En un Plenario Extraordinario marcado por intensos debates de gestión y fuertes cuestionamientos éticos, el organismo dio luz verde al anteproyecto de gastos para el Poder Judicial de la Nación. El contraste entre la modernización institucional y el gasto en vehículos oficiales centró las discusiones más calientes de la jornada.
En una sesión matutina de carácter extraordinario, el Plenario del Consejo de la Magistratura de la Nación aprobó este miércoles, por unanimidad, el anteproyecto de Presupuesto para el ejercicio 2027 del Poder Judicial de la Nación.
Bajo la conducción del presidente de la Corte Suprema y del propio Consejo, Horacio Rosatti, los consejeros se reunieron para debatir la composición, prioridades y montos que regirán el financiamiento de los tribunales federales y nacionales de cara al próximo período fiscal.
Si bien el resultado de la votación reflejó un fuerte consenso político e institucional al consagrar la aprobación por unanimidad, el transcurso de la deliberación expuso marcadas discrepancias ideológicas y agudas críticas a la distribución interna del gasto, visibilizando la tensión permanente entre el reclamo de austeridad, la necesidad de modernización y la subsistencia de ciertos privilegios corporativos.
Previsibilidad, orden y modernización: el eje del oficialismo
La apertura del debate estuvo a cargo del viceministro de Justicia y representante del Poder Ejecutivo, Santiago Viola, quien en su rol de presidente de la Comisión de Administración Financiera del cuerpo fue el encargado de presentar el dictamen Nº 80/26 que contenía el anteproyecto presupuestario.
Viola inició su discurso remarcando la magnitud del desafío: “Nos convoca una responsabilidad grande que es poner a consideración y votación el anteproyecto del presupuesto del Poder Judicial para el 2027”.
Tras expresar su agradecimiento al Administrador General del Consejo, al personal técnico y a los miembros de la comisión que preside por haber analizado largamente el documento, el funcionario nacional hizo hincapié en la necesidad de un manejo prudente de los fondos del Estado: “Los recursos públicos son escasos y es algo que todos debemos tener en mente”.
Según detalló Viola, la propuesta busca dotar de eficiencia al sistema y consolidar las reformas estructurales en marcha. “El presupuesto engloba todas las necesidades del año que viene, para el fortalecimiento institucional y la modernización de la justicia, que es un paso importante para tener una justicia más ágil, transparente, eficiente y sobre todo cercana a la gente”, sostuvo.
Asimismo, destacó la relevancia política de lograr consensos en tiempo y forma para blindar el funcionamiento del órgano judicial: “Tener un presupuesto aprobado nos va a dar previsibilidad y orden y nos va a ayudar a que funcione mejor la justicia y a reforzar la autonomía”.
El mito de Procusto, la precarización y “los privilegios de la casta”
La nota disruptiva del plenario y la que aportó mayor profundidad conceptual y política a la jornada la dio el consejero en representación de los abogados, César Grau, quien solicitó la palabra antes de que se concretara la votación a mano alzada.
Con una intervención colmada de citas filosóficas e históricas, Grau anticipó su voto afirmativo apelando a un sentido de “responsabilidad institucional”, reconociendo que, si bien discrepaba profundamente con varios aspectos del diseño de gastos, “peor es no tenerlo”.
El abogado recurrió a la mitología clásica para ilustrar las limitaciones técnicas del presupuesto, comparándolo con la célebre “cama de Procusto” -en alusión al mito del posadero que estiraba o cortaba los miembros de sus huéspedes para adaptarlos al tamaño de su lecho-: “Un presupuesto como recién decía el consejero Viola siempre es limitado. Me acordaba de Procusto. ¿Procusto Viola, Procusto Rosatti, Procusto los 20 consejeros? Sí, porque tenemos que estar… estamos siempre limitados ante los límites, y bueno, un presupuesto es un plan de acción para el año que viene”.
