Caminó más de 300 kilómetros reclamando justicia y logró activar una causa que estaba estancada

Mariana Aranda exigía avances en la investigación por las muertes de su hija, Valentina Cabana, y su nieta, Isabelle Evangeline, durante una cesárea en una clínica de Tartagal. Tras su reclamo, la Procuración autorizó la intervención de una fiscalía especializada.

Cada kilómetro recorrido tuvo un sentido. Bajo el sol, a la vera de la ruta y con una foto de su hija en las manos, Mariana Aranda avanzó más de 300 kilómetros desde General Enrique Mosconi hasta la ciudad de Salta con un solo objetivo: visibilizar su reclamo por un caso de presunta mala praxis.

Le llevó más de una semana. Mariana pedía respuestas a la Justicia por las muertes de Valentina Cabana, su hija, y de Isabelle Evangeline Cabana, su nieta, fallecidas en octubre del año pasado durante una cesárea en la clínica San Antonio de Tartagal. La familia asegura que, pese al tiempo transcurrido, la investigación no había logrado esclarecer qué ocurrió dentro del quirófano ni si existieron responsabilidades penales.

Mariana Aranda fue recibida por el procurador general de Salta, Pedro García Castiella.

El martes 16 de junio, Mariana fue recibida por el coordinador general de fiscales del Ministerio Público Fiscal, Pablo Rivero, junto a sus asesores legales. Allí expuso sus cuestionamientos sobre el estado del expediente y reclamó medidas que permitieran destrabar la investigación.

Tres días después, el viernes 19, su planteo llegó al despacho del procurador General de Salta, Pedro García Castiella, quien mantuvo un encuentro con la madre de Valentina y abuela de Isabelle.

Tras analizar las actuaciones ya incorporadas a la causa, el Procurador firmó la Resolución N° 1739/26, mediante la cual dispuso la intervención de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas N° 1 del Distrito Judicial Centro.

Valentina Cabana tenía 15 años cuando falleció en medio de una cesárea en la clínica San Antonio de la localidad salteña de Tartagal.

Un nuevo fiscal

Con la resolución, el expediente quedó bajo la órbita del fiscal penal Santiago López Soto, quien deberá evaluar el material ya reunido y definir nuevas medidas de prueba.

Entre otras cosas, analizar historias clínicas, protocolos médicos, pericias y testimonios que podrían resultar claves para determinar si las muertes de Valentina e Isabelle fueron consecuencia de una complicación inevitable o no.

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