El juicio oral por el hundimiento del ARA San Juan atraviesa sus jornadas finales. Luego de más de cuatro meses de audiencias, el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz se encuentra en condiciones de ingresar en la etapa previa al veredicto, en un proceso que busca determinar las responsabilidades penales por la tragedia ocurrida el 15 de noviembre de 2017, cuando murieron los 44 tripulantes del submarino.
La causa llegó a esta instancia luego de una extensa investigación iniciada en el Juzgado Federal de Caleta Olivia. Durante la instrucción, la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia confirmó el procesamiento de cuatro exoficiales de la Armada por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de deberes del oficio y estrago culposo agravado por el resultado de muerte. Al mismo tiempo, dispuso el sobreseimiento de otros funcionarios y ordenó profundizar la investigación respecto de las máximas autoridades políticas y militares de la época, aunque finalmente el debate oral quedó circunscripto a cuatro mandos navales.
Las acusaciones
En el banquillo de los acusados se encuentran Luis Enrique López Mazzeo, Claudio Javier Villamide, Héctor Aníbal Alonso y Hugo Miguel Correa, quienes ocupaban cargos de conducción dentro de la Fuerza de Submarinos al momento del naufragio.
El Ministerio Público Fiscal sostiene que autorizaron la navegación del ARA San Juan pese a que el submarino presentaba deficiencias de mantenimiento y un nivel de alistamiento insuficiente para cumplir la misión encomendada. Por ese motivo solicitó penas que van desde tres años y seis meses hasta cinco años de prisión e inhabilitación especial perpetua. Las querellas, en tanto, reclamaron la pena máxima prevista para estos delitos: cinco años de prisión y diez años de inhabilitación.
La estrategia de las defensas
Las defensas rechazaron de manera categórica las imputaciones y sostuvieron que no existe prueba suficiente para atribuir responsabilidad penal a sus asistidos.
Uno de los principales argumentos gira en torno a la imposibilidad de determinar con certeza cuál fue el mecanismo que produjo la pérdida del submarino. Según esa postura, existe un período de aproximadamente dos horas entre la última comunicación del ARA San Juan y el evento hidroacústico registrado posteriormente durante el cual no fue posible reconstruir técnicamente lo ocurrido.
Los defensores también cuestionaron la ausencia de pericias integrales sobre los restos del submarino y señalaron que nunca pudo establecerse científicamente cuál fue la causa física exacta del hundimiento. A ello sumaron que el comandante de la unidad era, conforme a los reglamentos navales, quien tenía la facultad final para decidir si el buque estaba en condiciones de navegar.
La semana clave
El cronograma judicial concentró las últimas actuaciones durante la primera semana de julio. El lunes concluyeron los alegatos defensivos, mientras que el tribunal reservó una audiencia para resolver los planteos de nulidad formulados por las defensas respecto del alegato fiscal.
Ese planteo podría tener un impacto significativo en el proceso: si prosperara, la acusación del Ministerio Público Fiscal quedaría sin efecto y los imputados podrían resultar absueltos por cuestiones estrictamente procesales.
Superada esa instancia, el tribunal escuchará las últimas palabras de los acusados antes de clausurar el debate y comenzar la deliberación.
Aunque existe expectativa por un pronunciamiento inmediato, el Código Procesal Penal habilita a los jueces a tomarse un plazo mayor para elaborar la sentencia. En cualquiera de los escenarios, los fundamentos completos del fallo serían dados a conocer semanas después del veredicto.
Un fallo con impacto institucional
Más allá de la eventual responsabilidad penal de los cuatro acusados, la sentencia tendrá consecuencias institucionales para la Armada.
Desde distintos sectores militares se advierte que una condena podría fijar un precedente respecto de la responsabilidad penal de quienes intervienen en la planificación y autorización de operaciones navales desde los niveles de conducción. Las querellas, por el contrario, sostienen que el juicio no cuestiona a la institución sino las decisiones concretas de quienes autorizaron la navegación de un submarino que, según la acusación, presentaba graves falencias de mantenimiento.
Las deudas pendientes
Uno de los aspectos que continúa generando debate es la falta de una pericia integral sobre las imágenes y videos obtenidos tras el hallazgo de los restos del ARA San Juan.
Diversos familiares de las víctimas y especialistas sostienen que esa prueba habría permitido avanzar en la determinación de la causa mecánica del hundimiento. Las defensas, en cambio, utilizaron precisamente esa ausencia como uno de los ejes de su estrategia para cuestionar la acusación.
A ello se suma el antecedente del cierre definitivo de la causa por el presunto espionaje ilegal a familiares de los tripulantes, lo que profundizó el sentimiento de frustración de parte de los allegados de las víctimas respecto del recorrido judicial de uno de los episodios más dolorosos de la historia reciente argentina.
Con el debate oral prácticamente concluido, el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz se prepara para dictar un fallo que pondrá fin a uno de los procesos judiciales más complejos vinculados a la tragedia del ARA San Juan y definirá si existieron responsabilidades penales por la pérdida del submarino y de sus 44 tripulantes.
