El defensor General de la Nación interino, Julián Langevin, reclamó ante el Congreso la derogación de la Ley 25.183, que creó tres cargos de defensores ante la Corte Suprema que nunca fueron habilitados. Sostuvo que demandarían 5.000 millones de pesos anuales y planteó destinar esos recursos a otras prioridades. También expuso sobre la situación presupuestaria de la Defensa Pública, el avance del sistema acusatorio, el nuevo régimen penal juvenil y la asistencia a víctimas.
El defensor General de la Nación interino, Julián Langevin, llevó al Congreso un planteo poco habitual: pidió expresamente la derogación de la Ley 25.183, que creó tres cargos de defensores públicos oficiales ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación que nunca llegaron a ser habilitados.
El argumento fue presupuestario, pero también de prioridades. Según explicó ante la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control del Ministerio Público de la Nación, poner en funcionamiento esos cargos implicaría un desembolso de aproximadamente 5.000 millones de pesos anuales.
“No tenemos el dinero para financiar estos cargos, que demandarían 5.000 millones de pesos anuales. Prefiero destinar esos recursos al sistema acusatorio y a la ley de menores antes que habilitar estructuras burocráticas innecesarias”, sostuvo Langevin.
El planteo formó parte de una extensa presentación en la que el funcionario expuso el estado de situación del Ministerio Público de la Defensa (MPD) y trazó las prioridades de su gestión, atravesadas por la escasez de recursos, la implementación del sistema acusatorio y los desafíos derivados del nuevo régimen penal juvenil.
Una estructura con 615 órganos judiciales y 273 defensorías
Uno de los principales problemas planteados por Langevin fue la brecha estructural entre la cantidad de órganos jurisdiccionales y las defensorías disponibles.
Actualmente existen 615 órganos jurisdiccionales frente a 273 defensorías activas. A ello se suma que el organismo cuenta con apenas 205 defensores públicos oficiales para atender la demanda federal y nacional de todo el país.
Entre el 1° de octubre de 2024 y el 30 de septiembre de 2025, el MPD asistió a 775.544 personas, una cifra que, según las proyecciones presentadas, podría acercarse a las 800.000 durante el actual período.
Frente a esa situación, adquirieron un papel central los 797 defensores públicos coadyuvantes, profesionales que, pese a no tener rango de magistrados, pueden litigar y cubrir audiencias luego de atravesar concursos de oposición. Langevin los definió como “el verdadero motor” del organismo y destacó las medidas adoptadas para su jerarquización profesional.
El 98% del presupuesto se destina a salarios
La exposición también puso el foco sobre las restricciones económicas que atraviesa el organismo. De acuerdo con los datos presentados, el 98% del presupuesto del MPD está destinado a salarios y cargas sociales, mientras que apenas el 2% restante debe cubrir alquileres, mantenimiento, servicios, equipamiento informático, capacitación y movilidad.
En ese contexto, Langevin presentó el programa AORRA (Austeridad y Organización Racional de Recursos Asignados), mediante el cual avanzó con distintas medidas de reducción del gasto.
Entre ellas se encuentran la venta de prácticamente todo el parque automotor asignado al Defensor General, la suspensión de viajes internacionales, la reducción de viáticos, la digitalización de la red telefónica -con un ahorro proyectado de 80 millones de pesos anuales- y convenios para reducir gastos en doctrina, jurisprudencia, peritos y traductores.
En paralelo, Langevin reclamó al Ministerio de Justicia la conformación de una comisión para elaborar un anteproyecto de autarquía económica del Ministerio Público de la Defensa, con el objetivo de equiparar su situación institucional con la del Ministerio Público Fiscal.
El desafío del sistema acusatorio
Otro de los ejes centrales fue la implementación del Código Procesal Penal Federal y el sistema acusatorio, que obliga a modificar tanto la organización interna como la forma de trabajo de los defensores.
Para enfrentar ese proceso, el MPD creó la Unidad de Implementación del Sistema Acusatorio (UISA-MPD) y trabaja en la integración tecnológica de sus sistemas con los del Ministerio Público Fiscal.
Langevin anunció además la firma de un convenio de cooperación informática con el Procurador General de la Nación para compatibilizar Defensa.net con Coirón, el sistema utilizado por la fiscalía, y facilitar así el acceso digital de la defensa a las pruebas.
La preocupación por el nuevo régimen penal juvenil
El Defensor General interino también advirtió sobre las dificultades que puede generar la implementación del nuevo régimen de responsabilidad penal juvenil, particularmente por la falta de infraestructura en las jurisdicciones locales.
Langevin sostuvo que cualquier intervención estatal debe respetar el interés superior del niño y recordó que, de acuerdo con la Convención sobre los Derechos del Niño, la privación de la libertad debe ser una medida excepcional y de último recurso.
Uno de los puntos de mayor preocupación es la falta de plazas específicas de alojamiento. Según las estadísticas expuestas, la reforma podría incorporar a unos 856 menores de edad en conflicto con la ley penal solamente en la ciudad de Buenos Aires, mientras que actualmente existen cuatro centros que albergan, en conjunto, a menos de 200 jóvenes.
“El problema no es de la jurisdicción federal, que tiene recursos suficientes y donde los menores son mayoritariamente víctimas de trata y no victimarios. El verdadero colapso se dará en las jurisdicciones locales, es decir, en los gobiernos provinciales”, advirtió.
Víctimas: 15 cargos todavía siguen vacantes
La asistencia a las víctimas de delitos fue otro de los puntos destacados por Langevin, quien la ubicó entre las funciones centrales del Ministerio Público de la Defensa y reivindicó al organismo como una institución vinculada a la protección de los derechos humanos, más allá de su tradicional tarea de defensa penal.
En ese marco, explicó que de los 24 cargos de defensores públicos de víctimas creados por ley todavía quedan 15 pendientes de cobertura. Frente a esa situación, el organismo avanzó con la Coordinación de las Defensorías Públicas de Víctimas, destinada a optimizar el funcionamiento de los equipos, articular recursos y establecer criterios comunes de actuación.
También se dispuso la creación de la unidad de menores víctimas número tres, en el marco de una política de reasignación de personal administrativo hacia las áreas de litigación y asistencia directa.
Langevin hizo especial hincapié en la situación de los menores de edad dentro de la jurisdicción federal. Aclaró que, en ese ámbito, la mayoría de los chicos que ingresan al sistema no lo hacen como victimarios sino como víctimas, fundamentalmente del delito de trata de personas.
Una oficina para proteger a los chicos en las redes
La exposición también puso el foco sobre un fenómeno que, según Langevin, obliga al Estado a repensar sus mecanismos tradicionales de protección: la violencia contra niños, niñas y adolescentes en los entornos digitales.
El funcionario manifestó su preocupación por los abusos sexuales, el ciberacoso y las extorsiones a las que pueden quedar expuestos los menores en internet y las redes sociales. Frente a ese escenario, sostuvo que el Estado debe intervenir antes de llegar a la instancia de criminalización.
Por eso, el MPD proyecta crear una oficina especializada en la protección de menores en entornos digitales, además de una unidad específica para la defensa de víctimas menores de edad en el marco del nuevo régimen penal juvenil.
La propuesta se inscribe en una concepción más amplia sobre el papel de la Defensa Pública. Langevin sostuvo que el organismo debe estar presente allí donde exista una situación de vulnerabilidad que pueda afectar el acceso a la justicia, desde las víctimas de delitos y de violencia de género hasta las personas con discapacidad, quienes atraviesan procesos de salud mental y los niños, niñas y adolescentes.
