El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad busca incorporar herramientas de inteligencia artificial para agilizar el trámite de expedientes y el análisis de jurisprudencia. La iniciativa, impulsada tras el fuerte aumento de causas derivado del fallo Levinas, prevé una inversión cercana a los 550.000 dólares.
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad de Buenos Aires dio un paso decisivo en el proceso para incorporar inteligencia artificial a su funcionamiento interno. Tras la apertura de sobres de la Licitación Pública Nº 04/2026, quedaron definidas las diez empresas que competirán por desarrollar una plataforma tecnológica destinada a modernizar la gestión de causas y el tratamiento de la jurisprudencia.
La iniciativa representa una de las apuestas tecnológicas más ambiciosas encaradas por el máximo tribunal porteño y contempla una inversión estimada en 550.000 dólares.
Los oferentes son diez empresas y una persona física. Rubik/Digital Hive (partner de Google); SMS (una empresa global de origen alemán); Datavoices (partner de una empresa norteamericana); NSS (empresa derivada de IPLAN que ya opera a nivel regional); CYS (compañía argentina con presencia regional); Unitech (de desarrollo local); Datacloud (operadora a nivel regional); Naxos (argentina); SG Soluciones (argentina) y Anfler Solutions (también local). Además se presentó una persona física: Diego Ferreyra.
La próxima semana, la Comisión Evaluadora iniciará el análisis técnico y económico de las propuestas para determinar cuál de las compañías resultará adjudicataria.
El impacto del fallo Levinas
La incorporación de inteligencia artificial encuentra su principal justificación en el significativo aumento de trabajo que experimentó el Tribunal Superior de Justicia luego del fallo Levinas, que amplió sus competencias jurisdiccionales.
Según datos del propio tribunal, el ingreso de expedientes pasó de 1.610 causas durante 2024 a 6.826 en 2025, una multiplicación cercana a cinco veces en apenas un año.
Frente a ese escenario, la herramienta tecnológica apunta a convertirse en un soporte para optimizar procesos internos y mejorar el acceso a la información judicial.
IA para expedientes y jurisprudencia
De acuerdo con las especificaciones conocidas del proyecto, la inteligencia artificial tendrá dos áreas principales de aplicación.
Por un lado, en la gestión de expedientes, permitirá automatizar validaciones, confrontar documentación y colaborar en la redirección de trámites dentro del circuito judicial.
Por otro, en materia jurisprudencial, la herramienta buscará agilizar la publicación de sentencias y mejorar la experiencia de consulta para abogados, magistrados y ciudadanos.
Entre sus funciones previstas se destacan la ampliación de los criterios de búsqueda, la asistencia en la localización de fallos, la vinculación automática entre sentencias para detectar analogías y precedentes relevantes -los denominados leading cases– y la posibilidad de realizar análisis jurisprudenciales dinámicos.
La expectativa es que estas capacidades permitan ordenar y aprovechar de manera más eficiente el creciente volumen de información generado por la actividad judicial.
Supervisión humana obligatoria
Desde el Tribunal Superior de Justicia insisten en que la incorporación de inteligencia artificial no implicará sustituir la intervención humana en la toma de decisiones.
La tecnología funcionará como una herramienta de apoyo, bajo supervisión permanente de los operadores judiciales, una aclaración que busca despejar preocupaciones manifestadas por distintos sectores del ámbito jurídico.
La exigencia de soberanía de datos
Uno de los aspectos más sensibles del proceso licitatorio es el tratamiento de la información judicial.
Por ese motivo, el pliego establece como requisito indispensable que el sistema garantice la denominada “soberanía de datos”. Esto implica que el aprendizaje automático deberá desarrollarse de manera local y bajo administración exclusiva del Tribunal Superior de Justicia.
La exigencia también prohíbe expresamente que los expedientes, resoluciones o bases de datos del Poder Judicial porteño sean utilizados para entrenar modelos externos o plataformas ajenas al organismo.
Con la evaluación de las ofertas ya en marcha, el TSJ se encamina a definir quién estará a cargo de una herramienta que podría modificar sustancialmente la forma en que se gestionan los expedientes y se consulta la jurisprudencia en la ciudad de Buenos Aires, en un contexto de creciente presión sobre la estructura judicial tras la expansión de competencias derivada del caso Levinas.
