El contador Mariano Barbieri, único testigo de esta jornada de la causa “Cuadernos”, declaró que el equipo de la ex AFIP que supervisó encontró coincidencias entre los dichos del arrepentido financista Ernesto Clarens, quien denunció que las empresas les pagaban sobornos a los funcionarios del kirchnerismo, y la información surgida de los informes bancarios sobre cobros de cheques y extracciones de efectivo por ventanilla. Las defensas se enfocaron en la falta de datos de los informes y en la posibilidad de que esos montos hubiesen sido destinados a otros fines.
Ante el desestimiento por parte de la fiscalía a cargo de Fabiana León de dos de los tres testigos previstos para la audiencia de hoy en el juicio en el que se investiga una presunta trama de corrupción entre empresarios que habrían pagado coimas a funcionarios del kirchnerismo a cambio de obtener licitaciones en distintos rubros de la obra pública, el contador Mariano Barbieri fue el único supervisor de la ex AFIP que declaró.
Explicó que en 2018 era supervisor de investigación en la Dirección de Investigación Regional de La Plata del organismo recaudador y que su equipo de trabajo estuvo a cargo de constatar si las denuncias de Ernesto Clarens se compadecían con la información de los bancos con los que operaban las empresas señaladas como pagadoras de sobornos.
Barbieri reseñó que el oficio emitido por el entonces juez Claudio Bonadio les indicaba que compararan las cifras que según Clarens las empresas les habían pagado a los funcionarios en determinado día y que compararan esa información con la proporcionada por los bancos con los que ellas operaban.
“Establecimos un protocolo para pedir los movimientos de las cuentas a los bancos en base a la empresa, la fecha y el importe. Pedimos los resúmenes de cheques cobrados por ventanilla o extracciones en efectivo y los analizábamos para informar si en la fecha que decía el oficio había un movimiento por ese mismo importe”, recordó el contador.
Consultado acerca de si encontraron coincidencias entre esos datos y las afirmaciones de Clarens respondió “en algunos casos, sí, en otros no”. Barbieri añadió que cuando las cifras divergían, acompañaban el informe con la información proporcionada por los bancos “hasta 30 días antes, ese fue un protocolo que estableció el grupo de trabajo”. Además, se toparon con la dificultad de que en muchos casos las entidades bancarias no aportaron la información solicitada. “Cuando sucedía eso, lo dejábamos asentado en el informe”, agregó.
En varias empresas la ex AFIP encontró que las fechas señaladas por Clarens eran las mismas en las que se cobraban cheques o se extraía efectivo por caja. Barbieri puso de relieve ante preguntas de la fiscalía, que en un mismo día podían realizarse varios cobros de cheques correlativos, a cargo de un empleado, un apoderado, o incluso el titular de la compañía.
En uno de los cuadros la ex AFIP asentó que en ese momento, las normas del Banco Central impedían que se retiraran cifras superiores a 50 mil pesos, como medida de prevención contra el lavado de activos. El funcionario dijo que sí hubo varios retiros de cifras apenas menores que ese tope en un mismo día. Consultado por la UIF, supuso que podía haber sido para eludir esas limitaciones, aunque aclaró que era una suposición que no estaba dentro de lo que el oficio judicial le indicaba informar.
Las defensas, la caja chica y las operaciones de cambio
Los abogados defensores le preguntaron a Barbieri si no era posible que esas extracciones fueran destinadas a caja chica o a un monto fijo para el pago de “un asado, combustible, neumáticos, un viático”, a lo que el contador respondió que no podía saberlo, porque el oficio de Bonadio no los autorizaba a indagar el destino de los fondos una vez retirados de la ventanilla.
Tampoco pudo responder si era o no factible que el dinero se hubiese utilizado en operaciones cambiarias a través del MEP, el MULC, el contado con liquidación, o el pago de préstamos de la empresa, otorgados por el mismo banco, y admitió que en el caso de Rovella-Carranza, ignoraban si las sucursales de donde se había retirado efectivo eran cercanas a obras que estuviese desarrollando la empresa.
No obstante, resaltó que en el caso de que esos hubiesen sido los destinos finales de los fondos retirados por caja, deberían haber quedado registrados, bancarizados, pero también reconoció que ese seguimiento no había sido desarrollado por la ex AFIP porque la manda judicial no lo requería.
Consultado por Germán Castelli, uno de los integrantes del TOCF 7, junto con Enrique Méndez Signori y Fernando Canero, Barbieri aseguró que insistieron todo lo que les fue posible para que los bancos enviaran la información solicitada por el juzgado, pero al acercarse la fecha de entrega del informe pedido por Bonadio, “lo único que pudimos hacer fue dejar constancia de que no nos habían respondido”.
El tribunal decidió pasar a un cuarto intermedio hasta mañana a las 9 de la mañana, cuando continuarán declarando los testigos de la ex AFIP.
