Se llevó a cabo la presentación de “La IA aplicada a los ilícitos económicos. Prevención e investigación criminal”, una obra colectiva dirigida por los jueces Gustavo Darío Meirovich y Manuel Ruiz de Lara, que analiza el doble impacto de la inteligencia artificial: su potencial para fortalecer la investigación y la gestión judicial y, al mismo tiempo, su utilización para sofisticar nuevas modalidades delictivas. Innovación, prevención, garantías y responsabilidad humana, en el centro del debate.
La inteligencia artificial está transformando las herramientas disponibles para investigar el delito, pero también las capacidades de quienes buscan cometerlo. Esa doble dimensión constituye el punto de partida de “La IA aplicada a los ilícitos económicos. Prevención e investigación criminal”, una obra colectiva que propone abordar los desafíos que plantea la tecnología para el derecho penal, la criminología, la investigación criminal y la administración de justicia.
Publicada en 2026 por CUNIEP Editorial, la obra está dirigida por Gustavo Darío Meirovich y Manuel Ruiz de Lara, con la coordinación de Facundo Nicolás Laico. A lo largo de sus 481 páginas reúne a más de veinte especialistas de distintos países y disciplinas para analizar un fenómeno que avanza a gran velocidad y obliga a repensar tanto las herramientas de prevención como las respuestas jurídicas frente a nuevas formas de criminalidad.
Una presentación con mirada internacional
El libro fue presentado el 19 de agosto en el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF), en la Sala “Dr. Norberto T. Canale” de su sede de Avenida Corrientes 1455. La actividad reunió a autores y especialistas para debatir sobre inteligencia artificial, dogmática penal y criminología, investigación de delitos complejos y utilización de estas tecnologías en la gestión judicial y la prevención.
La presentación estuvo a cargo del juez de instrucción en el fuero Penal Económico, el Dr. Gustavo Darío Meirovich, mientras que el prosecretario Administrativo del Poder Judicial de la Nación, el Dr. Facundo Nicolás Laico moderó el encuentro. Participaron como expositores Joaquín Bas, Cristina Guisasola Lerma, Harry Schurig, Marcos Sequeira, Juan Ignacio Starcenbaum, Hernán Blanco, Paula Malamud, Marcelo Peluzzi, Manuel Guanes Nicoli y Carla Paoletti, algunos de ellos de manera presencial y otros conectados virtualmente desde el exterior, reforzando el carácter internacional de la publicación.
Meirovich: una obra especializada y colectiva
Durante la presentación, el Dr. Meirovich destacó especialmente el carácter colectivo del proyecto y la decisión de concentrar el análisis en un área específica del derecho penal.
Según señaló, si bien la inteligencia artificial ocupa cada vez más espacio en la producción académica y bibliográfica, todavía existe la necesidad de profundizar en su aplicación concreta al universo de los ilícitos económicos.
Además, remarcó la participación de más de 20 autores provenientes de Argentina y otros países, una diversidad que permite abordar la inteligencia artificial desde múltiples perspectivas pero alrededor de un eje común.
En ese sentido, destacó la intervención de especialistas extranjeros que participaron virtualmente de la jornada y puso en valor el vínculo académico construido entre los integrantes de la obra.
También resaltó el componente humano y colaborativo del proyecto y definió a los autores como profesionales de excelencia en sus respectivas áreas, subrayando que la publicación es resultado no solo de un trabajo académico, sino también de vínculos construidos a lo largo de los años.
Casares: la capacitación frente a una Justicia que se transforma
En las palabras de apertura, el secretario General de la CPACF, Martín Casares, felicitó a Meirovich y al equipo de autores por impulsar una iniciativa orientada a la investigación, la producción académica y la capacitación permanente en un área atravesada por profundas transformaciones.
Casares subrayó que el valor de la obra no reside únicamente en su dimensión teórica, sino también en su aplicación práctica. La inteligencia artificial, señaló, comienza a incidir en la investigación y persecución de los delitos económicos, pero también en la preparación de la litigación oral y en las diferentes formas de ejercicio profesional, tanto desde el Poder Judicial y los ministerios públicos como desde la abogacía.
En ese contexto, puso el foco en la necesidad de acompañar y capacitar a los profesionales del derecho frente a los cambios tecnológicos.
La formación continua, planteó, ya no puede circunscribirse exclusivamente a las novedades legislativas o jurisprudenciales. La incorporación de nuevas tecnologías y, particularmente, de herramientas de inteligencia artificial generativa obliga a ampliar los conocimientos necesarios para desenvolverse dentro del sistema jurídico.
Casares sostuvo que todavía puede discutirse si se está frente a un verdadero cambio de paradigma, pero consideró evidente que existe una transformación sustancial en la forma de ejercer los distintos roles vinculados con la Justicia.
Finalmente, invitó a los autores a continuar acercando sus trabajos al Colegio Público de la Abogacía y destacó estos encuentros como espacios no solo de capacitación formal, sino también de diálogo e intercambio entre los distintos actores del sistema jurídico.
