El juez de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti defendió el fallo que dejó firme la condena contra la ex presidenta en la causa Vialidad y rechazó que exista margen para revisar la sentencia. También habló sobre las vacantes en el máximo tribunal y el sistema de selección de jueces.
La condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra Cristina Kirchner reinstaló el debate sobre los límites entre la justicia y la política. En ese contexto, el juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti fue categórico al referirse a la situación judicial de la ex presidenta: “Nosotros no podemos opinar sobre el fallo porque ya lo dictamos”, respondió y enseguida explicó que “desde el punto de vista jurídico, el tema está terminado. No hay más nada que decir”.
De esa manera, respondió a los planteos surgidos en las últimas semanas desde sectores del peronismo, donde algunos dirigentes deslizaron la posibilidad de revisar la condena o incluso impulsar un eventual indulto.
“Obviamente yo entiendo a quienes están disconformes, pueden criticar el fallo, pueden manifestar sus opiniones, pero el proceso está terminado. No hay mucho más que decir. No veo que haya ninguna otra cuestión”, sostuvo durante una entrevista en el programa Solo una vuelta más, emitido por el canal de noticias TN.
El magistrado también pidió prudencia frente a discursos que, según planteó, pueden erosionar la confianza en el Poder Judicial. Para Lorenzetti, el problema excede el caso puntual de Cristina.
“Tenemos que ser cuidadosos en proteger las instituciones, porque las instituciones han sido creadas para tutelar a los débiles frente a los fuertes. Si las vivimos desprestigiando, en definitiva lo que logramos es debilitar a la gente común, que no tiene quién la proteja”, afirmó.
“Es un problema penal”
En otro tramo de la entrevista, Lorenzetti rechazó de plano las interpretaciones que presentan la condena a la ex Presidenta como parte de una persecución política o una maniobra de proscripción.
“No es bueno en ningún país del mundo el encarcelamiento de una dirigente o de un ex Presidente, porque es una tragedia institucional. Pero este es un problema penal: nosotros juzgamos delitos. No es un problema vinculado a la política, no es un golpe de Estado, nada de eso”, respondió.

El juez también buscó reforzar la legitimidad del proceso al recordar quiénes intervinieron en distintas etapas de la causa. “La mayoría de los jueces que intervinieron fueron designados o ascendidos, incluso los fiscales, durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner”, señaló, en una referencia directa a los cuestionamientos sobre la supuesta parcialidad del tribunal.
Además, explicó que el expediente llegó a la Corte a través de un recurso limitado en su alcance y aclaró que el máximo tribunal no revisó nuevamente el fondo de la condena.
“Cuando llega a la Corte, llega una parte muy pequeña, porque la Cámara de Casación no concedió el recurso extraordinario. Lo que llega a la Corte es un recurso de queja, y la Corte lo rechaza por falta de fundamentación, es decir, por defectos en la presentación”, detalló.
Las vacantes en la Corte
Con una Corte funcionando con apenas tres integrantes, Lorenzetti reconoció que le cuesta explicar en el exterior lo que pasa con el máximo tribunal en la Argentina. “No es normal que tengamos tres miembros en la Corte. Me cuesta explicar en el exterior que somos tres”, aseguró.
Según planteó, el máximo tribunal necesita recuperar diversidad y volumen de integración para sostener su funcionamiento y legitimidad. “Nosotros somos tres y la mayoría son tres, o sea, nos ponemos de acuerdo siempre, por eso creo que la Corte necesita diversidad”, indicó.
Lorenzetti también se refirió al sistema de selección de jueces. Y apuntó contra prácticas que, según describió, erosionan la independencia judicial al priorizar vínculos personales o políticos por sobre el mérito. “El problema es que cuando hay concursos, esos concursos son manipulados”, advirtió.
El juez describió un esquema en el que muchos aspirantes sienten la necesidad de conseguir respaldo político para avanzar en sus carreras. “Hay un modelo en el cual el candidato o la candidata tiene que tener un padrino o una madrina y recorrer distintos sectores para que lo apoyen”, afirmó.

Para Lorenzetti, esa lógica genera jueces condicionados desde su origen. “Ese modelo no promueve incentivos para que el juez sea imparcial, porque necesita que lo protejan, que lo apadrinen”, sostuvo.
También cuestionó maniobras en los rankings de mérito dentro de los concursos. “No puede ser que alguien salga vigésimo y después aparezca tercero”, graficó.
“Los jueces tienen que hablarle a la sociedad”
Lorenzetti también defendió un rol más activo de la Corte en el debate público y rechazó la idea de un Poder Judicial encerrado en sí mismo. “Los jueces tienen que hablarle a la sociedad. Cuando no lo hacen, se aislan y las instituciones pierden credibilidad y se distancian de la vida”, sostuvo.
En esa línea, reivindicó la necesidad de fortalecer institucionalmente al Poder Judicial frente a los avances de otros poderes.
“Los derechos de las personas son protegidos por una Corte independiente, no por una Corte claudicante o que no diga nada o que sea silenciosa”, remarcó.
El magistrado también vinculó el deterioro de la independencia judicial con procesos de erosión democrática observados a nivel internacional. Según su análisis, el debilitamiento institucional suele comenzar con ataques a la Justicia y a la libertad de expresión, antes de impactar sobre el sistema democrático en su conjunto.
Por eso insistió en que cubrir vacantes y mejorar los mecanismos de selección de jueces no es un debate técnico menor, sino una discusión central para el funcionamiento del Estado de Derecho.
