En el medio de una tormenta política que tiene a Manuel Adorni como principal protagonista, el oficialismo busca avanzar con un nuevo marco regulatoria en el marco del debate energético.
El trabajo en Comisiones no se detiene. Más allá del Mundial y el ruido político por las denuncias contra el jefe de Gabinete Manuel Adorni, el oficialismo intenta no ceder en su agenda de desregulaciones.
En este caso el texto impulsado por el bloque que de La Libertad Avanza que conduce Patricia Bullrich en el Senado busca un cambio de paradigma en la política energética argentina a través del proyecto de ley “Marco Regulatorio de la Actividad de Biocombustibles”. La iniciativa propone un régimen con una vigencia de 15 años que regula la elaboración, el almacenaje, la comercialización y la mezcla de estos productos en todo el territorio nacional.
El texto declara estas actividades de “interés público” debido a su aporte esencial a la seguridad energética y a la transición hacia combustibles más limpios.
La libertad de mercado como eje del desarrollo
La propuesta legislativa parte de una premisa política clara. Los autores del proyecto sostienen que es tarea del Estado Nacional “impulsar políticas que generen mayor libertad en los diferentes órdenes de la vida social, proyectándolas hacia un modelo de país que no solo garantice su ejercicio, sino que fomente la inversión privada como motor del desarrollo”. En ese contexto, el nuevo marco, según detalla el oficialismo, se busca un crecimiento productivo que afiance el “posicionamiento definitivo de la Argentina en el contexto internacional”.
Los fundamentos advierten la urgencia de actualizar el régimen vigente para establecer un entorno “más moderno, previsible y compatible con las transformaciones del mercado energético global”. El objetivo central consiste en “impulsar la transición del sector de biocombustibles hacia un mercado dinámico, eficiente, desregulado y libre”. Para lograrlo, se promueve los acuerdos directos entre privados y limita la intervención del Estado a funciones de control y fiscalización.
Nuevos porcentajes en las mezclas obligatorias
Uno de los puntos más relevantes para el consumidor final es el incremento en los cortes obligatorios de los combustibles fósiles. Para el gasoil, el proyecto establece una mezcla mínima inicial del 7,5% de biodiesel. No obstante, una vez que transcurran doce meses desde la sanción de la ley, este porcentaje escalará de forma obligatoria al 10%. El articulado prevé excepciones específicas para el uso de gasoil en zonas frías de la Patagonia, la minería, las centrales eléctricas y las operaciones en la Antártida.
En el caso de las naftas, la mezcla obligatoria de bioetanol comenzará en un 12%. Al igual que con el gasoil, este cupo subirá al 15% al cabo del primer año de vigencia de la norma. El proyecto detalla que el primer tramo del 12% se dividirá equitativamente: un 6% corresponderá al bioetanol de caña de azúcar y el otro 6% al derivado del maíz. El porcentaje restante para alcanzar el corte total no tendrá restricciones respecto a la materia prima de origen, lo que otorga mayor flexibilidad a la industria.
Transparencia a través del Mercado Electrónico
Para gestionar estas operaciones, se propone la creación de un “Mercado Electrónico” único y de acceso público. Un organismo independiente, que según declama el texto, administrará este sistema bajo “estándares internacionales” de comercio para garantizar la transparencia en la formación de los precios. Este mecanismo buscará “sustituir progresivamente esquemas administrativos poco flexibles por herramientas de mercado, asegurando publicidad, concurrencia, registro de operaciones y mayor eficiencia”.
El proyecto fija límites precisos para los precios en este mercado: las ofertas de venta no podrán superar la paridad de importación del biocombustible respectivo. Además, autoriza la circulación de vehículos con motores “flex fuel”, capaces de utilizar mezclas superiores a los mínimos legales según la tecnología disponible en cada motor. Esta apertura busca que los consumidores accedan a combustibles con altos estándares de calidad y sostenibilidad.
Beneficios impositivos
La norma amplía el concepto legal de biocombustible e incluye productos generados por fermentación o transesterificación de materias primas agropecuarias, agroindustriales o desechos orgánicos. También integra a los combustibles sintéticos que utilizan agua y CO2 como materias primas a partir de energías renovables. El texto otorga a la Secretaría de Energía la potestad de incluir nuevas categorías en función del avance científico y tecnológico.
Dentro de ese marco, desde el oficialismo destacan como nn incentivo clave para el sector el tratamiento tributario. Este es uno de los puntos fuertes en los que el oficialismo buscará anclar la discusión que comienza hoy en el Senado. Los biocombustibles habilitados no pagarán el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) ni el Impuesto al Dióxido de Carbono (ICO2). Esta exención abarca todas las etapas de la cadena, desde la producción hasta la comercialización. El texto, en ese punto, aclara que en las mezclas con derivados del petróleo, el gravamen recaerá exclusivamente sobre el componente fósil.
Transición
La ley establece un “Período de Transición” específico para el mercado de biodiesel que finaliza el 31 de diciembre de 2030. Durante este tiempo, la normativa distingue entre empresas “Integradas” (aquellas que poseen fábricas de aceites vegetales) y “No Integradas”. El objetivo que busca establecer el proyecto tiene que ver con intentar asegurar una “transición gradual, ordenada y previsible” hacia las metas definitivas de la ley.
Mientras dure este proceso, la autoridad de aplicación asignará cupos de abastecimiento y fiscalizará la entrega efectiva de los volúmenes. Es importante destacar que el sector del bioetanol no entra en este periodo de transición, ya que su dinámica actual permite un esquema de operatividad inmediata para “potenciar la libre competencia maximizando su productividad”.
