El juez federal de Rosario Gastón Salmain se presentó en el Consejo de la Magistratura con dos valijas llenas de documentación y acompañado de sus abogados José Manuel Ubeira y Yamil Castro Bianchi. Durante más de dos horas defendió su actuación, cuestionó la investigación penal en su contra y negó haber cobrado sobornos para dictar un fallo vinculado a la compra de dólares oficiales durante el cepo. También justificó por qué no informó en su CV que había sido cesanteado del Poder Judicial en 2002.
Gastón Salmain llegó al Consejo de la Magistratura de la Nación con dos valijas azules repletas de documentación. Las apoyó a su derecha sobre la mesa ovalada donde declaró durante poco más de dos horas ante la Comisión de Acusación que analiza impulsar su juicio político.
El juez federal de Rosario estuvo acompañado por sus abogados José Manuel Ubeira -defensor de Cristina Kirchner en la causa por el intento de asesinato en su contra- y Yamil Castro Bianchi, quien en los últimos días también tuvo exposición mediática por representar a Miguel Ángel Migueles, el ex novio de Wanda Nara. Del otro lado escuchaban el presidente de la comisión, Alberto Maques; el senador Luis Juez y el diputado Gonzalo Roca, entre otros.
Salmain llegó al Consejo acorralado por dos acusaciones de enorme gravedad: haber omitido en su currículum que fue cesanteado del Poder Judicial en 2002 y estar procesado con prisión preventiva -aunque no detenido por sus fueros- por presuntamente haber dictado una medida cautelar a cambio de una coima de 200 mil dólares.
Desde el inicio de su exposición el magistrado buscó desacreditar la investigación penal en su contra. “La versión que tiene este consejo es la versión de un expediente penal plagado de irregularidades, lindante con lo ilícito, sumado a una campaña mediática de desprestigio”, sostuvo.
El principal eje de su defensa estuvo centrado en atacar el testimonio del financista Fernando Whpei, el arrepentido cuya declaración detonó la causa penal. Según la acusación, Whpei aseguró que Salmain autorizó en diciembre de 2023 una operación para comprar 10 millones de dólares al tipo de cambio oficial durante el cepo a cambio de una coima equivalente al 10 por ciento de la maniobra.
“Ni una sola prueba”
Salmain rechazó de plano esa versión. “El invento del mal llamado arrepentido no encuentra ni una prueba objetiva del expediente, ni una sola”, afirmó ante los consejeros.
En ese tramo repasó las pericias realizadas sobre teléfonos celulares y sostuvo que no existe ningún registro que lo vincule con la maniobra investigada. “En todo eso, que es todo lo que hay de los teléfonos, no hay ni una llamada, con nadie; ni una antena, no hay nada”, dijo.
También intentó desacreditar detalles del relato de Whpei sobre supuestas reuniones en su despacho. “Dijo que habló conmigo y puse la música fuerte de la computadora. No tengo música en la computadora, es imposible”, afirmó. Luego agregó: “Es imposible que una persona ingrese a verme a mí y no sea advertida por la gente, ni por la custodia, ni por prefectura”.
En otro tramo de su declaración Salmain se refirió a la medida cautelar cuestionada en la causa conocida como “Attila”, el expediente donde supuestamente se habría concretado el pago de la coima. Según el juez, la resolución no tuvo nada excepcional y fue confeccionada utilizando modelos previos del juzgado.
“La cautelar cuestionada es una copia de la cautelar sacada 15 días antes”, aseguró. Incluso mencionó supuestos errores del propio tribunal como argumento para descartar un trato preferencial hacia Whpei. “Tuvimos por vencido un plazo que no estaba vencido, error del juzgado. Otra prueba de que yo con el arrepentido no tenía nada en particular”, sostuvo.
Salmain también apuntó contra el fiscal federal Federico Reynares Solari, a quien acusó de haber ocultado pruebas antes de su declaración indagatoria. “El fiscal ocultó prueba fundamental previo a mi declaración indagatoria, por lo que se encuentra planteada la nulidad de todo lo actuado”, afirmó.
Hacia el final de su exposición elevó el tono y denunció “un esquema organizado de presión judicial, direccionamiento fiscal, supresión de prueba y utilización política del aparato persecutorio del estado”.
El magistrado además intentó defenderse de la otra acusación que enfrenta en el Consejo: haber omitido en su CV que había sido echado del Poder Judicial en 2002 tras un sumario administrativo originado por una denuncia vinculada al supuesto ofrecimiento de una coima para manipular un sorteo cuando trabajaba en la seguridad social.
Sobre ese punto sostuvo que “jamás” ocultó haber trabajado en el Poder Judicial, aunque argumentó que nadie le preguntó específicamente si había sido cesanteado. Durante el intercambio, el senador Luis Juez le preguntó cómo creía que la Comisión de Acuerdos del Senado hubiera evaluado su pliego si conocía aquella sanción.
Salmain respondió que se trataba de una hipótesis “contrafáctica” y aseguró que, de acuerdo con el reglamento vigente para concursar, solamente debía informar sanciones correspondientes a los últimos diez años, mientras que su cesantía había ocurrido con anterioridad a ese período.
La declaración de Salmain se produjo semanas después de que la Comisión de Acusación aprobara por unanimidad citarlo bajo el artículo 20 del reglamento, una instancia similar a una declaración indagatoria donde el magistrado investigado puede ejercer su defensa antes de que el cuerpo defina si corresponde avanzar con el juicio político.
