El fiscal general Gabriel Pérez Barberá dictaminó en favor de que el expediente en el que se investiga la propiedad de la mansión de Pilar que presuntamente correspondería al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, pase de la justicia federal de Campana a los tribunales en lo Penal Económico.
El fiscal Gabriel Pérez Barberá dictaminó que la titularidad de la casona de 17 millones de dólares que presuntamente pertenece a Pablo Toviggino, debe salir de la órbita del juzgado federal de Campana, donde se encuentra desde enero pasado, y regresar al juzgado en lo Penal Económico, dada la “especialidad técnica” de éste último en causas sobre lavado de dinero.
“No advierto razones que sean decisivas para considerar competente al juzgado de Campana”, señaló el fiscal general, quien tomó intervención en el expediente a partir de la decisión de la Cámara de Casación Penal, que decidió que la competencia entre ambos tribunales debía ser resuelta “con celeridad” por la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico.
Ahora, los dos únicos integrantes de ese tribunal, Roberto Hornos y Carolina Robiglio, deberán decidir si siguen este criterio del Ministerio Público o convalidan la permanencia de la causa en el juzgado de Campana, donde está desde la feria judicial, cuando el juez federal de San Martín, Alberto Lugones, hizo lugar al pedido de Luciano Pantano, presunto testaferro de Toviggino, para que la investigación pasara a esa localidad bonaerense.
Hace un par de semanas la Cámara de Casación resolvió por mayoría que “la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín no tenía jurisdicción para resolver el conflicto de competencia positivo entre el Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana y el Juzgado Nacional en lo Penal Económico 10”.
El origen de la investigación
La investigación penal se inició el 1 de diciembre de 2025 a raíz de una denuncia presentada ante el juez federal Daniel Rafecas por Elisa Carrió y los dirigentes de la Coalición Cívica Facundo Del Gaiso y Matías Yofe, que apunta al presunto delito de lavado de activos mediante la adquisición de diversos bienes de alto valor.
Entre ellos se destaca la quinta ubicada en la localidad de Villa Rosa, partido de Pilar, que cuenta con un galpón repleto de vehículos de alta gama, caballos árabes, helipuerto y otros activos que, según los denunciantes, pertenecerían en realidad a Tapia y Toviggino.
En su momento, Rafecas allanó la propiedad y ordenó una tasación de todos los bienes, que arrojó una estimación de 20 millones de dólares. Durante el tiempo que actuó en la causa, el juez Aguinsky pudo determinar que Pantano usaba habitualmente una tarjeta corporativa de la AFA.
