Alberto Beraldi, Javier Borrego y Rafael Valim explicaron por qué consideran que en la causa Vialidad se vulneraron garantías fundamentales y defendieron la presentación ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
La estrategia judicial internacional de la defensa de Cristina Kirchner dio este martes un nuevo paso. Los abogados Alberto Beraldi, Javier Borrego y Rafael Valim brindaron una conferencia de prensa para explicar los fundamentos de la comunicación individual presentada ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, con sede en Ginebra, luego de considerar agotadas todas las instancias judiciales disponibles en la Argentina.
La presentación estuvo precedida por una extensa carta abierta difundida por la ex Presidenta, titulada El costo democrático de la politización de la justicia, en la que sostuvo que la condena dictada en la causa Vialidad constituye un caso de persecución política y de utilización del sistema judicial para excluirla de la competencia electoral.
La carta de Cristina: “La verdad tiene una fuerza que ninguna sentencia injusta podrá derrotar”
En su escrito, Cristina Kirchner aseguró dirigirse a la ciudadanía “con la serenidad de quien sabe que la verdad tiene una fuerza que ninguna operación política, ninguna campaña de difamación y ninguna sentencia injusta podrán derrotar para siempre”.
La ex mandataria sostuvo que las decisiones judiciales dictadas en su contra no obedecen a una valoración imparcial de los hechos, sino que responden a un sesgo de género y a un intento de condicionar la representación política que encabeza.
En ese contexto, planteó:
Ser la única mujer electa y reelecta Presidenta de la República Argentina y, al mismo tiempo, con los desastres que se han hecho a lo largo de la historia en nuestro país… ¿ser la única ex presidente condenada por la Corte Suprema? ¿En serio alguien puede pensar que eso es una casualidad?
Asimismo, vinculó la condena con la imposibilidad de competir electoralmente y afirmó:
La proscripción perpetua es, en realidad, la pena principal. La privación de la libertad por seis años es sólo la accesoria. Quieren impedir que una parte del pueblo argentino pueda volver a elegir libremente el proyecto que representa sus esperanzas.
La ex Presidenta también sostuvo que existe un patrón regional de utilización del sistema judicial contra dirigentes populares:
Cambian los países, cambian los nombres, cambian las circunstancias, pero el método es el mismo: convertir al Derecho y al Sistema de Justicia en un arma política para eliminar adversarios que no pudieron ser derrotados por el voto.
En ese marco recordó la presentación internacional realizada en 2022 por un grupo de juristas encabezado por Raúl Zaffaroni y confirmó que, para esta nueva etapa, se incorporaron los abogados Javier Borrego y Rafael Valim.
Respecto del alcance de la presentación ante Naciones Unidas, afirmó:
Ante ese Comité, todos los jueces argentinos que participaron en mi juzgamiento serán sometidos al escrutinio del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Allí deberán responder no ante un gobierno ni ante un partido político, sino ante los principios universales de independencia judicial, debido proceso, igualdad ante la ley y protección efectiva de los derechos fundamentales.
Finalmente, convocó a sus seguidores a “no bajar los brazos” y sostuvo que “muy pronto volveremos a encontrarnos. Volveremos a caminar juntos”.
Beraldi: “La decisión de la Corte abre ahora la discusión internacional”
El abogado Alberto Beraldi fue el encargado de reconstruir el recorrido procesal que derivó en la presentación ante la ONU.
Recordó que el 10 de junio de 2025 la Corte Suprema rechazó el último recurso de queja presentado por la defensa, agotando definitivamente la vía judicial interna en la causa Vialidad.
A partir de allí, explicó:
Esa decisión de la Corte Suprema tiene un efecto paradojal, porque si bien ha cerrado la discusión en el orden interno, permite ahora que sea discutida en el orden internacional en virtud de los compromisos que ha suscrito nuestro país en esta materia y que son ley suprema. En este caso particular, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Según Beraldi, el máximo tribunal rechazó el recurso extraordinario sin analizar las cuestiones de fondo, dejando sin respuesta diversas afectaciones a garantías constitucionales.
En ese sentido sostuvo:
“Se habían violado las garantías de la defensa en juicio en todas sus dimensiones, se había violentado el principio de ser juzgado por jueces imparciales también en todas sus instancias, se había descartado el valor de la cosa juzgada porque ya este caso había tenido una decisión judicial que descartaba el carácter delictivo y fundamentalmente, y esta es la cuestión quizás más problemática, es que se estaba condenando a una persona inocente por un delito que de ninguna manera ni en términos jurídicos podía cometer”.
Borrego: la perspectiva de género y el planteo técnico ante Naciones Unidas
El jurista español Javier Borrego, ex juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, explicó los fundamentos técnicos de la presentación realizada en Ginebra conforme al artículo 5.2 del Protocolo Facultativo.
Durante su exposición puso especial énfasis en lo que consideró un sesgo de género presente durante todo el proceso.
Al respecto señaló:
Cristina Fernández Kirchner ha conocido cuatro instancias, jueces y fiscales, no ha coincidido con ninguna mujer fiscal ni juez. Es un detalle… está ahí”.
También utilizó una comparación para ilustrar las limitaciones técnicas de la presentación ante el Comité de Derechos Humanos.
El Tribunal Oral Federal en su sentencia de condena escribió 1.616 folios o páginas. Pero es que cuando llegó la Cámara de Casación, 1.543. Si tuvieran que hacer un día una comunicación a Naciones Unidas y online meter 3.000 caracteres, 2.000 caracteres, lo pasarían francamente mal.
Borrego remarcó además que acudir a organismos internacionales constituye un mecanismo previsto por la Constitución Nacional y recordó precedentes de cumplimiento de decisiones internacionales por parte de distintos Estados.
Valim: “No queremos un tratamiento de excepción”
El abogado brasileño Rafael Valim respaldó el trabajo realizado por la defensa argentina y afirmó que la presentación internacional constituye el ejercicio de un derecho reconocido tanto por los tratados internacionales como por la Constitución Nacional.
En ese sentido afirmó:
Esta comunicación individual presentada a Naciones Unidas no es un acto de agresión a la Argentina o al sistema judicial argentino, es un hecho natural previsto no solamente en el tratado que fue libremente ratificado por Argentina, sino que en la Constitución argentina tiene rango constitucional.
Valim destacó que los abogados actúan en calidad de defensores técnicos y no como militantes políticos.
Además sostuvo:
No queremos un tratamiento de excepción, queremos que una ciudadana argentina tenga sus derechos respetados y por eso ponemos bajo escrutinio de un organismo internacional cuyas decisiones son vinculantes en Argentina para que evalúen lo que han hecho los fiscales, las autoridades argentinas en este caso.
El letrado explicó que el Comité de Derechos Humanos puede condenar al Estado argentino, ordenar la revisión de las decisiones judiciales, reconocer las violaciones denunciadas y adoptar las medidas cautelares solicitadas por la defensa.
Finalmente, al comparar el caso con la presentación realizada en su momento por Luiz Inácio Lula da Silva, aclaró que ambos expedientes llegaron al mismo organismo internacional, aunque mediante recorridos procesales diferentes. También estimó que las medidas cautelares podrían resolverse “en cuestión de meses”, mientras que una decisión de fondo demandaría “algunos años”.
