Las declaraciones del consejero de la Magistratura sobre los vehículos oficiales y la movilidad de los jueces generaron numerosas repercusiones después de ser publicadas por Quorum. Hubo quienes respaldaron que pusiera el tema sobre la mesa, pero también magistrados que cuestionaron una mirada que consideran generalizadora. Varios le escribieron directamente y otros respondieron públicamente: “Tienen que mirar más allá de Comodoro Py”.
Las generalizaciones rara vez ayudan a comprender una realidad compleja. Mucho menos cuando aquello que está en discusión es la imagen del Poder Judicial y la distancia que una parte de la sociedad percibe entre los magistrados y la vida cotidiana.
Los dichos del consejero de la Magistratura César Grau, publicados este miércoles por Quorum, generaron numerosas repercusiones dentro de la Justicia. La información oficial sobre el Plenario extraordinario en el que se aprobó por unanimidad el anteproyecto de Presupuesto Judicial 2027 fue más escueta y no reflejó esas expresiones. La crónica de este medio sí reconstruyó el debate: Grau había cuestionado que la partida proyectada para mantenimiento y gastos de 405 vehículos oficiales alcanzara los 2.318 millones de pesos, frente a los 778 millones previstos para la Escuela Judicial.
Fue en ese contexto que el representante de los abogados habló de los “privilegios de la casta” y sostuvo que la credibilidad del Poder Judicial aumentaría el día que se viera a magistrados, camaristas y altos funcionarios viajar en colectivo o subte. Grau no limitó su planteo al Plenario: luego lo compartió también en sus redes sociales, donde volvió a abrirse la discusión.
Fueron muchos los magistrados que hicieron llegar a este medio su malestar. Pero la reacción no quedó circunscripta a conversaciones privadas: según pudo saber Quorum, varios jueces decidieron escribirle directamente al consejero para plantearle lo que consideran injusto de sus afirmaciones.
Uno de ellos decidió hacerlo además con nombre y apellido. El juez nacional Adrián Pérez Lance expresó: “Repudio las expresiones del consejero César Grau sobre la movilidad de los jueces, y lo invito a que me acompañe en mis viajes con el 102 a Tribunales. No dudo que muchos colegas lo invitarán a viajar con ellos en otras líneas o el subte cuando van a sus despachos. O caminando, para hacer ejercicio”.
El cuestionamiento que se repitió no estuvo dirigido a impedir una mirada crítica sobre el Poder Judicial. Por el contrario. Lo que objetaron fue que determinadas situaciones o comportamientos puedan convertirse en una caracterización general de quienes integran la magistratura.
Porque no todo el Poder Judicial es Comodoro Py. Y tampoco Comodoro Py puede ser explicado como una realidad uniforme.
Las propias redes de Grau mostraron las dos caras de la repercusión. Algunos usuarios lo felicitaron por “animarse” a plantear la cuestión. Otros aportaron experiencias que contradicen la imagen de una magistratura ajena al transporte público. Natalia Martínez Nardi escribió: “Soy una humilde conjueza, no sé si me habilita la descripción, pero sí. Viajo en transporte público, uso SUBE y hago las compras el día de descuento. Única miembro judicial de la familia”. Otro comentario sostuvo que “mucho magistrado y camarista utiliza transporte público”.
También hubo una observación que introduce un matiz atendible: viajar en colectivo, por sí solo, tampoco dice todo sobre la realidad económica o los privilegios de una persona. El abogado Leandro Iglesias señaló haber visto magistrados que llegaban en transporte público, algunos “con zapatos gastados” y otros después de haber dejado “su auto importado en la cochera”. Una diferencia que, lejos de cerrar la discusión, demuestra precisamente por qué las simplificaciones suelen resultar insuficientes.
La discusión excede, además, una cuestión anecdótica acerca de cómo llegan los jueces a sus despachos. Tiene que ver con algo bastante más profundo: hasta qué punto los estereotipos contribuyen a mejorar una institución cuya imagen pública lleva años sometida a cuestionamientos.
Uno de los magistrados que reaccionó a las declaraciones es usuario habitual del Tren Roca. Su reflexión apunta precisamente contra esa construcción: “Ser juez no significa vivir alejado de la realidad cotidiana. Muchos jueces, como cualquier otra persona, viajamos en tren, colectivo, subte o manejamos nuestro propio auto para llegar al trabajo. Compartimos las mismas estaciones, las mismas esperas y muchas veces las mismas dificultades del tránsito”.
Y agregó: “Porque detrás de la función y de la investidura hay personas que tienen una vida cotidiana, que se trasladan, que llegan cansadas y que también conocen de cerca las dificultades de todos los días. Y quizás esa cercanía con la realidad sea, justamente, una de las cosas que nunca deberíamos perder”.
Su conclusión resume buena parte de los cuestionamientos que circularon después de la publicación de la nota: “Juzgar esas realidades desde los prejuicios o los estereotipos es tan injusto como cualquier otra generalización”.
Una jueza que habitualmente utiliza colectivo y subte -y que incluso ha compartido imágenes de esos viajes en sus redes sociales- describió una reacción similar entre sus colegas: “Hay una indignación total. Colegas compartiendo sus fotos viajando en transporte público. Tienen que mirar más allá de Comodoro Py”.
Una discusión que va más allá del transporte
Sería demasiado sencillo reducir la controversia a determinar cuántos jueces viajan en tren, cuántos utilizan autos oficiales o cuántos llegan a tribunales en sus vehículos particulares. El debate de fondo es otro.
El Poder Judicial tiene problemas, prácticas y privilegios que pueden y deben ser discutidos. También existen conductas individuales que dañan su credibilidad y profundizan la distancia con la sociedad. Señalarlas forma parte de cualquier discusión seria sobre cómo mejorar la Justicia.
Pero identificar problemas concretos no es lo mismo que convertirlos en atributos de un colectivo entero.
Si existe una conducta cuestionable, habrá que señalarla. Si existe un privilegio injustificado, habrá que discutirlo. Si existen recursos públicos utilizados de manera incorrecta, habrá que explicarlo. La precisión, especialmente cuando se habla de instituciones, no debilita una crítica: la fortalece.
Porque las generalizaciones tienen un efecto paradójico. En nombre de acercar la Justicia a la sociedad pueden terminar reforzando la idea de que todos sus integrantes forman parte de una misma realidad, tienen los mismos privilegios y mantienen idéntica relación con aquello que sucede fuera de los tribunales.
Y esa fotografía tampoco parece representar a un Poder Judicial mucho más amplio, diverso y federal que algunas de sus imágenes más conocidas.
Quizás allí esté una de las discusiones que dejaron los dichos de Grau. La imagen de la Justicia difícilmente pueda mejorar reemplazando una mirada crítica por una mirada indulgente. Pero tampoco podrá hacerlo construyendo nuevos prejuicios sobre quienes la integran.
Reconocer sus problemas exige señalarlos con claridad. Reconocer sus diferencias también.
