La oposición impulsa una ley de emergencia hasta fines de 2027 ante el crecimiento de los suicidios, la falta de tratamiento para pacientes con padecimientos severos y el avance de la ludopatía entre adolescentes. La iniciativa propone federalizar la atención y reforzar los recursos destinados al área.
La realidad se impuso una vez más. El Gobierno no parece tener margen para sostener que el aumento de la tasa de suicidios, que tal como informó Quorum trepó más de un 50% en los últimos años, es un problema entre privados. El ajuste mata.
En Argentina, casi un 70% de los pacientes con padecimientos severos vinculados a la salud mental están sin tratamiento. La ludopatía adolescente crece. El presupuesto apenas se ejecuta. La decisión política parece poner el equilibrio fiscal por encima de la vida.
La situación está a la vista de todos, pero el oficialismo mira para otro lado. Sin embargo, el Congreso empezó a mover sus engranajes. La ola silenciosa de sufrimiento psíquico y desesperanza está golpeando con una fuerza inédita a la sociedad argentina. ¿El ministro de Salud? Ausente.
Frente a este escenario, los diputados Jorge Chica y Cecilia Moreau presentaron un proyecto de ley que busca declarar la Emergencia en la Protección de la Salud Mental en todo el territorio nacional.
Los autores señalan que “el proyecto de ley tiene por objeto declarar la Emergencia en la protección de la salud mental, frente a una realidad que exige una respuesta inmediata, integral y federal”.
El texto, que ya tiene estado parlamentario, señala que el Estado argentino acumula compromisos históricos incumplidos bajo tratados de rango internacional y de jerarquía constitucional -como los Principios de la ONU para la Protección de los Enfermos Mentales, la Declaración de Caracas de la OPS/OMS y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad- que hoy chocan a diario contra “la grave situación que atraviesan los servicios de atención, prevención, rehabilitación e inclusión social” en las distintas provincias.
Los números de un mapa alarmante
Las estadísticas oficiales citadas en los fundamentos son un golpe de realidad. Durante el año 2025, se registraron en la Argentina un total de 5.209 muertes por suicidio. Esto representa una tasa nacional de 11,8 casos cada 100.000 habitantes, lo que se traduce en un impactante incremento del 57,7% en comparación con los registros de 2017.
La epidemia es transversal y silenciosa, pero no golpea a todos por igual. En los fundamentos del proyecto se detalla que las lesiones autoinfligidas han desplazado por completo a los siniestros viales como la principal causa de muerte violenta en adolescentes y jóvenes adultos en el país.
Dentro de ese marco, aproximadamente el 80% de los fallecimientos por suicidio corresponden a hombres.
La geografía del sufrimiento también dibuja un mapa profundamente desigual, donde nacer o vivir en el interior multiplica las probabilidades de quedar desamparado ante una crisis psíquica. Cinco provincias argentinas registran tasas que superan con creces la ya alarmante media nacional.
Entre Ríos registra la tasa más alta, con 20,8 suicidios cada 100.000 habitantes. San Luis, por su parte, se ubica en segundo lugar con 18,9 casos. El ranking lo completan Salta, con 17,4 muertes bajo la misma tasa; Santa Cruz, con 16,0 casos; y Catamarca, que registra una tasa de 14,2.
Abandonados
La desatención de la salud mental en Argentina no es un problema de minorías. Se estima que el 14,8% de la población adulta presenta o presentó algún trastorno de salud mental, siendo las patologías más recurrentes los trastornos de ansiedad (9,4%) y la depresión (3,8%).
Sin embargo, el dato que expone el verdadero colapso del sistema es la brecha en el acceso: cerca del 69,8% de las personas con padecimientos severos no recibió ningún tipo de tratamiento especializado durante el último año.
Los autores del proyecto explican que el sistema actual centraliza los recursos y deja desamparadas a las poblaciones rurales o periféricas. En ese marco, la declaración de emergencia legislativa apunta directamente a resolver este drama estructural.
El objetivo es concreto y tiene que ver con “reducir la distancia existente entre los derechos reconocidos y la posibilidad concreta de acceder a una respuesta cuando una persona o una familia la necesita”.
La mirada sobre las apuestas online y la ludopatía infantil
El proyecto presentado en la Cámara baja también apunta al estallido de las apuestas online y su correlato de adicción entre los más jóvenes.
Durante el plazo que dure la emergencia, la ley ordena de manera perentoria fortalecer las políticas de prevención, detección temprana y atención de la ludopatía y otras conductas patológicas asociadas a los juegos virtuales.
Federalizar la salud mental
Para romper con la concentración de profesionales en los grandes centros urbanos y llegar a donde la ayuda nunca llega, el proyecto diseña una Red Federal de Atención en Salud Mental, coordinada por el Ministerio de Salud de la Nación y el Consejo Federal de Salud (COFESA).
En ese marco, se establece la creación, ampliación y equipamiento urgente de servicios de guardia específicos de salud mental en hospitales generales, con un sistema obligatorio de seguimiento interdisciplinario posterior a la crisis para evitar recaídas o desenlaces fatales.
Por otra parte, se dispone el envío de unidades interdisciplinarias móviles -psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales, enfermeros y terapeutas ocupacionales- directamente a zonas rurales, barrios populares y localidades alejadas con severo déficit asistencial.
Además, se establece el desarrollo de una plataforma de teleasistencia para conectar a pacientes de comunas aisladas con especialistas de alta complejidad, respetando rigurosamente las normas de confidencialidad y consentimiento informado.
En tanto, el proyecto crea el Programa Federal de Salud Mental para Niños, Niñas y Adolescentes, que articulará de manera directa con los ministerios de Educación provinciales para capacitar a los docentes y detectar a tiempo cuadros de ansiedad, depresión o riesgo suicida en las aulas.
El financiamiento
Cualquier propuesta en salud mental corre el riesgo de ser una mera declaración de buenas intenciones si no cuenta con respaldo financiero real. Desde ya que, al avanzar motorizado por la oposición, el oficialismo pondrá sobre la mesa la cuestión fiscal.
En este caso, el proyecto de Chica y Moreau señala en sus fundamentos: “Pese a la pauta presupuestaria establecida por la Ley Nacional de Salud Mental (10%), la ejecución destinada al área se encontraría aproximadamente entre el 1,60% y el 1,82% del presupuesto público de salud”.
Esto significa que hoy el Estado destina apenas la sexta parte de lo que la ley exige desde hace más de una década. Por lo tanto, solo haría falta cumplir con la ley vigente para financiar la emergencia.
