Cuando recibió el diagnóstico de ELA, decidió que el tiempo que le quedaba debía vivirse intensamente. Reunió a sus cinco hijos y recorrió Europa junto a ellos. Más tarde, convirtió su enfermedad en una lucha pública por el derecho a elegir cómo morir. Su hija Claudia revive aquellos años marcados por la pérdida, pero también por la dignidad y la libertad. Una historia que resuena con fuerza en momentos en que el Congreso se prepara para debatir proyectos sobre eutanasia y muerte asistida.
Abogado de extensa trayectoria, integrante del Consejo de la Magistratura de la Nación, ex director del Banco Nación y figura reconocida del derecho en la provincia de Mendoza, Daniel Ostropolsky recibió el diagnóstico de ELA en mayo de 2018, después de meses de estudios y consultas médicas. Todo había comenzado con una debilidad en las manos que ningún profesional lograba explicar con precisión.
Hubieron consultas permanentes con centros médicos de referencia en el país y en el exterior pero ninguna daba esperanzas. “Cuando entendió que no había nada para hacer, dijo: ‘Voy a vivir el tiempo que me queda bien’”, cuenta Claudia, una de sus hijas, en diálogo con Quorum. Esa decisión estuvo acompañada por una filosofía que mantuvo hasta el final. “Menos mal que me pasó a mí y no a uno de mis hijos ni de mis nietos”, les dijo a todos. Era una forma de aceptar la realidad, pero sin victimizarse.
Para aprovechar el tiempo, antes que la enfermedad progrese, se regaló un viaje junto a sus cinco hijos. Charlas, caminatas, darse tiempo para entender lo que venía.
La pandemia lo encontró transitando la primera etapa del deterioro físico. Mientras organizaba ciclos de cine virtuales, escuchaba música clásica y seguía leyendo compulsivamente, la enfermedad avanzaba. Siempre en familia.
La ELA fue apagando lentamente cada músculo de su cuerpo. Pero no su mente. “Estuvo lúcido hasta el último día. La parte cognitiva nunca se afectó”, asegura su hija.
Esa lucidez fue precisamente la que terminó impulsándolo hacia una nueva batalla. Con el avance de la enfermedad, Ostropolsky comenzó a cuestionar los límites de la legislación argentina sobre el final de la vida. Entendía que la Ley de Muerte Digna había significado un avance importante, pero consideraba que dejaba sin respuesta situaciones como la que él estaba atravesando. La norma permite rechazar tratamientos o retirar soportes vitales, pero no contempla la eutanasia activa ni la asistencia médica para morir.
En 2021 decidió involucrarse personalmente en la elaboración de un proyecto de ley sobre eutanasia junto a dirigentes políticos mendocinos y comenzó a instalar públicamente el tema.
“Mi papá decía que la ley actual se quedaba a mitad de camino”, recuerda Claudia. “Sentía que obligaba a muchas personas a atravesar una agonía que podía prolongarse durante días aun cuando el desenlace fuera inevitable”, añadió.
“Una condena a muerte anticipada”
Por esos días escribió una carta que tuvo enorme repercusión y que todavía hoy es citada por quienes impulsan cambios legislativos. La primera frase de ese texto resume muy bien el espíritu de lo que buscaba transmitir: “Nadie se quiere morir. Por lo menos nadie en su sano juicio. Y yo menos que nadie”.
La aclaración no era menor. Ostropolsky rechazaba la idea de que el reclamo por la eutanasia fuera una renuncia a la vida. Por el contrario, sostenía que surgía justamente de alguien que amaba vivir y que buscaba preservar su dignidad hasta el final.
En la carta, el abogado repasaba el largo recorrido que había realizado desde el diagnóstico. Recordaba las consultas médicas, los tratamientos experimentales y la búsqueda de alternativas en distintos países para intentar frenar una enfermedad que, hasta hoy, continúa sin cura.
