El Tribunal Superior de Justicia lanzó una licitación millonaria para incorporar inteligencia artificial en la gestión de causas y jurisprudencia. El ingreso de expedientes se quintuplicó en apenas un año.
La Justicia de la ciudad de Buenos Aires busca dar un salto hacia la modernización. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) porteño avanza en la implementación de la Licitación Pública Nº 04/2026, que tiene como objetivo la contratación de un servicio de Inteligencia Artificial (IA) para sus procesos jurisdiccionales y la gestión integral de su jurisprudencia. La apertura de sobres de esta trascendental licitación se realizará el próximo 29 de mayo a las 12 horas.
El impacto del fallo “Levinas” y el colapso de expedientes
La decidida apuesta tecnológica surge como una respuesta urgente ante el drástico aumento en el volumen de trabajo del tribunal. A partir de la doctrina sentada en el fallo “Levinas” por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el TSJ se convirtió en el tribunal de alzada para revisar sentencias de la justicia nacional con asiento en la Ciudad, abarcando fueros civiles, comerciales, laborales y penales.
Como resultado directo de esta ampliación de competencias, el ingreso de causas se multiplicó casi por cinco en tan solo un año: de 1.610 casos en 2024, la cifra escaló a 6.826 expedientes en 2025. Una abrumadora mayoría de estos nuevos ingresos -el 66%, representando unos 4.490 casos- pertenecen al ámbito laboral, vinculados fundamentalmente a juicios por despidos y accidentes de trabajo.
La situación encendió alarmas puertas adentro del máximo tribunal porteño, que ahora busca herramientas tecnológicas capaces de absorber parte del impacto operativo y acelerar la gestión judicial sin resignar control humano sobre las decisiones.
Un proyecto en la mira de los gigantes tecnológicos
Para hacer frente a esta avalancha de expedientes, el TSJ planea destinar una inversión aproximada de 550.000 dólares. La envergadura del proyecto ya captó la atención de algunos de los principales referentes de la industria tecnológica, con empresas como Globant, Google e IBM demostrando interés en competir en la licitación.
El pliego de bases y condiciones establece dos ejes principales:
- Implementación de IA en los procesos jurisdiccionales: desarrollo de un portal web tipo “Mesa de Entradas” para la carga y gestión de expedientes, junto con mecanismos automatizados de clasificación y derivación de causas.
- Sistema de gestión de jurisprudencia: una solución destinada a sistematizar, analizar y buscar resoluciones previas, permitiendo detectar casos análogos y estructurar grandes volúmenes de información judicial.
¿Qué hará la IA dentro de los tribunales?
Desde el Tribunal Superior fueron enfáticos al aclarar que la inteligencia artificial no reemplazará la labor de jueces, funcionarios ni empleados judiciales. El sistema funcionará exclusivamente como una herramienta de soporte y requerirá supervisión humana obligatoria en todo momento.
Entre las tareas que podría ejecutar la IA se destacan:
- La generación automática de borradores del primer proveído mediante análisis de antecedentes del expediente.
- La administración y actualización de agendas vinculadas a plazos procesales.
- La elaboración de resúmenes de fallos e interacción dinámica con documentación judicial.
- Herramientas de búsqueda semántica para detectar precedentes similares y “leading cases” dentro de la base histórica del tribunal.
La iniciativa se inscribe en una tendencia global de incorporación de inteligencia artificial en sistemas judiciales, aunque con particular cautela respecto de sus alcances y límites. En el caso porteño, el objetivo declarado parece centrarse más en la gestión y procesamiento masivo de información que en la automatización de decisiones jurisdiccionales.
Las objeciones del Colegio Público de la Abogacía
La modernización tecnológica, sin embargo, no avanza sin resistencias. El Colegio Público de la Abogacía de la Ciudad de Buenos Aires ya manifestó formalmente su preocupación respecto a un formulario especial que los abogados deberán completar para registrar expedientes y que servirá como insumo para alimentar la inteligencia artificial.
Desde el gremio advirtieron sobre el riesgo de que errores formales en la carga de datos terminen convirtiéndose en causales automáticas de rechazo de recursos judiciales. También cuestionaron la falta de instancias previas de consulta con los profesionales antes de implementar el nuevo esquema.
La discusión abre un debate más amplio sobre los límites de la automatización en el sistema judicial y el delicado equilibrio entre eficiencia procesal y garantías de acceso a la justicia.
Soberanía de datos y blindaje de la información judicial
Uno de los aspectos más sensibles del proyecto está vinculado a la protección de la información judicial. El pliego exige que la solución tecnológica funcione bajo un esquema de “soberanía de datos”, estableciendo que la inteligencia artificial deberá ser un proceso de aprendizaje automático “nativo, local y gobernable exclusivamente por el Tribunal”.
Además, se incorporó una estricta cláusula de confidencialidad que prohíbe expresamente a la empresa adjudicataria utilizar expedientes, datos o fallos del TSJ para entrenar modelos externos de inteligencia artificial. Toda la información seguirá siendo propiedad exclusiva de la Justicia porteña.
El cronograma oficial prevé que, si la licitación avanza sin contratiempos tras la apertura de ofertas, el desarrollo e implementación del sistema demandará entre 180 y 300 días, dependiendo de la etapa y del renglón adjudicado. La apuesta del TSJ es que la herramienta esté plenamente operativa hacia fines de este año o comienzos del próximo.
