El lanzamiento oficial de la publicación dirigida por Florencia Abramzon reunió a referentes de todo el sistema judicial para analizar los desafíos que plantea la implementación el nuevo Régimen Penal Juvenil.
La discusión sobre la reforma penal juvenil dejó de ser una hipótesis legislativa para convertirse en un desafío concreto para quienes deberán aplicarla todos los días a partir del 4 de septiembre. Con ese telón de fondo, jueces, fiscales, defensores, funcionarios judiciales y abogados participaron de la presentación del libro Reforma penal juvenil. Del cambio normativo a su aplicación práctica, una obra colectiva dirigida por la fundadora de Quorum Florencia Abramzon que busca ofrecer herramientas para enfrentar el nuevo escenario que comenzará a regir en los próximos meses.
El encuentro se realizó en la sede de Editorial La Ley–Thomson Reuters y reunió a una nutrida audiencia vinculada al sistema de justicia. Más que una presentación académica, la actividad se transformó en un espacio de reflexión sobre uno de los cambios más significativos que experimentará la justicia penal juvenil argentina en las próximas décadas.
A modo de bienvenida, la manager del equipo de Operaciones Editoriales de Thomson Reuters Carina Pérez explicó: “Necesitábamos transmitir, a través de un libro de carácter práctico, un análisis de la Ley 27.801, sancionada en febrero de 2026. La idea fue ofrecer a los operadores jurídicos una herramienta accesible, con información seleccionada y sistematizada, que les permita interpretar y aplicar la norma en su práctica cotidiana. Creemos que este trabajo puede convertirse en un material de consulta y aprendizaje para las generaciones presentes y futuras”.
Una discusión que atraviesa convicciones personales
La apertura estuvo a cargo de Florencia Abramzon, quien compartió las motivaciones que la llevaron a encabezar el proyecto editorial y agradeció especialmente el acompañamiento de su familia y de quienes impulsaron la publicación de la obra.
Durante su exposición recordó el intenso debate que rodeó la discusión sobre la edad de imputabilidad y explicó que, para reflexionar sobre el tema, recurrió a sus propias convicciones y tradiciones culturales.
En ese sentido, expresó: “¿Qué me pasó a mí cuando empezó a debatirse la posibilidad de bajar la edad de imputabilidad a los 14 años? Lo primero que hice fue remitirme a mi fuero más íntimo, a mis valores, a mis creencias, a mis raíces. Pensé en mi religión y me pregunté: ¿a qué edad es justo que una persona sea plenamente responsable de sus actos y que, si comete un delito grave, deba responder incluso con su libertad? Entonces recordé mi formación religiosa. En la tradición judía, las mujeres, a los 12 años, y los varones, a los 13, pasan a ser considerados plenamente responsables de sus actos. Volví mentalmente a esa infancia, a las enseñanzas que recibí cuando era chica, y llegué a una conclusión personal: estoy totalmente de acuerdo con que la edad de imputabilidad se reduzca a los 14 años”.
Esa referencia dio paso a la participación del rabino Baruj Hagman, director de Beit Jabad Nordelta, quien aportó una mirada histórica y espiritual sobre el concepto de responsabilidad.
A partir de relatos bíblicos, Hagman planteó que la responsabilidad no debe entenderse únicamente desde una lógica sancionatoria, sino también como una forma de integración a la vida social. Según explicó, asumir responsabilidades implica reconocer a los adolescentes como sujetos capaces de comprender las consecuencias de sus actos y participar plenamente de la comunidad.
La ley como punto de partida
Uno de los conceptos que atravesó toda la jornada fue que la sanción de la ley constituye apenas el comienzo del proceso.
El ex secretario General del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal Martín Casares destacó que la aprobación del nuevo régimen representa una deuda histórica de la democracia argentina, aunque advirtió que el verdadero desafío comenzará con su implementación efectiva.
“Para que esta reforma produzca los efectos deseados y permita alcanzar los objetivos que tuvo el legislador al aprobarla, es necesario acompañarla no solo con recursos, sino también con capacitación, cambios organizacionales y una transformación en la forma de trabajar. Implica revisar rutinas, modificar prácticas arraigadas y fortalecer las distintas instituciones involucradas”, afirmó.
En la misma línea se expresó el juez de Cámara del Tribunal Oral de Menores N° 1 de la Capital Federal David Perelmuter, quien recordó que durante años el Estado argentino recibió cuestionamientos internacionales por mantener vigente un régimen considerado incompatible con los estándares actuales de protección de derechos.
