Rechazó el Decreto 467/2026 del Gobierno nacional y advirtió sobre un posible retroceso en materia de igualdad, representación y calidad institucional.
La decisión del Gobierno de Javier Milei de modificar los mecanismos de selección de integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de las máximas autoridades del Ministerio Público Fiscal despertó una fuerte polémica en el Poder Judicial. A través del Decreto 467/2026, el Poder Ejecutivo eliminó el criterio de género que regía en esos procedimientos, una medida que fue cuestionada por la Red Mujeres para la Justicia.
La entidad difundió un comunicado en el que manifestó su rechazo a la iniciativa y sostuvo que la participación de mujeres en los principales espacios de decisión judicial constituye una condición necesaria para garantizar la legitimidad y la calidad institucional de los órganos encargados de impartir justicia.
En el documento, la organización planteó que la integración de los máximos tribunales no puede analizarse únicamente desde la idoneidad técnica o profesional de los candidatos. “La legitimidad de las instituciones se fortalece cuando estas reflejan la diversidad de la sociedad a la que sirven”, sostuvo la Red Mujeres para la Justicia, al advertir que la eliminación de la perspectiva de género en los procesos de selección “implica un retroceso” respecto de los avances alcanzados en “materia de igualdad y participación de las mujeres en los espacios de decisión”.
La entidad afirmó además que “una justicia más sólida se construye con pluralidad de voces y representación efectiva” y consideró que los órganos de conducción judicial deben incorporar miradas diversas para comprender la complejidad de los conflictos que atraviesan a la sociedad.
La Red recordó que los principios de igualdad y no discriminación son fundamentales del orden constitucional y citó que los artículos 16 y 75, incisos 22 y 23 de la Constitución Nacional establecen “obligaciones concretas para promover la igualdad real de oportunidades”.
También mencionó los compromisos internacionales asumidos por Argentina, entre ellos la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y las recomendaciones formuladas por el Comité encargado de supervisar su cumplimiento.
Según señaló la organización, esas disposiciones exigen que el Estado adopte medidas activas destinadas a garantizar “la participación plena e igualitaria de las mujeres en los ámbitos donde se toman decisiones de relevancia institucional”.
Preocupación por un posible retroceso
Otro de los cuestionamientos apuntó al carácter regresivo que podría tener la medida adoptada por el Poder Ejecutivo. Al respecto, la Red Mujeres para la Justicia sostuvo que los estándares internacionales en materia de derechos humanos no solo obligan a promover la igualdad sino también a evitar decisiones que impliquen retrocesos respecto de derechos y políticas ya consolidadas.
En ese sentido, advirtió que la eliminación del criterio de género en los mecanismos de selección podría debilitar herramientas diseñadas para corregir desigualdades históricas y estructurales en el acceso a los cargos de mayor jerarquía dentro del sistema judicial.
La organización también vinculó la discusión con el funcionamiento cotidiano de los tribunales y con la confianza de la ciudadanía en las instituciones.
En el documento resaltó que una integración más diversa de los órganos judiciales contribuye a mejorar la calidad de las decisiones, fortalece la representación democrática y favorece una comprensión más amplia de los conflictos sometidos a consideración de los jueces.
Asimismo, afirmó que la presencia de mujeres en la Corte Suprema y en otros espacios de conducción judicial “coadyuva a garantizar de manera más efectiva el acceso a la tutela judicial efectiva”, uno de los principios esenciales del Estado de Derecho.
Para la entidad, la participación de mujeres en los máximos cargos judiciales “no constituye una cuestión simbólica ni una concesión política”, sino una exigencia derivada de principios constitucionales y convencionales asumidos por el Estado argentino.
Por esa razón, concluyó que garantizar esa representación resulta una condición indispensable para fortalecer “la legitimidad, la calidad institucional y la eficacia del sistema de justicia”.
