La Justicia avanzó sobre funcionarios del Servicio Penitenciario Bonaerense por los hechos ocurridos en junio en la Unidad 51. Cinco mujeres denunciaron torturas y malos tratos y dos de ellas, abusos sexuales. Entre los detenidos hay autoridades del penal.
“Besame las botas”. Esa habría sido la orden que recibió una de las presas alojadas en la Unidad 51 de Magdalena mientras permanecía arrodillada y semidesnuda, rodeada por guardias penitenciarios masculinos. Antes le habían sumergido repetidamente la cabeza en una bacha con agua, golpeado y hasta escupido. Después de todo eso -según denunció- la habrían sometido sexualmente.
Casi tres meses después, la causa avanzó con la detención de 15 funcionarios del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), entre ellos autoridades que ocupaban cargos jerárquicos dentro de la cárcel.
Las detenciones se concretaron durante la madrugada de este martes en distintas dependencias penitenciarias bonaerenses por orden del juez de Garantías N°4 de La Plata, Juan Pablo Masi. Entre los acusados se encuentran la jefa de vigilancia y tratamiento, la subjefa y la jefa de requisa de la unidad.
Los procedimientos fueron realizados a partir del trabajo de la fiscalía que lleva adelante la investigación, el SPB y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos bonaerense. Según indicaron fuentes judiciales a Quorum, las medidas buscaron asegurar elementos de prueba y poner a disposición de la Justicia a las personas involucradas.
Un castigo después de una pelea
La causa se inició por una denuncia de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que intervino después de tomar conocimiento de lo que había ocurrido dentro del penal.
Según reconstruyó la CPM, todo habría comenzado en la tarde del miércoles 3 de junio pasado con una pelea entre dos detenidas. A raíz de ello, un grupo de penitenciarios ingresó al pabellón de la planta alta, utilizó gas pimienta y encerró a las mujeres en sus celdas.
La denuncia sostiene que lo ocurrido después excedió ampliamente aquella intervención inicial. Cuando los agentes intentaron requisarlas, les exigieron que se desnudaran frente a integrantes masculinos del Grupo de Intervención ante Emergencias (GIE). Frente a la negativa, siempre según los testimonios recogidos por el organismo, les arrojaron gas pimienta en el rostro, las golpearon y las trasladaron a distintos sectores de la cárcel.
“Submarino húmedo”
Las mujeres denunciaron haber permanecido durante horas esposadas, golpeadas y sometidas a distintas formas de tortura. Dos de ellas afirmaron, además, haber sufrido abusos sexuales.
Una de las víctimas relató que fue sometida al denominado “submarino húmedo”: le sumergieron la cabeza en una bacha con agua mientras le exigían que besara las botas de una jefa penitenciaria. Según su testimonio, también le apoyaron una escopeta sobre sus partes íntimas y posteriormente sufrió abusos sexuales.
Otra mujer aseguró que fue llevada hasta un aula del sector escuela, donde la arrodillaron, la golpearon y también le exigieron besar las botas. Después, según afirmó, quedó atada de pies y manos sobre un colchón impregnado con gas pimienta que le dificultaba respirar.
La atención sanitaria posterior también quedó bajo investigación. Es que de acuerdo a la denuncia de la CPM, una enfermera dejó asentado el mismo 3 de junio que una de las detenidas “no presenta lesiones visibles de reciente data”, pese a que el organismo aseguró haber constatado posteriormente lesiones. Otra de las mujeres denunció que, al contarle a una enfermera que había sido golpeada, ésta se negó a examinarla.
La decisión del juez
Luego de entrevistar a las víctimas y testigos, la CPM presentó la denuncia penal ante la UFI N°11 de La Plata, a cargo del fiscal Álvaro Garganta, y posteriormente amplió la presentación con nuevos testimonios.
En aquel momento, el SPB desafectó a agentes señalados en la denuncia y la Auditoría de Asuntos Internos abrió actuaciones para establecer responsabilidades. La investigación penal continuó mientras se reunían elementos para determinar quiénes habían participado de cada uno de los episodios.
Ahora, al disponer las quince detenciones, el juez Masi consideró que los hechos investigados no habrían respondido a intervenciones aisladas de algunos agentes.
En su resolución sostuvo que los imputados “procedieron a ejecutar -de manera deliberada y coordinada- una serie de actos destinados a castigar a las internas por los hechos ocurridos y por los reclamos formulados, así como a intimidarlas, quebrantar su resistencia y afirmar el dominio ejercido sobre ellas, imponiéndoles graves sufrimientos físicos y psíquicos”.
Desde el SPB y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos provincial señalaron que mantienen su compromiso con el “total esclarecimiento de los hechos ocurridos” y remarcaron el deber de garantizar el cumplimiento de las normas constitucionales y convencionales.
