triaca aportó datos alarmantes para contextualizar esta urgencia: hace quince años que no se crea empleo nuevo en el sector privado en Argentina y un trabajador puede llegar a esperar hasta seis años y medio para que se resuelva una demanda de carácter alimentario. Por ello, sostuvo que dotar a la Ciudad de un sistema judicial previsible y veloz es imperativo tanto para brindar seguridad a los empleadores como para proteger los derechos de los trabajadores.
Durante la charla, Triaca también profundizó sobre el impacto directo de la Ley de Modernización Laboral. Según explicó, la normativa es “bastante clara y precisa” y, aunque reconoció que en una primera etapa probablemente se produzca un aumento de la litigiosidad a raíz de planteos de inconstitucionalidad, consideró que luego los niveles tenderán a estabilizarse a la baja.
A su entender, esto ocurrirá porque la nueva legislación reduce el margen para las históricas “demandas infladas”, sustentadas muchas veces en multas e indemnizaciones previstas en la ley de empleo que terminaban funcionando como herramientas de presión para forzar acuerdos.
Triaca también advirtió que la modernización laboral no puede agotarse en una sola ley, sino que debe entenderse como un proceso dinámico y permanente. Señaló que el mundo del trabajo enfrentará nuevas “zonas grises” derivadas de la tecnología y que tanto el debate legislativo como el judicial deberán adaptarse a discusiones vinculadas al trabajo mediado por algoritmos, las plataformas digitales y los derechos de propiedad intelectual sobre el valor generado en entornos digitales.
Como cierre conceptual, sostuvo que todas estas reformas procesales y de fondo deben tener un impacto concreto en la vida cotidiana de las personas. Según afirmó, el objetivo último de modernizar la justicia laboral y las normativas vigentes es facilitar el desarrollo económico diario, generar oportunidades reales de empleo y permitir mayores posibilidades de realización personal para los ciudadanos.
Los desafíos prácticos: juzgados, tecnología y el rol de los abogados
Aunque hubo consenso sobre la necesidad de avanzar en la transferencia, las discusiones se concentraron en la forma de implementación. El debate dio lugar a intercambios intensos, conducidos con solvencia por Manguel, quien aportó no sólo su experiencia en la temática, sino también la capacidad de ordenar las distintas posiciones cuando el intercambio se tensaba e imprimirle dinamismo al panel con preguntas incisivas en los momentos justos.
Durante su participación, Alejandra García, en su rol de presidenta electa del Colegio Público de la Abogacía, articuló una férrea defensa de los profesionales del derecho frente a los desafíos de la transición judicial.
García enfatizó que “los abogados y abogadas somos parte del sistema de justicia, un engranaje más” y recordó que, al ejercer la profesión, ellos también son trabajadores. Por esta razón, elevó un reclamo gremial directo para exigir tener una participación activa y voz en todas las mesas de debate donde se discuta la implementación del nuevo fuero laboral, la creación de juzgados o las reformas al Código Procesal.
La abogada, además, se opuso tajantemente a que la ley permita abonar los honorarios de los profesionales en cuotas. Defendió que los abogados viven de su ejercicio profesional y, en consecuencia, el cobro de esos honorarios reviste un “carácter alimentario” ineludible.
Advirtió que los diez juzgados laborales previstos inicialmente serán insuficientes para absorber el volumen de litigios que actualmente tramita el fuero. También denunció que muchos abogados quedaron atrapados en medio de la “resistencia” de las cámaras nacionales, al punto de sufrir sanciones por acatar directivas emanadas del Tribunal Superior de Justicia porteño.
Además, puso el foco en las dificultades tecnológicas que atraviesan diariamente los profesionales, obligados a trabajar simultáneamente con dos sistemas incompatibles: el Lex100 de la Nación y el portal del litigante de la Ciudad.
Hacia un nuevo Código Procesal: conciliación y modernización
Para hacer frente a un volumen proyectado de al menos 40.000 causas anuales, Tapia adelantó que se está trabajando en una nueva forma de gestión a través de “Oficinas de Gestión Judicial”.
Estas dependencias buscan estandarizar los procesos y administrar el trabajo para agrupar las tareas de varios jueces, desligándolos de las cargas administrativas para que puedan concentrarse de lleno en dictar sus resoluciones jurisdiccionales.
En cuanto a la normativa, la jueza De Langhe enfatizó la necesidad de reformar el Código Procesal Laboral para garantizar de forma estricta la transparencia y la oralidad. Una de las propuestas más fuertes es la inclusión de nuevas instancias de conciliación obligatoria con la presencia física ineludible del juez, como en la audiencia de alegatos finales, para evitar que las partes negocien a distancia sobre la base de cálculos especulativos y sin un compromiso real de resolución.
El objetivo final es alcanzar una democratización del servicio mediante la total digitalización de los expedientes y la videograbación de las audiencias.
El encuentro concluyó con un llamado general al diálogo permanente entre el Poder Ejecutivo, el Legislativo, los abogados y los actores judiciales. Como resumió el ministro Tapia, toda transformación profunda genera resistencias lógicas, pero es necesario trabajar con “templanza y serenidad”.
Al escuchar esa afirmación, De Langhe no pudo evitar hacer un comentario sobre la cantidad de causas que debe resolver el Tribunal Superior de Justicia en materia laboral, en el marco de una dinámica que atravesó toda la charla y que, por momentos, sonó a pase de facturas por no haber podido participar de la redacción del actual Código de Procedimiento laboral.
Durante el panel, los intercambios entre la jueza y el ministro reflejaron una dinámica de trabajo conjunto marcada por el respeto mutuo, el debate técnico y algunos contrapuntos amistosos sobre la implementación de la autonomía judicial.
De Langhe complementó la exposición inicial del ministro señalando que, en materia del nuevo fuero laboral, la Ciudad “hizo mucho más de lo que dijo Gabino”. La jueza destacó que los concursos para los nuevos cargos ya están casi terminados, y aclaró que Tapia no lo había mencionado porque esa tarea corresponde al Consejo de la Magistratura y no a su ministerio.
También recordó, frente al propio ministro, que había cuestionado el plan inicial de implementar el código local para que conviviera simultáneamente con la justicia nacional, una idea que consideraba inviable. “Yo fui crítica en esto. Y lo sabe, por eso lo digo”, afirmó.
Más adelante, Tapia pareció recoger el guante de esas observaciones al admitir, con humor, que a los “diez gatos locos” que redactaron el Código de Procedimiento se les “escaparon” algunas cuestiones, y celebró que ahora se abra un debate amplio con todos los actores para perfeccionarlo teniendo en cuenta el acuerdo de transferencia de competencias laborales a la Ciudad.
En otro tramo del debate, el ministro se dirigió directamente a la jueza para anticiparle una noticia de relevancia institucional: el Gobierno porteño ya avanza en un cuarto convenio para completar la transferencia total de las competencias penales a la Ciudad.
Para finalizar, Tapia convocó a todos los presentes a trabajar en la construcción del mejor fuero laboral del país, acercando finalmente la justicia a los ciudadanos.
