La Sala I de la Cámara de Casación anuló el fallo que le otorgaba el caso por la manción de Pilar al Juzgado Federal de Campana. Ahora, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico deberá dictar un nuevo pronunciamiento para destrabar el conflicto de competencia.
Con los votos coincidentes de los camaristas Angela Ledesma y Javier Carbajo, dispuso que la Cámara en lo Penal Económico decidirá dónde se investigará si la casona pertenece a la sociedad Real Central de Luciano Pantano y su madre, o si se trata de testaferros de las más altas autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico es el órgano de alzada del juezgado 10 a cargo de Marcelo Aguinsky, que previno originalmente en los hechos y por lo tanto es la autoridad que debe resolver de forma definitiva el conflicto de competencia planteado con el juzgado federal de Campana, que no obstante seguirá interiniendo hasta que se defina la situación.
Pantano pidió que la causa fuera a Campana y el juez federal de San Martín, Alberto Lugones, resolvió durante la feria de enero pasado que así fuera, decidiendo en una disputa en la que no debió resolver según el voto de Angela Ledesma, quien sostuvo que “las cuestiones de competencia que se susciten entre jueces federales de primera instancia deben ser resueltas por la Cámara de Apelaciones de la que dependa el juez que hubiere prevenido en la causa”.
El camarista Javier Carbajo escribió: “La Cámara Federal de Apelaciones de San Martín no tenía jurisdicción para resolver el conflicto de competencia positivo entre el Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana y el Juzgado Nacional en lo Penal Económico 10”.
Curiosamente, la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico, que cuenta sólo con dos integrantes, devastada por las vacantes que fueron sumándose y aún no se completaron, tiene en estudio si ratifica o no los preocesamientos de Claudio Tapia, titular de la AFA, y Pablo Toviggino, tesorero de la entidad, por presunta retención indebida de aportes a la seguridad social.
La postura en disidencia
Por su parte, el juez Mariano H. Borinsky se pronunció en contra de enviar el expediente a otra Cámara de igual jerarquía porque atenta contra la economía y celeridad procesal y, además, en instancias previas el propio Ministerio Público Fiscal no se había opuesto a que el caso tramitara en Campana.
Sin embargo, para evitar un empate en la forma de integrar el tribunal Penal Económico y garantizar una resolución rápida, Borinsky terminó acompañando la propuesta de Carbajo para que interviniera un órgano colegiado con celeridad.
El origen de la denuncia
La investigación penal se inició el 1 de diciembre de 2025 a raíz de una denuncia presentada ante el juez federal Daniel Rafecas por Elisa Carrió y los dirigentes de la Coalición Cívica Facundo Del Gaiso y Matías Yofe, que apunta al presunto delito de lavado de activos mediante la adquisición de diversos bienes de alto valor.
Entre ellos se destaca la quinta ubicada en la localidad de Villa Rosa, partido de Pilar, que cuenta con un galpón repleto de vehículos de alta gama, caballos árabes, helipuerto y otros activos que, según los denunciantes, pertenecerían en realidad a Tapia y Toviggino.
En su momento, Rafecas allanó la propiedad y ordenó una tasación de todos los bienes, que arrojó una estimación de 20 millones de dólares. Durante el tiempo que actuó en la causa, el juez Aguinsky pudo determinar que Pantano usaba habitualmente una tarjeta corporativa de la AFA.
