El máximo tribunal penal rechazó un planteo de la defensa del magistrado y confirmó que las camaristas Elida Vidal y Silvina María Andalaf Casiello seguirán interviniendo en la causa por presunto incumplimiento de deberes de funcionario público y abuso de autoridad.
La Cámara Federal de Casación Penal confirmó que las juezas de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, Elida Isabel Vidal y Silvina María Andalaf Casiello, continuarán interviniendo en el expediente que investiga al juez federal Gastón Salmain por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad.
La decisión fue adoptada por los jueces Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, quienes declararon inadmisible el recurso presentado por la defensa de Salmain contra la resolución del Colegio de Revisión de Rosario que había rechazado tanto la recusación como las excusaciones planteadas en el expediente.
El planteo de la defensa apuntaba contra la intervención de las camaristas rosarinas luego de que ambas firmaran la Acordada 129/25, mediante la cual se remitió al Consejo de la Magistratura un informe sobre presuntas irregularidades detectadas en el juzgado a cargo de Salmain.
Según sostuvieron los abogados del magistrado, esa actuación había comprometido la imparcialidad de las juezas para seguir interviniendo en una investigación vinculada con el propio juez federal. Además, remarcaron que las magistradas se habían excusado inicialmente, aunque esa decisión luego fue rechazada por el Colegio de Revisión.
Sin embargo, la Casación sostuvo que ese tipo de resoluciones, en principio, no son susceptibles de impugnación ante esa instancia porque no encuadran dentro de las decisiones recurribles previstas en el artículo 356 del Código Procesal Penal Federal.
En esa línea, el tribunal recordó que el Colegio de Revisión de Rosario consideró que la acordada firmada por las camaristas constituyó “un acto administrativo de superintendencia” y no una denuncia formal en los términos previstos por la normativa procesal, por lo que no existía una causal objetiva de apartamiento.
Además, los jueces descartaron que estuviera acreditada una situación de enemistad manifiesta respecto de la jueza Andalaf Casiello, otro de los argumentos invocados por la defensa de Salmain.
Casación también entendió que la parte recurrente no logró demostrar la existencia de una cuestión federal suficiente que habilitara la intervención excepcional de ese tribunal como instancia revisora.
La acusación contra Salmain
Salmain fue designado juez federal en mayo de 2023, luego de haber quedado tercero en el concurso y de obtener el aval del Senado. Sin embargo, su nombramiento quedó bajo revisión esa misma semana, cuando el presidente de la Corte Suprema y del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, ordenó abrir un expediente interno para determinar si falseó su declaración jurada de antecedentes. La sospecha es que omitió mencionar que había sido cesanteado del Poder Judicial en 2003 por un intento de coima, un episodio que no figura en su legajo oficial.
La trayectoria de Salmain también generó resistencia en Rosario, donde organizaciones civiles cuestionaron que no tuviera vínculos con la ciudad y que hubiera representado a empresas en causas de importación antes de asumir como juez.
Su desembarco se tensó aún más cuando intentó retener expedientes vinculados al ex juez Marcelo Bailaque y al ex titular de ARCA Rosario, Carlos Vaudagna. Este último confesó en marzo de 2025 haber sido parte de una trama de extorsiones junto con el financista Fernando Whpei.
El conflicto escaló cuando todos los fiscales de esos expedientes lo recusaron de manera conjunta. La medida llegó después de que un segundo peritaje al teléfono de Vaudagna revelara una relación personal entre el magistrado y el ex funcionario, con llamados, supuestos favores e incluso encuentros en Rosario y Buenos Aires. La Cámara Federal lo apartó y rechazó cualquier intento de retomar esas causas.
En 2024, además, fue denunciado penalmente por el titular de la tabacalera Bronway, luego de ordenar a la AFIP que dejara de venderle estampillas fiscales.
En febrero del año pasado presentó un hábeas corpus al afirmar que estaba siendo seguido o vigilado, pero no aportó pruebas concluyentes. Planteó supuestos intentos de geolocalización, mensajes de phishing y un contacto a través de Telegram que mencionaba a su hijo. La presentación fue enviada directamente al Juzgado Federal N°3, lo que también generó cuestionamientos procesales.
