Organizaciones de América y Europa difundieron un comunicado en defensa de la senadora nacional y cuestionaron la “judicialización de iniciativas parlamentarias”. El respaldo surgió después de las presentaciones judiciales contra Losada por impulsar un proyecto vinculado a falsas denuncias.
Los cuestionamientos contra la senadora nacional Carolina Losada por impulsar un proyecto para agravar las penas en casos de falsas denuncias terminaron generando otro efecto: en apenas cuatro días, la propuesta de la legisladora recibió el apoyo de más de 1.500 personas y organizaciones de 20 países que firmaron un petitorio internacional respaldando su lucha y cuestionaron la “judicialización” del debate parlamentario.
El apoyo fue impulsado por Unión LATAM – La Infancia Primero, que reunió adhesiones de legisladores, asociaciones civiles, observatorios y entidades vinculadas a temas de familia, infancia y garantías procesales de distintos países de América y Europa.
Según el comunicado difundido por la organización, el debate sobre el supuesto uso indebido del sistema judicial “no puede resolverse en juzgados penales ni mediante intentos de intimidación política, sino dentro del ámbito natural de una República democrática: el Congreso de la Nación”.
El documento también expresó preocupación frente a lo que definió como una “judicialización de iniciativas parlamentarias” y sostuvo que discutir reformas legales “no puede convertirse en motivo de persecución ideológica o disciplinamiento institucional”.
El proyecto impulsado por Losada plantea cambios en el Código Penal para sancionar con penas de entre uno y tres años de prisión a quienes realicen denuncias falsas de manera intencional. La propuesta también prevé castigos más severos -de tres a seis años- en casos vinculados a acusaciones por violencia de género o abuso sexual. Además, el texto establece que deberá acreditarse la existencia de dolo, es decir, que la denuncia haya sido presentada con conocimiento de su falsedad y con la finalidad deliberada de dañar a otra persona.
Las denuncias contra la senadora fueron impulsadas por referentes vinculados a organismos de derechos humanos y especialistas en temas de género, entre ellos el ex juez federal Carlos Rozanski, la periodista y psicóloga Liliana Hendel y la historiadora Dora Barrancos.
Los denunciantes cuestionaron el proyecto legislativo por considerar que podría desalentar denuncias de violencia de género y abuso sexual. En las presentaciones judiciales se mencionaron figuras como coacción, abuso de autoridad, violación de deberes de funcionario público y apología del crimen.
Las organizaciones que salieron en respaldo de la legisladora sostuvieron, en cambio, que la iniciativa busca abrir una discusión sobre “las consecuencias humanas, familiares y judiciales derivadas de denuncias falsas”, además de reforzar principios constitucionales vinculados al debido proceso y las garantías fundamentales.
“El Congreso debe seguir siendo el espacio donde incluso los temas más incómodos puedan debatirse con libertad, responsabilidad y valentía”, señala el texto difundido en apoyo a la senadora santafesina.
Entre las entidades firmantes aparecen Mesa de Unidad Nacional por la Verdad, Infancia y Familia, Agrupación por la Verdad Argentina, Observatorio de Falsas Denuncias y Asociación por los Derechos de los Niños, Abuelos y Padres, además del jurista Víctor Piccoli.
Desde Unión LATAM adelantaron además que trabajan en la organización de una futura cumbre regional de legisladores y organizaciones civiles para debatir el impacto de la “ideologización” sobre los sistemas judiciales de América Latina y promover mecanismos institucionales orientados a fortalecer la imparcialidad y la transparencia.
Finalmente, el comunicado concluyó: “Una democracia sólida necesita debates abiertos, sin miedo y sin persecuciones, especialmente cuando están en juego la verdad, la infancia, las familias y las garantías constitucionales”.
