El senador Maximiliano Abada presentó un proyecto de ley que financiar con aportes privados a clubes y entidades deportivas.
La situación de los clubes de barrio en particular y del deporte en general en la Argentina no escapa a la crisis. En ese marco, desde el Congreso de la Nación, el senador Maximiliano Abad impulsa un proyecto de ley que crea el Régimen Nacional de Mecenazgo Deportivo, con el objetivo de tender puentes entre el Estado y el sector privado para financiar el crecimiento del sistema deportivo nacional.
La iniciativa, que fue presentada en la mesa de entradas durante las últimas horas, establece un marco legal para que personas humanas y empresas financien proyectos de infraestructura, equipamiento y programas sociales a cambio de incentivos fiscales. Bajo la órbita de la Subsecretaría de Deportes de la Nación, el sistema busca modernizar los espacios de entrenamiento y consolidar a los clubes de barrio como pilares de la comunidad.
Un puente entre el capital privado y el desarrollo social
El núcleo de la propuesta radica en la figura del “mecenas”. Según el texto, este rol consiste en “el acto de patrocinar y sustentar actividades deportivas mediante aportes de dinero o bienes, sin fines de lucro para el aportante”. Los beneficiarios directos incluyen instituciones sin fines de lucro, clubes de barrio y de pueblo, así como deportistas amateurs y de alto rendimiento.
En sus fundamentos, Abad destaca la urgencia de esta medida: “La realidad indica que muchas de estas instituciones, así como los deportistas amateurs o de alto rendimiento, enfrentan serias dificultades para mantener su infraestructura o acceder a equipamiento y capacitación de nivel que les permita desarrollar su destreza”.
El proyecto detalla con precisión el destino de los fondos. Las inversiones cubrirán desde la construcción y refacción de instalaciones hasta la adquisición de indumentaria y el desarrollo de programas de deporte femenino y adaptado. De esta forma, el deporte se posiciona como una herramienta de equidad. El texto resalta que la iniciativa “garantiza que el deporte sea un derecho accesible para todos los ciudadanos” mediante el apoyo a la inclusión de personas con discapacidad.
Incentivos claros y control riguroso
Para atraer la inversión privada, la ley propone beneficios impositivos significativos. Las personas humanas podrán deducir del Impuesto a las Ganancias hasta un 5% de la ganancia neta del ejercicio. Por su parte, las empresas podrán deducir hasta un 50% del total de su facturación, siempre que ese importe no supere el 10% de su ganancia neta.
Sin embargo, el beneficio fiscal conlleva un estricto sistema de control. El proyecto impone sanciones severas para evitar irregularidades. Aquellos beneficiarios que desvíen los fondos de su destino original enfrentarán multas equivalentes al doble del monto recibido y una inhabilitación por diez años. Del mismo modo, las empresas que utilicen el sistema de forma fraudulenta recibirán sanciones penales y administrativas.
Abad defiende la eficiencia del modelo y aclara: “Esta iniciativa no debe considerarse como un gasto fiscal, sino más bien como una manera de convertir obligaciones tributarias en inversión social directa sobre el objeto del proyecto, que es el desarrollo deportivo”.
Salud pública y referentes globales
El impacto del proyecto trasciende lo estrictamente deportivo. El texto sostiene que el fomento de la actividad física reduce el riesgo de enfermedades no transmisibles, como las cardiopatías y la diabetes. Según sus fundamentos, “cualquier iniciativa que fomente el deporte permitirá reducir tales enfermedades y los gastos orientados a sus tratamientos”, lo cual representa un alivio para el sistema de salud pública.
La propuesta nacional toma como base experiencias exitosas en provincias como Chaco, Entre Ríos y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde regímenes similares multiplicaron la inversión en infraestructura sin afectar las arcas públicas. Asimismo, el proyecto toma como referencia modelos implementados en Francia, Brasil y Perú, países que fortalecieron el financiamiento del deporte mediante esquemas de cooperación público-privada.
En la conclusión de sus fundamentos, el legislador subraya el rol esencial de los clubes en la estructura social argentina. Define a estas entidades como espacios que promueven valores como el respeto, el trabajo en equipo y la resiliencia. El proyecto, en esencia, busca proteger y potenciar uno de los núcleos fundamentales de la sociedad argentina.
