La fiscalía solicitó la declaración de empleados de Sidor que estaban en Venezuela cuando el chavismo decidió su nacionalización, para probar que el dinero que presuntamente Techint le pagó a Roberto Baratta, fue para que el gobierno argentino colaborara con la salida de los trabajadores.
Hugo Cruz, quien se desempeñó como administrativo en Caracas para la empresa Sidor y el ingeniero Carlos Rezzónico, quien también pasó varios años prestando servicios en la empresa, coincidieron en recordar como de amenazas crecientes el período previo a la nacionalización de la compañía por parte del chavismo, impulsado en este caso en particular por el sindicato siderúrgico, “que consideraba a Sidor como una empresa estratégica”.
Los dos narraron en el marco de la Causa Cuadernos una tensión y hostilidad crecientes a partir del 2006; Cruz recordó un larguísimo discurso de Chávez en el que manifestó que Sidor debería priorizar la aplicación de su producción en Venenzuela y no destinar tanto a la exportación y relató que en uno de sus viajes por ruta “tuve que usar el acento venezolano porque si hubiera hablado como un argentino, la hubiera pasado mal”.
La situación, según evocaron, no hizo más que empeorar, y no faltaron tomas, agresiones, pintadas, amenazas, y carteles en los que se acusaba de “ladrones” a los argentinos de la empresa. En las 4000 hectáreas de Puerto Ordaz había 300 familias, muchas de nacionalidad mexicana y colombiana, pero cuando la empresa pasó al estado bolivariano, sólo quedaban 35. Sin embargo, ninguno de los dos testigos tenía información acerca de si los gobiernos de los países de donde procedían esos trabajadores contribuyeron a sacarlos sanos y salvos de Venezuela.
En la audiencia anterior dos ex directivos de Techint relataron que la empresa le pagó a Roberto Baratta un millón de dólares a través de seis entregas en pesos, que la mano derecha de Julio De Vido habría recogido de las cocheras del edificio de la empresa, para que el gobierno argentino colaborara con la evacuación de los trabajadores de Sidor en Venezuela.
Ni Cruz ni Rezzónico admitieron saber nada al respecto, aunque sí estuvieron al tanto e incluso uno de ellos participó de planes para asegurar la integridad de los empleados para que pudieran escapar de Venezuela por avión o por ruta, hacia Brasil, todo ello, respondieron, sufragado por Techint.
La inseguridad había llegado a unos extremos, según declararon los testigos, que cuando tenían que intercambiar mails con información relevante, lo hacían usando técnicas de encriptación “porque los de tecnología nos espiaban” y no podían confiar en ellos.
Cruz recordó que “malvendió” su propiedad en Venezuela para liquidar su presencia allí, mandó a su familia a la Argentina y unos meses más tarde, ya en 2009, regresó él. Rezzónico se casó con una venezolana y se quedó en el país casi hasta el momento en que Techint tuvo que entregarle Sidor al chavismo.
Marcelo Mónaco, abogado defensor del ex titular de la Unión Industrial Argentina, Juan Lascurain, le pidió al presidente del TOCF 7 que le pidiera a la fiscalía que se ciñese al motivo de este debate “porque preguntarles a los testigos sobre presuntos delitos cometidos en Venezuela no es lo que tratamos aquí”.
Fabiana León respondió que para la hipótesis de la acusación es importante determinar lo que pasó en Venezuela, las amenazas para los argentinos y la eventual ayuda del gobierno de Néstor Kirchner, que habría originado el mencionado pago de un millón de dólares a Roberto Baratta.
Los jueces Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero decidieron pasar a un cuarto intermedio para escuchar la declaración de otro testigo de manera remota, dado que se encuentra en México y por la diferencia horaria no se pudo modificar el momento de la convocatoria.
