El Ministerio Público Fiscal, a través de la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN), registró 26 muertes de personas privadas de la libertad en el Servicio Penitenciario Federal (SPF) durante el primer semestre de 2026.
El dato surge del informe elaborado por el Área de Análisis Interdisciplinario del organismo, que desde 2013 releva de manera sistemática los fallecimientos en cárceles federales a partir de los partes de notificación remitidos por el SPF y su cotejo con otros organismos de monitoreo, entre ellos la Procuración Penitenciaria de la Nación.
La cifra del primer semestre de 2026 se inscribe en una tendencia ascendente de los últimos años. En 2025 se registraron 48 muertes en cárceles federales, un 20% más que en 2024, cuando se habían contabilizado 40. Los 26 casos notificados entre enero y junio de este año marcan, según el informe, un incremento sostenido de esos valores.
La mayoría de las muertes violentas son por ahorcamiento
PROCUVIN clasifica los fallecimientos en dos categorías: las muertes traumáticas que remiten a actos lesivos dirigidos a producir la muerte, con una causa externa identificable y las no traumáticas que resultan de padecimientos físicos o enfermedades diagnosticadas, aunque el informe aclara que esto no desconoce que el contexto en que se producen es “estructuralmente violento”.
Sobre el total del semestre, 17 muertes fueron no traumáticas y siete traumáticas (en dos casos no se determinó aún la causal). Los perfiles etarios de ambos grupos son marcadamente distintos: la media de edad de quienes murieron de forma no traumática fue de 57 años, mientras que entre las muertes traumáticas la media bajó a 35 años.
Dentro de las muertes traumáticas, el informe identifica los ahorcamientos como la causa principal: cinco de los siete casos, es decir, la gran mayoría. Le siguen una quemadura y una herida cortopunzante, con un caso cada una.
La concentración geográfica de estos episodios es notable: de los siete fallecimientos traumáticos del semestre, cinco ocurrieron en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, que además reúne cuatro de los cinco ahorcamientos registrados. El informe señala que este patrón “sugiere situaciones de alertas de salud mental o fallas en las medidas de resguardo físico dentro de los pabellones”.
En las muertes no traumáticas, en cambio, predominan las enfermedades infecciosas (seis casos), seguidas por fallas multiorgánicas y enfermedades cardiovasculares (tres casos cada una), accidentes cerebrovasculares (dos) y, con un caso cada una, enfermedades oncológicas, enfermedades crónicas como asma o diabetes, y un caso en el que la persona apareció muerta en su celda. La mayoría de estas muertes -15 de las 17- se produjeron en un hospital extramuros, tras el traslado de la persona detenida, y no dentro del establecimiento penitenciario.
Ezeiza, el punto más crítico del sistema
El Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza concentra 14 de las 26 muertes del semestre, más de la mitad (54%) del total. Le siguen el Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz y el CPF CABA (Devoto), con cuatro y tres casos respectivamente; la Unidad 6 de Rawson, también con tres; y, con un caso cada uno, el CPF III de Güemes (Salta) y la Unidad 11, Colonia Penal de Roque Sáenz Peña (Chaco).
A nivel regional, los establecimientos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) concentraron el 81% de los fallecimientos (21 de 26 casos), muy por encima de su participación en la población penal total, que según datos del propio SPF es del 54%.
Quiénes murieron: perfil demográfico
- Género: el 100% de los fallecidos fueron hombres.
- Nacionalidad: siete de los 26 fallecidos eran extranjeros (27% del total), un porcentaje que supera ampliamente el 16% que representan los extranjeros en la población carcelaria general. PROCUVIN señala que esto implica una “notoria sobrerrepresentación” de este grupo entre las víctimas.
- Tiempo de detención: el grupo con mayor cantidad de muertes según el tiempo transcurrido en encierro es el de quienes transitaban su primer año de detención, con 11 de los 26 casos (42%). Le siguen quienes llevaban entre dos y tres años detenidos (siete casos), entre uno y dos años (cuatro casos) y más de tres años (tres casos).
La mayoría no tenía condena firme
Otro de los datos que resalta el informe es la sobrerrepresentación de personas procesadas, sin condena firme, entre los fallecidos. El 58% de las víctimas (15 de 26) se encontraba en calidad de procesada al momento de morir, frente a un 38% (diez casos) que ya contaba con condena.
Esta proporción contrasta con la distribución de la población carcelaria total a junio de 2026, donde los procesados representan el 36% y los condenados el 64%. Es decir que quienes aún no tienen una sentencia firme mueren en una proporción bastante mayor a la que representan dentro del sistema.
