En un nuevo dictamen, el fiscal federal Franco Picardi pidió declaraciones testimoniales de funcionarios de ARCA, empleados y colaboradores de casas de cambio y despachantes de aduana. También solicitó el levantamiento de los secretos fiscal, bancario y bursátil de seis personas y de una sociedad vinculada a una maniobra para la supuesta creación de una “cuenta espejo”.
El fiscal federal Franco Picardi investiga las presuntas aprobaciones irregulares de trámites de importación a cambio del pago de comisiones a través del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA), creado en 2022 para restringir la salida de dólares del país, que se habría convertido en una herramienta para que a través de falsa documentación de importaciones y merced al pago de sobornos, un grupo de empresarios y funcionarios se enriqueciera hasta que el mecanismo fue abolido a partir de la llegada de Javier Milei a la Presidencia.
El fiscal le había pedido a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) que le brindara precisiones acerca del funcionamiento del SIRA. La dependencia le había respondido que el SIRA es “sistémico” y que no hubo personas habilitadas para operarlo manualmente, porque todo el trámite era automático.
La contestación oficial no explica quién diseñó o supervisó las reglas con las que funcionó el sistema, por lo que el fiscal le solicitó a Lijo, como actual subrogante del juzgado federal 11, las declaraciones testimoniales de:
- María Carolina Caironi Corral, subdirectora general del área Técnico Legal Aduanera de ARCA.
- Carlos Alberto José Rodríguez, subdirector general de Programas y Normas de Procedimientos Aduaneros de ARCA.
- Julieta Silvina Romero, despachante de aduana en un trámite SIRA de la firma Nemes S.H. de Fuentes N. y Mazzarini.
- Alejandro Epthyneos, despachante de aduana en un trámite SIRA de la firma Cowdin S.A.
Picardi pidió citar, en el marco de la investigación del “rulo cambiario” a tres personas vinculadas al entorno de Martín Migueles, señalado en el expediente como uno de los operadores centrales de la maniobra:
- Sergio Daniel Speroni, que estaba autorizado a manejar un auto de Elías David Piccirillo. Según registros de ingresos a ese domicilio, podría haber actuado como chofer o colaborador cercano de Migueles.
- Mario Marcelo Leguizamón, conocido como “Pan Dulce”, que habría trasladado físicamente sumas de dinero por indicación de Migueles.
- Rocío Belén Ávila, empleada de la agencia de cambios Arg Exchange, donde eran socios Elías Piccirillo y Migueles. Según surge de la extracción forense del teléfono de Migueles, Ávila le enviaba todos los días las operaciones de varias agencias de cambio que, de acuerdo con la hipótesis de la fiscalía, funcionaban coordinadamente entre sí.
Los levantamientos del secreto fiscal y bancario.
Además de las testimoniales, Picardi le pedirá al juez Lijo el levantamiento de los secretos fiscal, bancario, bursátil e impositivo de seis personas.
En el tramo cambiario:
- Juan Ignacio Napoli, presidente de Napoli Inversiones S.A., y José María Napoli, operador senior en las áreas de Equity y Bonos de la misma firma. El secreto bancario de la sociedad ya había sido levantado antes; ahora se pide quitarlo también sobre las dos personas físicas.
- Anahí Marisol Aquino Laprida, accionista de Creden Agencia de Cambio y Turismo, una de las casas de cambio investigadas.
- Juan Ignacio Agra, clave en la trama y representante legal de Mega Latina S.A., otra de las firmas investigadas. Picardi señaló que Agra está vinculado societariamente con Valeria Fabiana Fernández a través de otras empresas: Aurea Inversiones, 3 a 0 Producciones, Cabiline y Htan de las Sierras. Estaba relacionado con todos los financistas investigados a los que parece haber vinculado con la política.
En el tramo de SIRA:
- Héctor Ezequiel Caputto, señalado por la fiscalía desde el primer pedido de allanamiento como una de las personas que habría acelerado la aprobación de trámites SIRA a cambio de pagos indebidos.
- Patricio Guido Marre, identificado más tarde a partir de su mención como “Pato” en el teléfono de Martín Migueles. Según la hipótesis fiscal, también habría participado en generar los contactos necesarios para la maniobra y en cobrar pagos irregulares.
“El levantamiento de los secretos respecto de las personas mencionadas resulta indispensable para verificar la eventual existencia de operaciones relacionadas con los hechos objeto de pesquisa, determinar el grado de intervención de cada una de ellas y establecer posibles conexiones patrimoniales, financieras y societarias de interés para la investigación”, justificó Picardi en su dictamen.
Del análisis del teléfono celular secuestrado a Migueles surgió, además, una conversación con un contacto agendado como “Pablo Contador”, en la que se habla de armar una “cuenta espejo” en Nordelta vinculada a la firma Lifetba S.R.L. Para la fiscalía, no puede descartarse que esa sociedad haya sido usada para canalizar u ocultar fondos relacionados con la maniobra investigada. Por eso, Picardi también pidió el levantamiento de su secreto fiscal, bancario, bursátil y tributario.
Tarea para la PROCELAC
El fiscal pidió a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), el organismo del Ministerio Público especializado en analizar maniobras financieras complejas, un informe técnico sobre quince sumarios que el Banco Central abrió contra distintas casas de cambio -entre ellas Creden, Xinergia, Arg Exchange, Mega Latina y otras- y contra dos bancos, para determinar si hubo circuitos de lavado de dinero entre esas firmas y para identificar a los beneficiarios finales de las operaciones.
Los pedido del representante del Ministerio Público quedarán a la espera de la firma del juez Ariel Lijo, cuando regrese de París, donde se encuentra junto al ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, en la reunión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