“Amo la vida y quiero seguir en ella todo el tiempo que corresponda según los valores humanos del aquí y ahora”, escribió. Y añadió que el reclamo que formulaba no estaba vinculado con el deseo de morir, sino con la libertad de decidir cuando el sufrimiento volviera intolerable una situación irreversible.
Más adelante sostuvo que lo que pretendía de la sociedad era que se le reconociera “el ejercicio del derecho inalienable y personalísimo a la libertad para decidir, cuando llegue el momento, a terminar con una existencia tan atroz como innecesaria frente a una enfermedad irreversible e incurable”.
La misiva también contenía una advertencia sobre los efectos de la falta de una legislación específica. Según planteaba, negar esa posibilidad terminaba empujando a muchos pacientes a tomar decisiones antes de lo que realmente hubieran querido. “Es, como ya dije, una condena a muerte anticipada”, escribió.
En el texto explicaba que lo que reclamaba era “el ejercicio del derecho inalienable y personalísimo a la libertad para decidir, cuando llegue el momento”.
También cuestionaba la prolongación artificial del sufrimiento cuando ya no existían posibilidades de recuperación. “Se nos condena a muerte en vida”. Esa misma idea aparece una y otra vez en los recuerdos de Claudia. “Mi papá no pedía una fecha para morirse. Quería transitar la enfermedad con la tranquilidad de saber que podía elegir hasta dónde llegar”, explica.
No buscaba acelerar la muerte. “Yo viví dignamente toda mi vida. Quiero morir dignamente”, repetía.
En uno de los tramos finales de su carta, Ostropolsky apeló directamente a los legisladores para que abordaran una discusión que, a su entender, la política venía postergando desde hacía años.
“Es hora que nuestra sociedad enfrente el dilema acerca de cómo proceder en casos como el planteado”, escribió. Y reclamó que el Congreso debatiera una ley que permitiera a quienes enfrentan enfermedades irreversibles despedirse “en paz y con ese mismo amor” con el que habían vivido: “Falta esa ley de eutanasia. El silencio que causa su falta sólo consigue amplificar los lamentos de quienes sufren por tal ausencia”.
La enfermedad siguió avanzando. Las complicaciones posteriores terminaron agravando su estado de salud. Murió en septiembre de 2022 Tenía 73 años.
Un nuevo debate en el Congreso
Varios años después de aquella carta, el planteo que Ostropolsky intentó instalar volvió a ganar espacio en la agenda parlamentaria. En las últimas semanas se presentaron en el Congreso distintos proyectos para regular la eutanasia y la muerte médicamente asistida en Argentina.
Uno de ellos fue impulsado por la senadora nacional Carolina Moisés. La iniciativa propone crear un régimen que permita solicitar asistencia médica para morir a personas que padezcan enfermedades graves e incurables o sufrimientos crónicos e imposibilitantes. El procedimiento contempla múltiples instancias de evaluación médica, psicológica y jurídica, además de la intervención de una comisión especializada antes de cualquier autorización.
En la Cámara de Diputados, el socialista Esteban Paulón presentó otro proyecto para regular la denominada Asistencia Médica para Morir. La propuesta distingue entre eutanasia -cuando la sustancia es administrada por un profesional de la salud- y muerte médicamente asistida, cuando es el propio paciente quien la autoadministra bajo supervisión médica.
A esas iniciativas se suma un proyecto presentado por legisladores radicales que retoma antecedentes de propuestas anteriores y establece requisitos, mecanismos de control, objeción de conciencia para profesionales de la salud y cobertura obligatoria por parte de obras sociales y empresas de medicina prepaga.
Ninguna de esas propuestas comenzó todavía su discusión de fondo en el Congreso. Sin embargo, todas vuelven a poner sobre la mesa preguntas que el abogado y consejero formuló cuando la eutanasia apenas aparecía de manera tímida en el debate público argentino.
Ahora, es tiempo de debatir. No hay excusas para eludir un reclamo que atraviesa a la sociedad en sus múltiples aspectos.
