El juez Marcelo Martínez de Giorgi consideró que no hubo delitos ni se llevaron adelante tareas de espionaje ilegal sobre periodistas, políticos, dirigentes políticos y sociales durante dos cumbres internacionales que tuvieron lugar en la Argentina en 2017 y 2018.
El magistrado resolvió dictar el sobreseimiento de Gustavo Arribas, titular de la AFI durante el gobierno de Mauricio Macri, la subdirectora de la agencia, Silvia Majdalani y otros dos ex funcionarios, al desestimar que se hibieran concretado maniobras ilegales de inteligencia durante la cumbre de la Organización Mundial de Comercio en 2017 y el G20 en 2018.
La investigación se había iniciado en 2020, a partir de una denuncia de la entonces interventora de la AFI, Cristina Caamaño, quien aseguró que en su repartición se encontraron fichas, reportes, informes, sobre periodistas, políticos, sindicalistas, dirigentes sociales y académicos, durante las dos reuniones internacionales.
La fiscal Paloma Ochoa había pedido en 2021 las indagatorias de Arribas, Majdalani y los otros dos ex funcionarios sobreseídos en esta causa, Martín Coste y Carlos Tonelli Banfi, sobre la base de que serían responsables de la reunión por medios ilícitos de información acerca del perfil ideológico y la adscripción política de diversas personas.
La responsabilidad del anfitrión
Para el juez, no hubo delitos, sino precauciones que la Argentina, como país anfitrión de esas reuniones internacionales debió tomar para preservar la integridad de los asistentes. “Las hostilidades observadas en los antecedentes extranjeros de tales reuniones evidenciaban un grave problema que requería la atención inexcusable del Estado argentino”, explicó Martínez de Giorgi.
Desde su perspectiva, nuestro país debió “adoptar las decisiones estratégicas necesarias para contrarrestar el riesgo potencial de que esos incidentes se repitieran, garantizando la seguridad de las personas, lugares y recursos de su infraestructura crítica y, en particular, el normal desenvolvimiento de las convenciones y la integridad física de los asistentes”.
La AFI habría sido, así, una herramienta del estado argentino para evitar atentados contra los visitantes, pero habría actuado dentro de la ley, e, incluso se habría nutrido de elementos que estaban disponibles en fuentes abiertas de Internet, sin invadir la esfera íntima de los afectados.
“No existe entre todos los informes encontrados un patrón común que permita concluir que las averiguaciones estuvieron motivadas en un determinado posicionamiento político o ideológico”, concluyó el juez para fundamentar los sobreseimientos.