Perelmuter sostuvo que la entrada en vigencia de la nueva normativa exigirá abandonar enfoques tradicionales y avanzar hacia una justicia especializada capaz de comprender las particularidades de los adolescentes en conflicto con la ley penal.
El magistrado también hizo hincapié en la necesidad de construir espacios de coordinación entre las distintas jurisdicciones y destacó que la especialización no puede limitarse al trabajo de escritorio.
“La justicia especializada no es solamente responder desde el escritorio”, sostuvo, al tiempo que reivindicó la importancia del contacto directo con las víctimas, las comunidades y los propios jóvenes involucrados en los procesos.
Más de tres décadas de espera
La abogada penalista Débora Dobniewski recordó que Argentina acumuló más de 30 años de discusiones sin lograr reemplazar integralmente el viejo sistema.
Según explicó, esa demora obligó a muchas provincias a desarrollar sus propios mecanismos procesales para responder a las exigencias de los tratados internacionales y de los organismos especializados en niñez.
Frente al nuevo escenario, llamó a concentrar los esfuerzos en aprovechar las herramientas que ofrece la ley y en desarrollar respuestas restaurativas capaces de involucrar al adolescente, a la víctima y a la comunidad en la búsqueda de soluciones duraderas.
Asimismo, remarcó que el objetivo no debe limitarse a reaccionar frente al delito ya cometido, sino también a prevenir futuras conductas mediante intervenciones más integrales.
Detrás de cada expediente hay una historia
Uno de los momentos más movilizantes de la presentación estuvo a cargo de Juan Manuel Conde Cárcano, escribiente auxiliar en el Poder Judicial de la Nación, quien puso el foco en la dimensión humana del sistema penal juvenil.
El funcionario judicial recordó que detrás de cada expediente existen historias atravesadas por vulnerabilidades, exclusión y múltiples injusticias que muchas veces preceden al hecho delictivo.
Por esa razón, sostuvo que quienes trabajan en este ámbito necesitan una mirada especialmente comprometida y empática, capaz de comprender la complejidad de las trayectorias personales de los adolescentes que llegan al sistema de justicia.
Su intervención fue una de las más celebradas de la jornada y sintetizó una de las ideas centrales del nuevo paradigma: la necesidad de combinar responsabilidad con oportunidades reales de reinserción social.
El cierre de Mariano Cúneo Libarona
El cierre estuvo a cargo del ex ministro de Justicia de la Nación Mariano Cúneo Libarona, autor del prólogo de la obra y uno de los principales impulsores de la reforma.
A partir de su experiencia profesional, recordó las dificultades históricas que enfrentó el sistema para abordar la problemática de los menores infractores y describió el trabajo realizado durante la elaboración del proyecto legislativo.
El ex funcionario defendió la decisión de fijar la edad de punibilidad en los 14 años y sostuvo que los profundos cambios sociales registrados en las últimas décadas obligaban a replantear los parámetros vigentes.
Al mismo tiempo, destacó que la nueva ley incorpora un amplio catálogo de garantías orientadas a la resocialización de los adolescentes y otorga un rol más activo a las víctimas dentro del proceso.
Sin embargo, advirtió que ninguna reforma podrá alcanzar sus objetivos sin inversión estatal. Instituciones adecuadas, programas educativos, capacitación permanente y espacios diferenciados para adolescentes aparecen, según señaló, como condiciones indispensables para que la norma pueda traducirse en resultados concretos.
Un cambio de paradigma
La presentación dejó una sensación compartida entre los asistentes: la reforma penal juvenil abre una nueva etapa para el sistema de justicia argentino.
Más allá de las diferencias que puedan existir sobre algunos aspectos de la norma, hubo consenso en un punto central: el verdadero éxito de la reforma no dependerá únicamente del texto legal, sino de la capacidad de jueces, fiscales, defensores, funcionarios y autoridades políticas para construir una justicia especializada, restaurativa y preparada para responder a las complejidades del presente.
El encuentro concluyó con un cóctel que reunió a autores, operadores judiciales y referentes académicos, en una jornada que combinó reflexión jurídica, intercambio de experiencias y expectativas sobre uno de los procesos de transformación más importantes que afrontará la justicia penal juvenil en los próximos años.
