Luis Betnaza testimonió que por ese motivo, el papel de Techint en la obra pública fue “marginal” y aseguró que por presiones del gobierno perdieron preponderancia en la Cámara de la Construcción, que recuperaron cuando terminó el kirchnerismo. “Ofecimos hacer el gasoducto del noreste como iniciativa privada con una inversión de mil millones de dólares, y nos la rechazaron”, recordó.
El testigo, ex director corporativo de la empresa y quien se acogiera en 2018 a la figura del “arrepentido”, describió actos de acoso contra Techint para impedirle ganar licitaciones en las que era el mejor oferente, “lo que hacían era casi gracioso, generaban impedimentos que tenían prácticamente nombre y apellido para dejarnos fuera”.
En Venezuela la empresa sufrió ataques del gobierno chavista entre 2007 y 2008 en la explotación petrolera en la que se desempeñaban un centenar de trabajadores y gerentes argentinos con sus familias. Según el testigo, llegaron hasta a incendiarles los micros en los que se desplazaba el personal, la directora de Recursos Humanos fue golpeada físicamente en uno de esos incidentes.
La declaración estuvo atravesada por la traumática salida de Sidor de Venezuela, acosada primero y expropiada después por el chavismo, que, según dejó entrever el ex directivo, no se hubiera atrevido a hacerlo con la excelente relación que tenía con el gobierno de Néstor Kirchner, si no fuera que el entonces presidente argentino desairó a la compañía omitiendo visitar a los ingenieros argentinos de Puerto Ordaz, cosa que sucedió después de que el testigo le hiciera saber a Claudio Uberti que Techint no “colaboraba” con los gobiernos.
Betnaza no omitió señalar que Hugo Chávez expropió Sidor, pero le prometió al presidente Luiz Inácio “Lula” da Silva y cumplió, en no tocar una sola de las empesas brasileñas que tenían inversiones en Venezuela. Una vez perdida la empresa, cuando el gobierno de Chávez puso al nuevo CEO y a una gerencia que le respondía, Techint se vio en la tarea de financiar la evacuación de un centenar de trabajadores, que pudieron abandonar el país entre los últimos meses de 2008 y los primeros de 2009.
Elizabet Gómez Alcorta le preguntó si la empresa fue acusada de violaciones a leyes de protección ambiental en Venezuela y el testigo respondió de manera afirmativa pero lo relacionó con el deseo de expropiar Sidor, “porque siempre nos controlaron y antes del momento de querer sacarnos no había habido ninguna objeción”.
Previamente se había pedido ayuda al gobierno argentino, pero la respuesta fue que sólo iba a contribuir para sacar a los trabajadores de nuestro país, pero no a los extranjeros, excepto que hubiera una “colaboración”. “Para nosotros eran todos iguales, eran todos trabajadores nuestros y nos daba igual la nacionalidad”. Para satisfacer ese pedido fue que le ordenó al contador Héctor Zabaleta que le pagara a Roberto Baratta alrededor de 100 mil dólares por mes hasta llegar a un millón de dólares.
La defensora de Baratta le preguntó si no consideró que esa instrucción podía ser un hecho delictivo. El testigo, quien también es abogado, respondió que no, que se trató de una crisis y que como respuesta ordenó el pago, cosa que, aseguró, nunca tuvo que repetir.
Gómez Alcorta preguntó incisivamente si Techint tuvo episodios de conflictividad social, despidos, huelgas y episodios de violencia a lo largo de su extensa historia, para verificar si en esos casos, similares y algunos contemporáneos a los de Venezuela, la empresa le pagó a algún funcionario para hacerlos cesar.
