Una ex empleada del Ministerio de Salud de San Juan deberá reintegrar más de $4,2 millones -con intereses podría superar los 14 millones- tras haber seguido percibiendo su sueldo estatal después de jubilarse. Para la Cámara Civil, la buena fe alegada por la mujer no la exime de la obligación de devolver el dinero.
Durante más de nueve años, una jubilada siguió cobrando su sueldo pese a que había dejado de trabajar. Lo hizo hasta que saltó el error e intervino la Fiscalía de Estado. Ahora, la Justicia decidió que la mujer debe devolver todo el dinero que cobró indebidamente desde 2013 hasta 2022.
Esmeralda Victoria se jubiló del Ministerio de Salud de San Juan el 12 de noviembre de 2013, luego de acceder al beneficio jubilatorio, según reveló el sitio local 0264noticias.com.ar. Sin embargo, por una falla en el circuito de liquidaciones, el Estado provincial continuó acreditándole el salario mensual correspondiente a su antiguo empleo.
Cuando la irregularidad fue detectada, la Fiscalía de Estado avanzó con un reclamo formal para recuperar el dinero. La demanda prosperó en primera instancia y luego fue ratificada por la Sala I de la Cámara Civil, integrada por los jueces Sergio Saffe, Abel Soria y Carlos Fernández Collado.
El monto reconocido en el expediente asciende a 4.209.270 pesos, cifra a la que deberán sumarse intereses hasta el pago total. Según explicó Saffe, con la actualización correspondiente la deuda “debe estar con interés de tasa pasiva, superando los 14 millones en total”.
La mujer sostuvo en su defensa que nunca actuó con intención de quedarse con dinero ajeno. Alegó que creyó que esos depósitos podían corresponder a diferencias salariales por una recategorización pendiente o al programa de reparación histórica para jubilados. Pero el tribunal consideró que esa explicación no alteraba el núcleo del caso.
“Es la plata de todos nosotros”
En una entrevista con el programa Demasiada Información de 0264Radio, el juez Sergio Saffe explicó que la discusión central no giró sobre la existencia del error administrativo -que nadie negó- sino sobre la obligación de restituir fondos públicos cobrados sin causa legal.
“La plata que la señora recibió es la plata de todos nosotros. La plata de los oyentes, la plata de ustedes, la mía propia, de los impuestos y aportes que hacemos hacia la sociedad”, afirmó el magistrado al explicar el criterio adoptado por la Cámara.
Para el tribunal, el principio aplicable fue el del enriquecimiento sin causa: nadie puede conservar un beneficio patrimonial cuando no existe una razón jurídica que lo justifique.
En ese sentido, Saffe fue categórico: “La buena fe con la que quizás la señora se manejó no convierte en lícita la suma de dinero que percibía incorrectamente”.
El camarista argumentó esa idea con un ejemplo sencillo: en una relación laboral, el salario tiene como contraprestación el trabajo prestado. En este caso, dijo, esa contraprestación ya no existía.
“No había contraprestación ni nada que la señora hubiese aportado al Estado y que justificara que el dinero quedara en su poder sin una causa lícita alguna”, remarcó.
Un acuerdo frustrado
Otro punto que pesó en la resolución fue la conducta de la demandada. Según detalló el camarista, la jubilada no reaccionó cuando la administración advirtió el error y comenzó a intimarla formalmente.
“La administración, cuando advierte el error, le cursa dos comunicaciones por carta documento, pero nada dijo al respecto”, reveló.
El magistrado también señaló que la mujer tampoco contestó oportunamente la demanda judicial y que, incluso, llegó a aceptar inicialmente un plan de pago negociado con Fiscalía de Estado antes de dar marcha atrás tras cambiar de abogado.
“Se llegó a un acuerdo con Fiscalía de Estado donde reconocía el deber de reintegrar la suma de dinero. Después cambió de abogado, dio marcha atrás y dio por caído el acuerdo”, explicó.
Esa secuencia resultó relevante porque, para la Cámara, la demandada sí tuvo oportunidades concretas de defenderse tanto en sede administrativa como judicial.
Aunque la sentencia obliga a la devolución total, el propio juez aclaró que la modalidad de pago aún podrá ser negociada con la Fiscalía de Estado, teniendo en cuenta la situación personal de la mujer.
“Los adultos mayores hoy están en situación de vulnerabilidad”, reconoció Saffe, aunque aclaró que esa circunstancia no la exime de pagar la deuda.
