El ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques rechazó las versiones que vincularon el retiro del pliego de María Verónica Michelli con las investigaciones del periodista Hugo Alconada Mon y defendió la facultad presidencial de enviar o retirar candidaturas judiciales.
Después de días de idas y vueltas, especulaciones y versiones contrapuestas, el ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, salió este viernes a rechazar las versiones que atribuyeron el retiro del pliego de María Verónica Michelli a su vínculo familiar con el periodista Hugo Alconada Mon y aseguró que es “falso” que el Gobierno haya intentado bloquear su llegada a la Justicia por ese motivo.
Durante una entrevista en Radio Mitre, el funcionario fue consultado por la polémica que rodeó la candidatura de Michelli, cuyo pliego fue puesto en duda por el Poder Ejecutivo pero terminó siendo aprobado por el Senado junto a otros 73 candidatos judiciales.
Ante las versiones que sostienen que la decisión estuvo relacionada con el trabajo periodístico de Alconada Mon sobre el caso Libra, Mahiques respondió de manera categórica: “Es falso”.
“El Presidente de la Nación tiene la facultad no sólo de elegir a un candidato de la terna y mandarlo sin tener que dar explicaciones, sino de retirarlo”, sostuvo el ministro, quien remarcó que esa atribución forma parte de las facultades constitucionales del Poder Ejecutivo.
Mahiques explicó además que los gobiernos no están obligados a fundamentar públicamente ni el envío ni el retiro de los pliegos judiciales y recordó que todos los presidentes desde el retorno de la democracia utilizaron esa herramienta.
“Todos los pliegos, los cientos de pliegos que se retiraron desde el regreso de la democracia hasta ahora, jamás hubo una explicación de por qué se retiraron”, afirmó en la entrevista con Eduardo Feinmann.
Para reforzar ese argumento, recordó que durante la gestión de Alberto Fernández fue retirado el pliego de su hermano para ocupar un juzgado federal en Mercedes y señaló que tampoco en ese caso se explicaron los motivos de la decisión.
El ministro también confirmó que conocía a Michelli y que había impulsado su candidatura dentro del procedimiento habitual de selección de magistrados. “Yo propongo, mi función es proponer”, señaló al describir el rol que tiene el Ministerio de Justicia una vez que el Consejo de la Magistratura eleva las ternas de candidatos.
Respecto del futuro de la jueza, aclaró que la aprobación del Senado no implica una designación automática. “El Senado lo habilitó al Presidente a que firmara, no lo obligó”, explicó.
Según indicó, el cargo para el que fue propuesta Michelli (Juzgado Federal Nº3 de La Plata) corresponde a un tribunal que todavía no se encuentra habilitado y cuya puesta en funcionamiento depende de un proceso administrativo que incluye infraestructura, equipamiento y personal.
Más allá de la controversia, Mahiques insistió en que el eje de la discusión debería estar en la aprobación de los 74 pliegos judiciales. “Hay que hacer foco en los 74 pliegos que se aprobaron, no en uno particular”, sostuvo.
Cabe aclarar que para habilitar un juzgado/tribunal oral federal, hay que cumplir varios pasos previos en los que interviene la Corte y el Consejo. No tienen tiempo ni plazos para hacerlo porque se depende de múltiples factores. Habitualmente, se tarda como mínimo un año o más en poder completar el trámite, según el lugar.
Primero el Consejo tiene que:
- Conseguir un inmueble apto para el tribunal en la jurisdicción. No suele ser rápido y fácil encontrar un inmueble porque tiene que tener las dimensiones aptas y las funcionalidades. En el caso de un tribunal oral, espacio para sala de audiencia e ingreso de detenidos.
- El inmueble que se alquila generalmente requiere adaptar para las funciones de un tribunal. Generar entrada para detenido, la sala de audiencia, espera de testigos.
- Hay que comprar el mobiliario para el tribunal y la sala de audiencia.
- Adquirir computadoras y de audio y video para la sala de audiencia.
- Los cargos a crear tienen que estar presupuestados.
Sólo una vez que están cumplidos los pasos anteriores, el Consejo de la Magistratura le comunica a la Corte Suprema con todos los informes técnicos. Recién en ese momento, la Corte Suprema puede decidir habilitar o no el tribunal. Para ello dicta una acordada autorizando que tomen juramento los jueces designados y se creen los cargos.
Dado que se espera la implementación del sistema acusatorio en septiembre, todo el proceso puede demorarse más aún por la exigencia de instalar salas multimedia.
