El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad (TSJ) aprobó una acordada que fija límites de páginas, formatos obligatorios y modelos estandarizados para recurrir ante el TSJ. El Colegio Público de la Abogacía advirtió que las nuevas reglas podrían afectar el acceso a la justicia y cuestionó la competencia del tribunal para imponerlas de manera unilateral.
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires quedó en el centro de una controversia institucional tras la publicación de la Acordada Reglamentaria N° 11/2026, una medida que introduce nuevos requisitos formales para la presentación de recursos ante el máximo tribunal porteño y que ya despertó el rechazo del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF).
El argumento del TSJ: más causas y necesidad de agilizar procesos
La decisión del TSJ se apoya en un diagnóstico concreto: el “incremento exponencial” de causas ingresadas durante el último año. Según explicó el tribunal, el fenómeno responde, entre otros factores, al impacto de la doctrina fijada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente “Levinas” y a la reciente sanción de la Ley 27.802.
Con el objetivo de agilizar la tramitación de expedientes, optimizar el trabajo interno y preparar el terreno para futuras herramientas de inteligencia artificial aplicadas a la gestión judicial, los jueces aprobaron formularios y modelos estandarizados para la interposición de recursos de inconstitucionalidad y quejas por denegación.
Entre las principales modificaciones, la acordada establece que los recursos de inconstitucionalidad no podrán superar las 40 páginas, mientras que las quejas tendrán un límite máximo de 10 páginas. Además, los escritos deberán presentarse en formato A4, con interlineado de 1,5 y tipografía no inferior a 12 puntos.
Un período de transición antes de la aplicación obligatoria
El TSJ intentó amortiguar el impacto de la medida con un período de transición: durante los primeros seis meses de vigencia, las pautas serán consideradas “meramente orientativas”. Sin embargo, una vez vencido ese plazo, el cumplimiento de los nuevos requisitos será obligatorio para todos los profesionales.
La acordada busca ordenar el flujo de expedientes y uniformar las presentaciones, en un escenario donde el tribunal viene absorbiendo un volumen creciente de causas y apelaciones.
La reacción de la abogacía
La respuesta del CPACF no tardó en llegar. A través de un comunicado institucional, la entidad expresó su “grave preocupación” por el alcance de la acordada y sostuvo que las nuevas exigencias “inciden de manera directa en el ejercicio profesional de abogados y abogadas”.
El principal foco de tensión gira en torno a las consecuencias que podrían derivarse del incumplimiento de estas nuevas formalidades. Según advirtió el Colegio, la acordada no precisa cuáles serán los efectos de eventuales defectos de presentación y, en ese contexto, alertó que ningún incumplimiento formal debería derivar en un “rechazo automático que afecte el acceso a la jurisdicción y la tutela judicial efectiva”.
El debate de fondo: formalidades versus acceso a la justicia
Pero las críticas no se limitaron al aspecto operativo. El CPACF también cuestionó la “dudosa competencia” del Tribunal para dictar este tipo de reglamentaciones de manera unilateral y reclamó que cualquier modificación que impacte directamente en el ejercicio profesional sea previamente discutida con la abogacía organizada.
“La participación de la abogacía en este tipo de debates no constituye una cuestión corporativa ni protocolar. Forma parte de una concepción republicana del funcionamiento judicial”, sostuvo la entidad.
El planteo se inscribe además en un contexto de creciente debate sobre los alcances regulatorios de los tribunales superiores y el delicado equilibrio entre eficiencia judicial y garantías procesales. Mientras el TSJ busca descomprimir el volumen de expedientes y modernizar sus mecanismos de trabajo, desde la abogacía temen que las nuevas barreras formales terminen restringiendo el acceso efectivo a la justicia.
Una pulseada institucional que recién empieza
Pese a la dureza de los cuestionamientos, el Colegio Público cerró su pronunciamiento con un tono conciliador y ratificó su disposición al diálogo institucional, ofreciendo su “experiencia técnica” para colaborar en la mejora de las regulaciones judiciales porteñas.
Con el período de gracia ya en marcha, la discusión promete escalar en los próximos meses y anticipa una nueva pulseada entre el máximo tribunal porteño y los representantes de la matrícula sobre cómo compatibilizar modernización, eficiencia y garantías en el sistema judicial de la Ciudad.
