La Cámara Federal de Casación Penal había fijado una pena de ocho años de prisión para Carlos Jacinto Gutiérrez, un ex policía que participó de la detención de uno de los sospechosos que años después terminó absuelto. El ex presidente Mauricio Macri fue secuestrado en agosto de 1991.
La noche del 24 de agosto de 1991, Mauricio Macri salía de su casa de Barrio Parque cuando un grupo armado lo interceptó, lo golpeó y lo subió por la fuerza a una camioneta. Horas después, terminaría encerrado dentro de un féretro improvisado en una vivienda de la avenida Juan de Garay, en el barrio porteño de Boedo.
Durante 14 días permaneció cautivo, encadenado, mientras su familia negociaba el pago de un rescate millonario.
El secuestro sacudió al país y puso bajo la lupa a la llamada “Banda de los Comisarios”, una estructura criminal integrada por policías y ex policías que durante aquellos años había convertido el secuestro extorsivo en un negocio clandestino.
Tiempo después la investigación judicial del caso terminó derivando en otro expediente igual de oscuro: el de las torturas denunciadas por uno de los presuntos miembros de la organización criminal.
Ese hombre era Juan Carlos Bayarri, un ex suboficial de la Policía Federal Argentina (PFA) que fue detenido pocos meses después del secuestro de Macri y señalado como integrante de la banda.
Bayarri siempre sostuvo que jamás participó del hecho y que fue secuestrado ilegalmente el 18 de noviembre de 1991 para obligarlo a confesar bajo torturas.
Según denunció, lo golpearon, lo sometieron a tormentos y lo forzaron a incriminarse en distintos secuestros extorsivos, incluido el del entonces empresario Mauricio Macri. Pasó diez años preso hasta que finalmente fue sobreseído.
Décadas más tarde, su denuncia terminaría llegando hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en 2008 condenó al Estado argentino por las torturas sufridas y por las graves irregularidades cometidas durante la investigación.
La causa penal por esos tormentos avanzó contra los ex policías federales Carlos Jacinto Gutiérrez y Carlos Alberto Sablich -ya fallecido-, además del ex secretario judicial Eduardo Albano Larrea.
En un primer juicio, el Tribunal Oral en lo Criminal N°19 los condenó a 16 años de prisión por privación ilegal de la libertad e imposición de torturas.
El expediente atravesó después múltiples revisiones judiciales. Hubo reducciones de pena, nuevas intervenciones de la Cámara de Casación y discusiones sobre el alcance de las condenas.
Finalmente, la Cámara Federal de Casación Penal fijó una pena de ocho años de prisión para Gutiérrez. La defensa recurrió entonces a la Corte Suprema argumentando arbitrariedad, violación del plazo razonable y afectación del derecho de defensa.
Pero este jueves los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron el recurso y dejaron firme la condena.
El año pasado, además, la propia Corte Suprema había ordenado investigar la actuación del entonces juez de la causa, Luis Zelaya, por no haber denunciado las torturas sufridas por Bayarri.
