El Jurado de Enjuiciamiento resolvió por unanimidad que el magistrado Pablo Díaz Lacava continuara integrando el Tribunal Oral Federal de La Pampa, al rechazar su remoción por mal desempeño de sus funciones. No obstante, el juez está procesado penalmente por lesiones leves, graves, amenazas simples y coactivas, proferidas contra trabajadores de su juzgado.
El Jury sostuvo que apartarlo del cargo habría sido una salida desproporcionada frente a lo que consideró, más que una falta grave del magistrado, un fracaso del propio tribunal para resolver por vía administrativa un conflicto interno que terminó derivando en una causa penal.
Ni bien se conoció la inesperada y llamativa decisión del Jurado, las repercusiones entre quienes denunciaron al magistrado no se hicieron esperar. Díaz Lacava fue denunciado por 16 funcionarios y, para ellos y sus familias, la noticia cayó como un balde de agua fría. Si bien confían en que el avance de la causa penal pueda significar una suerte de reparación frente a lo ocurrido, la perspectiva de continuar trabajando en estas condiciones resulta más que desalentadora.
“Estamos desilusionados, con mucha tristeza. Se ve que para que sea motivo de destitución la piedra tenía que haber pegado en alguien o haberlo lastimado”, señalaron a Quorum tras conocerse la resolución.
El antecedente del caso son las denuncias que en 2023 hicieron secretarios de su juzgado, quienes lo acusaron de maltrato laboral, abuso de autoridad, coacción y violencia de género. El dictamen acusatorio del Consejo habló de “graves desórdenes de conducta personal, falta de probidad y decoro” y mencionó, entre los episodios, que el juez le había arrojado una piedra a un empleado.
En el plano penal, Díaz Lacava está procesado por lesiones leves y graves y por amenazas simples y coactivas contra dos trabajadores y cuatro trabajadoras del juzgado, hechos que la acusación enmarcó en un contexto de violencia laboral y, en el caso de las mujeres, de violencia de género. Tal es la gravedad de la acusación que el magistrado, que fue la Justicia determinó la restricción absoluta de contacto y la prohibición de acercamiento recíprocas entre el magistrado y el personal administrativo.
Durante las audiencias, los consejeros Diego Barroetaveña y Álvaro González, a cargo de la acusación, sostuvieron que el juez había sometido a su personal a un verdadero infierno y que su conducta afectó el funcionamiento del tribunal.
La defensa, encabezada por el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, negó que se hubiera probado algún daño, calificó el episodio de la piedra como una broma de mal gusto y presentó el resto de los hechos como desacuerdos laborales sin mayor gravedad. Ante el jurado, Díaz Lacava pidió disculpas a quienes dijo haber ofendido y se comprometió a corregir su relación con los empleados si continuaba en el cargo.
La suspensión de Díaz Lacava se había dispuesto en abril, junto con la de otros dos jueces federales bajo investigación: Alfredo López, también de Mar del Plata, y Gastón Salmain, de Rosario. A López lo destituyeron el 18 de agosto pasado, acusado de difundir mensajes discriminatorios contra la comunidad judía en su cuenta de X.
Salmain, procesado y con prisión preventiva, todavía espera su jury: se lo acusa de haber ocultado en su currículum que había sido expulsado del Poder Judicial y de pedir coimas a cambio de fallos. A ellos se suma Martín Poderti, destituido en diciembre de un tribunal oral de Mar del Plata, con lo que Díaz Lacava se convirtió en el tercer juez sometido a un jury en menos de un año.