La IA, entre herramienta y amenaza
Uno de los puntos centrales de la obra es precisamente el carácter ambivalente de la inteligencia artificial.
Por un lado, estas tecnologías permiten procesar grandes volúmenes de información, detectar patrones, establecer relaciones entre datos, asistir investigaciones complejas y optimizar determinados procesos dentro de la administración de justicia.
Por otro, las mismas capacidades pueden ser utilizadas para sofisticar conductas criminales y ampliar su alcance.
Fraudes digitales, deepfakes, phishing automatizado, suplantaciones de identidad y ataques informáticos forman parte de un escenario en el que las nuevas tecnologías no solo modifican las herramientas disponibles para investigar, sino también las modalidades mediante las cuales se cometen determinados delitos.
La obra propone abordar esa tensión desde una perspectiva interdisciplinaria: aprovechar las posibilidades de innovación sin desconocer los riesgos jurídicos, institucionales y criminales asociados a su expansión.
Del delito complejo a la gestión judicial
El análisis se estructura alrededor de tres grandes dimensiones: la inteligencia artificial desde la dogmática penal y la criminología; su aplicación en la investigación de delitos complejos; y su utilización como herramienta de gestión judicial y prevención.
El debate, sin embargo, excede las capacidades técnicas.
La incorporación de sistemas algorítmicos al ámbito penal abre interrogantes sobre los límites de la automatización, la transparencia de las herramientas utilizadas por el Estado, la protección de los datos personales, los sesgos, la trazabilidad de la información y la valoración de la evidencia digital.
También obliga a determinar qué decisiones pueden ser asistidas mediante inteligencia artificial y cuáles, por afectar derechos y garantías fundamentales, deben permanecer necesariamente bajo control y responsabilidad humana.
¿Cambio de paradigma?
Durante su exposición, Meirovich introdujo además una reflexión conceptual sobre el alcance de la transformación que atraviesa actualmente el derecho.
Desde su perspectiva, todavía no se estaría ante un verdadero cambio de paradigma, sino frente a nuevas respuestas para paradojas y problemas existentes dentro del propio sistema.
Un cambio estructural, planteó, supondría avanzar hacia escenarios en los que la inteligencia artificial dejara de funcionar exclusivamente como una herramienta auxiliar y adquiriera capacidad autónoma de decisión.
La hipótesis de un eventual “juez robot” aparece así como el límite del debate: el momento en que un sistema algorítmico ya no se limite a asistir al juez humano, sino que pueda sustituirlo en decisiones jurisdiccionales.
La reflexión pone nuevamente en primer plano una cuestión que atraviesa toda la discusión sobre inteligencia artificial y Justicia: hasta dónde automatizar y dónde debe permanecer necesariamente la decisión humana.
Una obra colectiva e internacional
La publicación reúne a especialistas provenientes de diferentes ámbitos del derecho, la academia y la investigación criminal.
Entre sus autores se encuentran Joaquín Bas, José Beliz, Hernán Blanco, María Luján Braccia, Alexis Couto de Brito, Federico Eisenberg, María Eugenia Escobar Bravo, Patricio Blas Esteban, Agustina Fiori, Manuel Guanes Nicoli, Cristina Guisasola Lerma, Santiago Lenzi Pra, Paula Malamud, Jenifer Moraes, Juan Manuel Olima Espel, Pablo Ordóñez, Carla Paoletti, Marcelo Peluzzi, Nicolás Ravel, Néstor Daniel Robledo, Harry Schurig, Marcos Sequeira, Juan Ignacio Starcenbaum y Diego Zysman Quirós, además de sus directores y coordinador.
La diversidad de perfiles permite analizar el fenómeno desde distintos sistemas jurídicos y especialidades, una característica especialmente relevante frente a una criminalidad económica y tecnológica que trasciende cada vez con mayor facilidad las fronteras nacionales.
Innovar sin resignar garantías
El punto de fondo que atraviesa La IA aplicada a los ilícitos económicos excede la incorporación de una nueva tecnología al trabajo cotidiano de jueces, fiscales, investigadores y abogados.
La inteligencia artificial está modificando simultáneamente las capacidades de quienes investigan y las de quienes delinquen.
Ese escenario obliga al derecho penal y a las instituciones judiciales a actualizar herramientas de investigación y prevención, pero también a establecer límites y controles capaces de acompañar esa transformación.
La discusión ya no pasa únicamente por determinar qué puede hacer la inteligencia artificial, sino por definir qué debería permitirse hacer con ella, bajo qué reglas, con qué controles y con qué grado de intervención humana.
Entre innovación y prevención, eficiencia y garantías, la inteligencia artificial abre así un nuevo escenario para el derecho penal y la investigación criminal: un terreno en plena construcción en el que el desafío será incorporar las posibilidades que ofrece la tecnología sin desplazar los principios y responsabilidades que sostienen al sistema de justicia.
