Juan López Torales está acusado por privación ilegal de la libertad agravada y falso testimonio por un episodio ocurrido durante una protesta en la Panamericana en 2014.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó un recurso presentado por la defensa de Juan López Torales, el comandante de Gendarmería conocido como el “gendarme carancho”, y dejó firme la decisión que había impedido cerrar por prescripción la causa en la que deberá afrontar un juicio oral por un controvertido operativo ocurrido hace más de una década en la Panamericana.
Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti declararon inadmisible la queja con la que la defensa pretendía revertir las decisiones de las instancias anteriores. De esta manera, quedó despejado el planteo que buscaba frenar el avance hacia el debate oral.
López Torales está acusado de privación ilegal de la libertad agravada por haber sido cometida con violencia y falso testimonio por los hechos ocurridos en julio de 2014 durante una protesta de trabajadores de la autopartista Lear, en la localidad bonaerense de General Pacheco, partido de Tigre.
El episodio que originó la causa
El caso tomó notoriedad a partir de las imágenes registradas por periodistas que cubrían aquella manifestación. En medio del operativo de Gendarmería, López Torales se arrojó sobre el capot de un auto que avanzaba por la zona, una maniobra que posteriormente fue denunciada como un falso atropello utilizado para justificar la intervención contra quienes se encontraban en el vehículo.
Tras el episodio, otros integrantes de la fuerza comenzaron a golpear el auto conducido por Cristian Romero, lo sacaron por la fuerza y lo detuvieron.
La actuación del comandante no terminó allí. Posteriormente, López Torales declaró como testigo que había sido embestido por el vehículo, una afirmación que quedó incorporada a la investigación y que derivó en la acusación por falso testimonio.
Las imágenes del episodio tuvieron una fuerte repercusión pública y el gendarme comenzó a ser identificado como el “gendarme carancho”, en referencia a la modalidad de provocar o simular un accidente para responsabilizar a un tercero.
Más de una década
La causa avanzó en mayo de 2016, cuando la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado procesó a López Torales. Esa decisión fue posteriormente confirmada por la Cámara Federal de San Martín.
La investigación también incluyó denuncias contra quien por entonces era secretario de Seguridad, Sergio Berni, actualmente legislador bonaerense, y contra el coronel Roberto Galeano, a quien los manifestantes señalaron por haberse infiltrado entre los trabajadores antes del episodio.
Después de varios años de trámite, en 2024 Arroyo Salgado dispuso elevar a juicio la causa contra López Torales, con lo que el expediente quedó en condiciones de avanzar hacia el debate oral.
Fue entonces cuando la defensa intentó cerrar definitivamente el proceso por otra vía.
El intento por cerrar la causa por prescripción
Los abogados de López Torales plantearon ante el Tribunal Oral Federal N°5 de San Martín que, debido al tiempo transcurrido desde los hechos, la acción penal se encontraba prescripta y correspondía dictar el sobreseimiento.
El tribunal rechazó ese planteo y la defensa recurrió ante la Cámara Federal de Casación Penal, que declaró inadmisible la impugnación.
El último intento fue llegar a la Corte Suprema mediante un recurso de queja. Sin embargo, los jueces Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti también declararon inadmisible la presentación, por lo que la defensa no logró revertir lo resuelto por los tribunales inferiores.
