La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación reclamó medidas para proteger a los trabajadores que denunciaron al juez Pablo Díaz Lacava y prepara una estrategia para llegar hasta la Corte Suprema. Sostiene que, al no haber sido parte del Jury, la irrecurribilidad de la decisión no puede dejarlos sin tutela judicial.
La decisión del Jurado de Enjuiciamiento de mantener en su cargo al juez Pablo Díaz Lacava abrió un nuevo frente ante el Consejo de la Magistratura. La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), el gremio de los trabajadores judiciales que conduce Julio Piumato, realizó una presentación para reclamar medidas urgentes de protección para los empleados que denunciaron al magistrado.
El planteo se produjo luego de que, el pasado 2 de septiembre, el Jury rechazara por unanimidad la destitución de Díaz Lacava y dispusiera su continuidad como integrante del Tribunal Oral Federal de La Pampa.
El magistrado, sin embargo, continúa procesado penalmente por lesiones leves y graves, amenazas simples y coactivas, en una causa vinculada con hechos denunciados por trabajadores de su tribunal.
“Estamos desilusionados, con mucha tristeza. Se ve que para que sea motivo de destitución la piedra tenía que haber pegado en alguien o haberlo lastimado”, señalaron los denunciantes luego de conocerse la decisión.
La referencia apunta a uno de los episodios analizados durante el proceso disciplinario: el lanzamiento de una piedra hacia la oficina de un empleado, hecho que la defensa del juez, ejercida por Andrés Gil Domínguez, calificó como una “broma de mal gusto”.
Qué reclama el gremio
La presentación de la UEJN, encabezada por Piumato y con patrocinio del abogado Nicolás Pelliccioni, fue acompañada por 13 trabajadores.
El gremio pidió que, frente al regreso de Díaz Lacava al tribunal, se instrumenten medidas para evitar el contacto con los denunciantes, eliminar cualquier relación de subordinación jerárquica y realizar una evaluación independiente del riesgo institucional.
También planteó que la solución no puede consistir en trasladar a los empleados que denunciaron los hechos, ya que eso podría afectar sus funciones y carreras dentro del Poder Judicial.
La UEJN fundamentó el reclamo en las normas sobre prevención de la violencia laboral y sostuvo que la continuidad del magistrado no extingue la obligación institucional de garantizar condiciones seguras de trabajo.
La UEJN analiza llevar el planteo hasta la Corte
La presentación también abre un frente procesal. La UEJN evalúa una estrategia para intentar superar la irrecurribilidad prevista en el artículo 115 de la Constitución Nacional para las decisiones del Jurado de Enjuiciamiento.
El argumento central es que los trabajadores denunciantes no fueron parte formal del proceso contra Díaz Lacava y, por lo tanto, la imposibilidad de recurrir la decisión sobre la continuidad del magistrado no debería impedirles reclamar tutela judicial sobre sus propios derechos, especialmente en materia de salud y seguridad laboral.
La hoja de ruta contempla, en primer término, un pedido de aclaratoria para precisar los alcances del regreso del juez y las medidas de protección. Luego, la posibilidad de presentar un recurso extraordinario federal, con apoyo en los precedentes Brusa y Galeano, y eventualmente acudir en queja ante la Corte Suprema.
Como última instancia, el gremio dejó planteada la reserva de acudir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos si considera que los trabajadores quedan en una situación de indefensión.
De esta manera, la discusión podría trascender el reclamo administrativo ante el Consejo: la UEJN busca separar la decisión del Jury de mantener a Díaz Lacava como juez del derecho de los trabajadores denunciantes a reclamar protección frente a su regreso al tribunal.