Más allá de la metáfora, Grau colocó sobre la mesa dos críticas de fondo que empañan la gestión del presupuesto: la precarización laboral dentro de la justicia y los suntuosos gastos de movilidad de los magistrados.
La precarización de las locaciones de servicio
El representante de los abogados denunció con dureza la situación de muchos trabajadores judiciales contratados bajo la modalidad de locación de servicios, recordando una tesis histórica de su autoría de hace más de dos décadas titulada “La locación se origina en la esclavitud”.
Grau analizó cómo la figura de la locación, desde el derecho romano clásico, constituía una sutil variación de la esclavitud, superada teóricamente a finales del siglo XIX y principios del XX con el surgimiento del derecho del trabajo moderno y la encíclica papal Rerum Novarum, orientados a proteger la dignidad de la persona humana.
En el plano real de la justicia actual, disparó: “En lo concreto, las locaciones no se actualizan, quedan absolutamente desfasadas de la inflación y están realmente en una capitis deminutio respecto al trabajador en relación de dependencia o al empleado público con toda la protección de la ley”.
El contraste de las partidas y la “flota de la casta”
La crítica más severa apuntó a las asimetrías de financiamiento interno. Grau contrastó los fondos asignados a la Escuela Judicial -clave para el salto de calidad del sistema con excelentes proyectos en carpeta presentados por los consejeros académicos y el vicepresidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz– frente a los destinados a vehículos oficiales de los magistrados.
Mientras que la Escuela Judicial cuenta con un presupuesto proyectado de 778 millones de pesos para 2027 -pasible de nuevos recortes-, la partida asignada al mantenimiento y gastos de automotores asciende a la exorbitante suma de 2.318 millones de pesos para una flota de 405 vehículos, muchos de ellos catalogados como de altísima gama o de lujo. Es decir, el presupuesto de movilidad oficial es prácticamente tres veces mayor que el destinado a la capacitación de los futuros jueces.
Citando al pensador florentino Nicolás Maquiavelo, quien en el capítulo 17 de El Príncipe afirmó que “los hombres olvidan más fácilmente la muerte de su padre que la pérdida de un patrimonio”, Grau sostuvo que “la casta puede olvidar más fácilmente cualquiera afrenta antes que se toque alguno de sus privilegios”.
En ese sentido, formuló una encendida exhortación a la austeridad y la empatía social de los magistrados, apelando al uso de la tarjeta SUBE: “El día que nosotros veamos un magistrado, un camarista, un alto funcionario viajar en colectivo, en subte, como lo hacía Francisco, prácticamente… Jorge de Flores, mejor dicho, todos los días, la credibilidad en el Poder Judicial va a subir”.
Como contrapartida positiva, Grau felicitó y destacó el ejemplo de la Administración General del Consejo de la Magistratura, área que reporta cero vehículos asignados, demostrando una política de autolimitación y renuncia voluntaria a dichos privilegios.
Apoyado en las Analectas de Confucio -“la virtud, aunque sea un solo acto, nunca es solitaria, siempre pasará a tener vecinos”—, el consejero expresó su anhelo de que esta conducta tenga un efecto ejemplificador y contagie al resto de las dependencias.
La votación y el mapa político del Plenario
Tras la exposición del consejero Grau, el presidente Horacio Rosatti procedió a coordinar la votación a mano alzada: “Vamos a recibir la votación a mano alzada. Por favor, sí, levantar la mano por la afirmativa”. Tras advertir y solicitar el voto pendiente de uno de los consejeros, Rosatti dio por cerrado el acto al constatar la unanimidad.
El debate y la posterior sanción contaron con una amplia representación de los distintos estamentos que integran el órgano constitucional de selección y control de jueces. La reunión registró únicamente dos ausencias justificadas correspondientes a la abogada Jimena de la Torre y a la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti.
Con la aprobación de este anteproyecto, el documento será remitido al Poder Ejecutivo Nacional para su posterior consolidación en el Proyecto de Presupuesto General de la Administración Nacional, el cual será debatido y sancionado definitivamente en el Congreso de la Nación.
