El presidente de FORES Pablo Pirovano expuso en el Rotary Club de Buenos Aires sobre las falencias estructurales del sistema judicial argentino y planteó tres reformas urgentes para recuperar eficiencia, independencia y confianza pública.
El miércoles pasado, el abogado especializado en arbitraje y presidente del Foro de Estudios sobre Administración de Justicia (FORES), Pablo Pirovano, disertó en el Rotary Club de Buenos Aires sobre el crítico estado del sistema judicial argentino. Bajo el título “La anomia judicial cuesta: cómo puede salir la Argentina de la ineficiencia judicial”, el especialista trazó un duro diagnóstico sobre la falta de fortaleza institucional y advirtió sobre el impacto económico y social que genera una Justicia lenta, imprevisible y deslegitimada.
Durante su exposición, Pirovano definió a la Justicia como una pieza central de la infraestructura institucional de un país. “La justicia es infraestructura institucional”, sostuvo al comienzo de su presentación, apoyándose en las tesis desarrolladas por los economistas Daron Acemoglu, Simon Johnson y James Robinson, quienes vinculan el desarrollo económico con la existencia de instituciones sólidas y mecanismos eficaces de control.
Según explicó, la Argentina padece una situación de “anomia”, caracterizada por reglas imprevisibles, demoras injustificadas y una baja capacidad correctiva del sistema. A esto se suma la ausencia de datos confiables y de mecanismos modernos de gestión judicial que permitan evaluar resultados y mejorar procesos.
El costo económico de una Justicia ineficiente
Para Pirovano, las consecuencias de esta fragilidad institucional no se limitan al plano jurídico. La incertidumbre que genera el funcionamiento del sistema impacta directamente sobre la economía y encarece la actividad productiva.
“La imprevisibilidad judicial aumenta el riesgo institucional”, afirmó. Esa situación, detalló, deriva en contratos más caros, mayores tasas de interés y una pérdida generalizada del valor de recupero de créditos. En otras palabras, la ineficiencia judicial termina funcionando como un costo adicional para empresas, inversores y ciudadanos.
El Presidente de FORES sostuvo que un sistema incapaz de resolver conflictos en tiempo razonable desalienta inversiones y deteriora la competitividad del país. En ese marco, insistió en que la discusión sobre la Justicia no debe quedar reducida a un debate corporativo o técnico, sino ser entendida como una cuestión estratégica para el desarrollo argentino.
La dimensión social de la crisis
Pirovano también puso el foco en el impacto humano y social de la crisis judicial. Como ejemplo, mencionó las dificultades estructurales que atraviesa el fuero de familia, donde procesos sensibles como las revinculaciones entre padres e hijos pueden demorarse durante años por falta de recursos básicos.
Explicó que actualmente 24 juzgados de familia comparten un único centro de asistencia psicológica, una situación que evidencia la precariedad con la que funciona el sistema en áreas especialmente delicadas.
La consecuencia de estas falencias, advirtió, es una creciente pérdida de confianza ciudadana. Según el último Índice de Confianza en la Justicia elaborado por Fores junto con la Universidad Torcuato Di Tella en diciembre de 2025, apenas el 50,1% de los encuestados manifestó confiar en el sistema judicial.
Más alarmante aún, un 69,2% consideró que la Justicia es parcial, deshonesta e ineficaz. Incluso, pese a tratarse de un servicio monopólico y a que el arbitraje privado continúa poco desarrollado en comparación con otros países de la región, un 26% de las personas afirmó que no acudiría a la Justicia aun teniendo un conflicto.
Vacancias, politización y traspaso: los tres nudos críticos
En la parte central de su exposición, Pirovano identificó tres ejes urgentes sobre los que, a su criterio, debería avanzarse para revertir la parálisis judicial.
Crisis de vacancias
El primero de ellos es el elevado número de vacantes existentes en el sistema judicial. Según indicó, actualmente más del 37% de los juzgados federales y nacionales permanecen vacantes, mientras que en el caso de las fiscalías el porcentaje asciende al 42%.
“Estamos jugando con diez un partido de rugby y con seis un partido de fútbol; es imposible pretender una justicia eficiente”, graficó.
El problema, aclaró, no se limita al ámbito federal. También afecta a distintas provincias, como ocurre en la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, que actualmente funciona con solo tres de sus siete integrantes.
La selección de magistrados y la influencia política
El segundo punto crítico señalado por el titular de Fores fue la creciente politización de los mecanismos de selección de jueces dentro del Consejo de la Magistratura de la Nación.
Pirovano cuestionó particularmente el peso de las entrevistas personales dentro de los concursos judiciales, al considerar que se trata de una instancia excesivamente subjetiva y permeable a influencias políticas.
“Un candidato puede pasar del puesto 15 a integrar la terna final sin demasiadas explicaciones”, advirtió.
Frente a ese escenario, propuso avanzar hacia sistemas de evaluación más objetivos, apoyados en bases de datos amplias de antecedentes y exámenes. Además, sugirió incorporar criterios vinculados a la capacidad de gestión y liderazgo de los postulantes, dejando de priorizar exclusivamente los antecedentes académicos o la cantidad de publicaciones jurídicas.
El traspaso de la Justicia nacional a la Ciudad
El tercer eje abordado fue el demorado traspaso de competencias judiciales nacionales a la órbita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, previsto desde la reforma constitucional de 1994.
Pirovano sostuvo que el proceso continúa siendo resistido por sectores de la corporación judicial y afirmó que el debate ya no debería centrarse en si el traspaso debe concretarse, sino en cómo implementarlo sin paralizar fueros enteros.
“El traspaso no es debatible”, enfatizó, al tiempo que cuestionó el uso de medidas cautelares para frenar reformas vinculadas a la reorganización judicial.
En particular, mencionó las tensiones existentes alrededor de la justicia laboral y remarcó la necesidad de convocar a todos los actores involucrados para diseñar una transición ordenada que garantice continuidad en el servicio.
“Una Justicia eficiente, rápida e independiente”
Sobre el final de su intervención, Pirovano llamó a abandonar las resistencias corporativas y a impulsar una transformación profunda del sistema judicial argentino.
“La Argentina necesita una Justicia eficiente, rápida e independiente”, concluyó. A su entender, sólo un Poder Judicial fortalecido, con capacidad real de control sobre los otros poderes del Estado y apto para resolver conflictos en tiempo razonable, puede contribuir a reconstruir la confianza ciudadana y generar condiciones de previsibilidad institucional.
