Un decreto porteño obliga a garantizar entre el 50% y el 75% de la prestación durante las huelgas. La medida se apoya en la Ley de Modernización Laboral y anticipa nuevos debates judiciales sobre los límites del derecho de huelga.
La ciudad de Buenos Aires dio el primer paso para trasladar a la práctica uno de los aspectos más controvertidos de la Ley de Modernización Laboral: la obligación de mantener servicios mínimos durante los conflictos colectivos de trabajo.
A través de un decreto firmado por el jefe de Gobierno, Jorge Macri, las empresas que prestan servicios de transporte público y recolección de residuos deberán garantizar niveles mínimos de funcionamiento aun cuando se desarrollen medidas de fuerza gremiales. La prestación deberá mantenerse en porcentajes que oscilan entre el 50% y el 75%, según la actividad involucrada.
La decisión se presenta como una aplicación concreta de las modificaciones introducidas por la Ley 27.802 al régimen de conflictos colectivos de trabajo y constituye uno de los primeros intentos de implementación local de una reforma que todavía genera fuertes cuestionamientos desde distintos sectores sindicales.
El alcance del decreto
La norma considera a la recolección de residuos como un servicio esencial, por lo que deberá garantizar una cobertura mínima del 75% de su operatividad durante las huelgas.
En cambio, el transporte público de pasajeros -colectivos bajo jurisdicción porteña, subtes y Premetro- fue encuadrado como una actividad de importancia trascendental, categoría que exige una prestación mínima del 50%.
La aplicación será individual para cada línea de transporte alcanzada y quedará bajo supervisión de la Secretaría de Trabajo y Empleo de la Ciudad. A su vez, Subterráneos de Buenos Aires (SBASE) y la concesionaria Emova deberán definir los mecanismos operativos necesarios para asegurar el cumplimiento de los porcentajes establecidos.
Al anunciar la medida, Jorge Macri sostuvo que el objetivo es impedir que los conflictos gremiales paralicen servicios considerados estratégicos para la vida urbana.
El respaldo de la Ley 27.802
El decreto encuentra su fundamento en la reforma introducida por la Ley de Modernización Laboral al artículo 24 de la Ley 25.877.
La nueva normativa redefinió el concepto de servicios esenciales y creó una segunda categoría denominada actividades de importancia trascendental. Para ambos casos estableció pisos mínimos de funcionamiento durante las medidas de fuerza.
La ley dispone que en los servicios esenciales no podrá acordarse una cobertura inferior al 75% de la prestación habitual. Entre ellos se encuentran la salud, la provisión de agua, energía, telecomunicaciones, educación, seguridad privada y recolección de residuos.
Por su parte, las actividades de importancia trascendental deberán mantener al menos el 50% de su funcionamiento. Allí fueron incluidos el transporte terrestre y subterráneo de pasajeros, los servicios financieros, la producción de medicamentos, la industria alimenticia y otras actividades consideradas estratégicas.
La reforma también facultó a una Comisión de Garantías para incorporar nuevas actividades a estas categorías cuando una interrupción pudiera afectar la salud, la seguridad o el abastecimiento de la población.
Nuevas reglas para la protesta sindical
Además de fijar porcentajes mínimos de prestación, la ley incorporó obligaciones procedimentales para las organizaciones sindicales.
Las medidas de fuerza deberán ser notificadas con cinco días de anticipación y las partes tendrán que acordar cómo se garantizarán los servicios mínimos. En caso de desacuerdo, la autoridad de aplicación podrá intervenir y definir las condiciones de funcionamiento.
La norma también endureció las consecuencias frente a determinadas conductas sindicales. Entre las denominadas prácticas desleales se incluyeron los bloqueos, las ocupaciones de establecimientos y las acciones destinadas a impedir el ingreso o egreso de personas y mercaderías.
Las sanciones previstas contemplan multas económicas de magnitud e incluso la posibilidad de afectar la personería gremial en casos de reincidencia.
Un debate que llegará a los tribunales
Más allá de su implementación administrativa, el decreto porteño reabre una discusión jurídica de fondo: hasta dónde puede avanzar el Estado en la regulación del derecho de huelga sin afectar garantías constitucionales y compromisos internacionales asumidos por la Argentina.
Para sus impulsores, la medida busca equilibrar el ejercicio de la protesta con derechos igualmente protegidos, como la circulación, la salud y el acceso a servicios esenciales. Para sus detractores, en cambio, constituye una restricción que altera el núcleo mismo de la libertad sindical.
La reglamentación firmada por Jorge Macri convierte a la Ciudad en el primer escenario donde comenzará a medirse el alcance real de la reforma laboral. Y probablemente también en el primer distrito donde sus efectos terminen siendo discutidos en los tribunales.
