Con una mayoría en duda para el capítulo sobre la Ley de Tierras, la solicitud de la legisladora mendocina para votar a distancia por su embarazo pone en tensión el reglamento del Senado y los derechos políticos de representación.
El próximo jueves 6 de agosto el Senado acaparará las miradas. Eso no es novedad. Se sabe, habrá tensión adentro y movilización afuera. El debate sobre la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada llega al recinto y el capítulo sobre la derogación de la Ley de Tierras divide aguas y despierta pasiones.
Más allá de ese escenario que ya de asumía complejo, el pedido de la senadora Anabel Fernández Sagasti para sesionar de manera remota debido a una recomendación médica vinculada al curso de un embarazo de 32 semanas sumó un ingrediente que abre una discusión reglamentaria y la posibilidad de una judicialización posterior.
Una votación con final abierto
El recinto abrirá sus puertas el próximo jueves poco después del mediodía para tratará el proyecto impulsado por el Ejecutivo de “Inviolabilidad de la Propiedad Privada”. El texto llega con dictamen de comisión y cambios de último momento, pero el Gobierno aún exhibe dudas para consolidar una mayoría sólida. Hasta el cierre de esta nota el oficialismo fuera de micrófono reconocía que tenía la mayoría para le ley en general, pero aún le faltaban votos para el capítulo de la ley de tierras. En este escenario de paridad extrema, la banca de la legisladora mendocina resulta determinante para el conteo final; su ausencia podría alterar drásticamente todo el escenario.
Dede el peronismo que se encolumna detrás de José Mayans en el Senado aseguran que tienen entre 34 y 35 votos para el rechazo. En ese marco, trabajan para conseguir los dos votos restantes que darían por caída la ley. Así las cosas, todo depende de las negociaciones de último momento. El resto son especulaciones.
El pedido de Sagasti y los derechos políticos
Sagasti atraviesa la semana 32 de su embarazo y posee una recomendación médica que impide su traslado al Congreso. A través de sus redes sociales, la legisladora expuso su presente y anticipando lo que podía llega a pasar dejó la duda respecto de que podría hacer la Cámara alta ante su pedido. “¿Me van a dejar sin votar por estar embarazada?”, posteó en sus redes sociales.
La dirigente señaló que “el Senado fue concebido para garantizar la igualdad entre las provincias. La distancia no puede convertirse en un obstáculo para ejercer la representación política cuando existen herramientas tecnológicas para resolverlo”.
Y en ese marco, agregó: “No pido un privilegio. Pido que se garantice la equidad federal. Mendoza tiene derecho a estar representada y yo tengo el deber de cumplir con el mandato que me confiaron sus ciudadanos”.
El marco legal: autonomía y precedentes
Más allá de las idas y vueltas por redes y de la discusión que se dará en el recinto, llegado el caso, la cuestión tiene un trasfondo jurídico complejo. La Constitución Nacional, en su artículo 66, otorga a cada Cámara la autonomía total para dictar su propio reglamento. Por su parte, el artículo 30 del Reglamento del Senado establece que los legisladores constituyen Cámara en la sala de sesiones, salvo en casos de “gravedad institucional”.
La Corte Suprema de Justicia ya fijó postura sobre este tema. En un fallo del 24 de abril de 2020, durante la pandemia, el máximo tribunal confirmó que el Senado posee plena potestad para interpretar su reglamento e implementar sesiones virtuales sin necesidad de intervención judicial. Marcado por la situación sanitaria, durante el 2020 y el 2021, la Cámara realizó decenas de sesiones remotas bajo decretos de presidencia que luego ratificó el pleno del cuerpo. Estos antecedentes fortalecen el reclamo de la senadora, aunque el sistema actual no prevé normas permanentes de teletrabajo para casos individuales fuera de emergencias colectivas.
Discriminación vs. Reglamento
En los pasillos del Congreso aseguran que la exclusión de Sagasti podría considerarse una restricción desproporcionada a sus derechos políticos y una forma de discriminación por su estado de gestación. En ese caso, la Cámara alta para exponerse ante un dilema: aplicar una lectura rígida de la presencialidad o adoptar una interpretación amplia que proteja el ejercicio del mandato. Está claro que cualquier decisión que tome el cuerpo debe garantizar la legitimidad, la transparencia y la validez del procedimiento parlamentario para evitar futuras impugnaciones.
Horas decisivas
Para el kirchnerismo, la virtualidad permite que Sagasti sostenga su presencia política en una discusión sensible y evita que una cuestión de salud neutralice su voto. Para el oficialismo, en cambio, la controversia reglamentaria amenaza con desviar el eje central de la ley y complicar la ya difícil búsqueda de consensos.
Si la Cámara autoriza el voto a distancia, Sagasti sumará su rechazo al proyecto oficialista desde su hogar. Si el rechazo al pedido prevalece, la banca quedará vacante en una sesión que puede definirse por una diferencia mínima.
Los cierto es que a 48 horas de la sesión aún no hay postura oficial. La decisión final descansa en la Presidencia del Senado o en la voluntad de los propios legisladores. La cuenta regresiva está en marcha.
