Lo anunció el fiscal General Martín López Zavaleta al analizar los desafíos que traerá la Ley 27.801, que bajó la edad de imputabilidad a 14 años. También advirtió sobre el impacto que tendrá la reforma en el sistema judicial.
La reciente sanción de la Ley 27.801, que establece un nuevo Régimen Penal Juvenil y reduce la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, comenzó a generar movimientos dentro del sistema judicial. En ese contexto, el fiscal general a cargo del Ministerio Público Fiscal de la ciudad de Buenos Aires, Martín López Zavaleta, anunció que el organismo trabaja en la creación de una nueva unidad especializada para abordar los casos que ingresarán a partir de la entrada en vigencia de la norma.
El anuncio fue realizado durante una jornada académica organizada por la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad del Salvador, donde magistrados, funcionarios y especialistas analizaron los desafíos que plantea la reforma recientemente promulgada.
Durante su exposición, el fiscal advirtió que la nueva legislación podría abrir un debate sobre la competencia para investigar los delitos cometidos por adolescentes de 14 y 15 años en la ciudad de Buenos Aires.
“La llamada Ley Cafiero, en uno de sus párrafos habla de que la justicia Nacional mantendrá su actual competencia. Estamos hablando de que entran en vigencia delitos para chicos de 14 y 15 años que no eran delitos al momento de la redacción de la Ley Cafiero. Entonces se puede interpretar que para todos los delitos cometidos por los menores de 14 y 15 años tendrá intervención la justicia de la Ciudad de Buenos Aires”, sostuvo.
López Zavaleta señaló además que el impacto de la reforma podría ser mucho más amplio de lo que inicialmente se proyectó cuando comenzó la discusión legislativa. “Una vez que se hizo la modificación y se dejó sin efecto el artículo 4 de la ley nacional anterior, nos encontramos con un abanico totalmente diferente. Los delitos violentos por los cuales se motivó la norma son solamente la punta de un iceberg y abajo nos muestra un universo totalmente diferente y nos abre hipótesis de conflicto a todo nivel porque vamos a intervenir en casos de menores de 14, 15, 16 y 17 años imputados por todos los delitos, incluso los más leves”, explicó.
Según indicó, la nueva normativa obligará a repensar mecanismos de intervención incluso en situaciones que actualmente se resuelven fuera del ámbito penal. Como ejemplo, mencionó conflictos que se producen dentro de establecimientos educativos y que hoy suelen canalizarse mediante sanciones administrativas o la intervención de las familias.
Frente a ese escenario, el fiscal federal confirmó que el MPF ya trabaja en una reestructuración interna para afrontar la nueva demanda. “Estamos trabajando en un diseño de una nueva Unidad Fiscal Coordinadora con un fiscal especializado exclusivamente en esta problemática”, anunció y explicó que la misma “contará con auxiliares fiscales que puedan colaborar con el fiscal para poder dar respuesta a lo que acontezca en la ciudad de Buenos Aires. Esto potenciará y brindará los recursos a la Fiscalía para que pueda llevar adelante todos los casos”.
El funcionario remarcó además que la implementación del nuevo régimen ampliará significativamente la población alcanzada por el sistema penal juvenil y que ello tendrá consecuencias directas sobre los recursos y la organización del organismo.
“El Ministerio Público Fiscal de la Ciudad tiene diferentes herramientas de gestión para afrontar los nuevos desafíos. La implementación del Régimen Penal Juvenil va a ampliar la población punible y tendría un impacto significativo en los recursos, la organización y la estructura del MPF”, concluyó.
